La Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano –el nombre que asumió la disidencia que se separó de alias Iván Márquez– avanza en las negociaciones con el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Este 16 de diciembre se conoció la hoja de ruta del plan piloto para el tránsito de las economías ilícitas y se anunció la posibilidad de un cese de operaciones contra esos ilegales.
“Esperamos que el año 2025 sea el espacio para que se puedan concretar los acuerdos de paz con las comunidades”, señaló Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno en este tablero de la paz total.
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Antes de que termine el año, indicó Otty Patiño, consejero comisionado de paz, el Gobierno trabajará en la expedición de un decreto que permita suspender las operaciones militares ofensivas contra ese grupo disidente.
La eventual decisión del Gobierno ocurre justo después de que los disidentes –comandados por alias Walter Mendoza– se comprometieron a frenar los ataques contra la Fuerza Pública y las comunidades.
“Eso significa que la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano ratifica su decisión tomada semanas anteriores para decretar un cese unilateral de fuego. El Gobierno adelantará las gestiones para el decreto de suspensión de operaciones ofensivas contra ellos”, señaló Novoa.
El próximo 30, 31 de enero y 1 de febrero habrá una reunión preparatoria con los líderes sociales de Tumaco para continuar con la construcción de la agenda de paz.
La Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano está bajo el mando de alias Walter Mendoza, exjefe militar del Bloque Occidental de las FARC que alcanzó a firmar el Acuerdo de Paz y que luego desertó para unirse a la Segunda Marquetalia de Iván Márquez.
En noviembre pasado los ilegales decidieron partir cobijas con Márquez y el Gobierno supeditó los diálogos solo a la facción de Mendoza: los Comandos de Frontera y la Coordinadora Guerrillera. Se estima que el grupo de Mendoza cuenta con 2.000 personas, 1.500 son alzados en armas.
De momento, las partes avanzan en la construcción de un acuerdo para el tránsito de las economías ilícitas. El proyecto incluye la sustitución de 2.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca en la zona de Nariño y otras 1.000 hectáreas de cultivos en Putumayo, donde la Coordinadora tiene presencia.Siga leyendo: Disidencias: ¿Puede el Gobierno resolver la guerra entre Calarcá y Mendoza?