En momentos en los que el Gobierno dice que está “pasando aceite” a nivel presupuestal, en medio de la caída de la ley de financiamiento en el Congreso, cualquier gasto adicional de las entidades se ve con recelo. Además, el aparato estatal es un laberinto administrativo en el que las influencias en los contratos desnudan los hilos de poder que hay detrás.
Eso es lo que viene sucediendo desde hace meses en la Fiduprevisora S.A., una sociedad de economía mixta de carácter indirecto vinculada al Ministerio de Hacienda. También es la entidad que administra los recursos del Fomag, que es el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, adscrito al Ministerio de Educación Nacional y fue la puerta de entrada para el experimento del modelo de salud que el gobierno Petro pretende implementar en el país. Pero no ha salido bien.
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Además del colapso o problemas en la transición que han denunciado los propios docentes, a finales de abril de 2024, la W Radio reveló que el Fomag iba a entregar 1,6 billones de pesos a operadores de salud sin cumplimiento de requisitos. En síntesis, los operadores encargados de la salud de los maestros venían advirtiendo desde 2020 que no tenían los fondos suficientes para atender a cada docente porque la Unidad de Pago por Capitación (UPC) no les alcanzaba y que por eso iban a demandar al Estado. Sin embargo, la demanda se frenó porque Jhon Mauricio Marín, expresidente de la Fiduprevisora –denunciado por corrupción y quien salió por la puerta de atrás del Gobierno– habría acordado transferir esos recursos millonarios a los operadores sin cumplir con los requisitos legales necesarios por supuestamente evitar una demanda millonaria.
En ese momento se denunciaron varias irregularidades en el proceso bajo la figura del contrato de transacción. Pero EL COLOMBIANO investigó y encontró nuevos detalles en los contratos y la red de poderosos funcionarios y exfuncionarios que tienen cercanía, incluso, con la Casa de Nariño y el Congreso.
En total, son 10 operadores en el país que estaban adelantando los contratos de transacción a través de la Cámara de Comercio. Según actas en poder de este diario, el consejo directivo del Fomag en diciembre de 2023 estaba analizando los pasos a seguir para la negociación de esos contratos en relación con las tarifas y decidió que aplazaría la discusión para enero de 2024.
Sin embargo, la entonces vicepresidenta de contratación derivada, Daniela Andrade Valencia, se saltó la decisión y firmó hace un año 7 de los 10 contratos que suman 1,2 billones de pesos. Andrade es pareja de Jaime Ramírez Cobo, el asesor de Presidencia involucrado en el escándalo de corrupción de la UNGRD quien fue padrino de matrimonio de Laura Sarabia, mano derecha (e izquierda) del presidente Gustavo Petro. La abogada Andrade también está salpicada en el escándalo de los carrontanques para La Guajira pues fue quien firmó los pagos de los 46.800 millones de pesos por sobrecostos. Una vez salió de la Fiduprevisora, cayó en paracaídas en la Notaría 36 de Bogotá, nombrada por el Presidente, ganando más de 70 millones de pesos mensuales, según reveló este diario.
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Volviendo al entramado del Fomag, después de la firma de Andrade en esos contratos, llama la atención que el común denominador de esas 7 prestadoras de salud del magisterio es que están representadas por el abogado Oscar Ibañez Parra de la firma Ibañez Abogados y Asociados. Según varias fuentes, ese litigante es el abogado personal de la exgobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y de la senadora Norma Hurtado del Partido de La U, una colectividad que ha sido flexible a los intereses del Gobierno en varios proyectos adelantados en el Legislativo. Además, el expresidente de la Fiduprevisora, Jhon Mauricio Marín, también fue una cuota de ese partido en el Gobierno.
Marín es, igualmente, cercano del representante a la Cámara, Wilmer Carrillo, quien habría puesto como cuota política al entonces vicepresidente del Fomag (e), Edwin González Rangel.
El abogado Ibañez en 2022 era el apoderado de la “Unión Temporal Salud Sur 2” en los trámites de “amigable composición” en la Cámara de Comercio en los que se buscaba resolver las inconformidades expresadas por las 10 empresas, pero hubo un cambio relevante: “(Ibañez) logró conseguir poderes de otros prestadores de salud del magisterio. Sorpresivamente, las convocatorias de amigable composición que lideraba como apoderado el abogado Ibañez, que se encontraban suspendidas en el Cámara de Comercio de Bogotá, cobraron vida y se dispuso la realización de ‘mesas técnicas’ para revisar, analizar y acordar posibles salidas a las presuntas diferencias”, le dijo a este diario una fuente cercana al proceso.
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En un derecho de petición conocido por este periódico, en el que se solicita “información relacionada con los contratos de transacción de operadores de salud- FOMAG”, la Secretaria General evidencia la trazabilidad de las actas en las que desde 2022 se ve un cuello de botella que se termina resolviendo rápidamente con la firma de Andrade y Marín en los contratos de finales de 2023 sin autorización del consejo directivo ni del Gobierno Nacional.
“En ninguna de las actas del comité jurídico y consejo directivo se presenta, analiza y define el punto relacionado con la ‘reserva técnica’ (argumentada por Marín y Andrade) y sin embargo, a pesar de ser un aspecto no conciliable por tratarse de la nulidad de una cláusula contractual, ilegalmente se incluyó y transigió en los contratos de transacción”, dice una fuente de la Fiduprevisora que prefiere no revelar su identidad.
De hecho, otra de las puntas no conocidas hasta ahora, tiene que ver con las negociaciones de las tarifas. Pues con esos siete prestadores de salud se pagó el 100% de la tarifa cuando lo usual en estos casos en que el Estado debe dinero, según expertos consultados, es que se negocie.
“Ni el consejo directivo ni el Comité Jurídico del FOMAG, aprobaron el traslado de los recursos y la suscripción de contratos de transacción presentados por Fiduprevisora S.A.”, agrega la fuente.
EL COLOMBIANO conoció que una vez las carteras involucradas se enteraron, es decir Hacienda, Salud y Educación, se trasladó la queja en Presidencia. De hecho, ese escándalo coincide con el momento de la transición el 1 de mayo de 2024 del modelo de salud de los docentes. Pocos meses después, Marín salió de su cargo pues el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo le trasladó la responsabilidad, pero no se mencionó a Andrade que obtuvo el “premio” de ser nombrada en la Notaria e incluso defendida públicamente por el presidente Petro: “Me gustaría saber en dónde ha sido mencionada la señora Daniela en las investigaciones sobre Olmedo López. Tengo mucho que criticar a la Fiduprevisora, pero su relación con la UNGRD es de simple girador pasivo y no interviene en los procesos de contratación de la UNGRD”, dijo en la red social X el jefe de Estado.
Lo cierto es que desde que este tema salió a la luz a principios de 2024, los contratos de la vigencia 2017 hasta 2024 con esas empresas no han sido liquidados y la Fiduprevisora S.A. dispuso las mismas mesas técnicas con todos los prestadores para la hacer efectivo ese proceso.
A la fecha, según conoció este medio, se han suscrito dos “actas parciales de pago” de la liquidación de los contratos, pero los temas que están sujetos a revisión por parte de una auditoria no han sido reconocidos y pagados por inconsistencias.
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EL COLOMBIANO buscó a Mauricio Marín, quien dijo que “desde hace más de seis meses no trabajo en la Fiduprevisora” y que “todo lo referente a esos contratos fue aprobado por el consejo directivo del Fomag con voto de los tres ministros que lo conforman y los dos delegados de Fecode. La función de la fiduciaria es simplemente ejecutar la instrucción”. Sobre una eventual conducta irregular de su parte responde “Tajantemente NO (sic)”.Por su parte, la senadora Norma Hurtado dijo que “no estaba dateada” al respecto y no brindó más detalles. También llamamos al despacho de la Notaría 36 de Bogotá, a la cabeza de Daniela Andrade y nunca trasladaron las inquietudes. Tampoco respondió, al cierre de esta edición, el congresista Wilmer Carrillo para conocer su versión sobre este escándalo.
Todo este laberinto administrativo y contractual se sintetiza en que los más de 818.000 afiliados al sistema de salud del magisterio son quienes viven las complicaciones el servicio que reciben en todo el país. Pero también este escándalo revela la red de poderosos funcionarios que están salpicados en millonarios contratos en varias entidades del Estado y que confidencialmente tienen lazos con los círculos cercanos al poder del presidente Petro. De hecho, hace pocos días este diario reveló que el empresario Pedro Contecha se ha beneficiado de millonarios contratos que suman 350.000 millones de pesos. Uno de esos contratos, el más grande, fue firmado por Daniela Andrade en la Fiduprevisora. Fue por $200.000 millones en enero de 2024 para la construcción de la segunda calzada entre La Romelia y El Pollo en el departamento de Risaralda.
Ni Andrade, ni su pareja, el asesor de Presidencia, Jaime Ramírez Cobo, han sido llamados a la Fiscalía por el escándalo de la UNGRD, otra entidad que depende del Ministerio de Hacienda como la Fiduprevisora y en la que en este Gobierno ha servido como uno de los tesoros para la corrupción. ¿Sucederá lo mismo con el sistema de salud para los docentes?