El robo mensual de 40.000 cartuchos de los batallones y la agenda de un exmilitar corrupto le echaron sal a una herida que lastima el honor de las Fuerzas Militares, pero que en Colombia ya no se puede ocultar: la usurpación de armas y municiones de los armerillos para fortalecer a los grupos criminales.
El primer evento quedó al descubierto esta semana por una investigación del CTI y el Ejército, que terminó con el encarcelamiento del cabo José López Astudillo, el sargento viceprimero José Cavarique Acosta y el sargento segundo Jhorman Torres Parra, implicados en una supuesta red de corrupción que extraía en promedio 40.000 cartuchos mensuales de los armerillos, para vendérselos al ELN, el Clan del Golfo y disidencias de las Farc.
Según el reporte de la Fiscalía, “en el desempeño de sus funciones habrían extraído cartuchos para fusil de varios batallones del país, e ingresado de manera abusiva a los sistemas misionales del Ejército para alterar información y evitar que fuera detectado el faltante de munición”.
Las balas eran recibidas por otros cómplices, que las envolvían en plástico y las escondían junto a los motores y baterías de buses y carros particulares, para llevarlas a los sitios de destino, especialmente en Antioquia, Cauca y Arauca.
Como pago recibían consignaciones en cuentas bancarias personales y billeteras virtuales, de acuerdo con los informantes que destaparon la olla podrida ante los fiscales.
Dentro de las guarniciones a las que les habrían robado el inventario de municiones, están el Fuerte Militar de Tolemaida, en el municipio de Nilo (Cundinamarca), y el Comando de Operaciones Logísticas del Ejército N°2 en Cali.
A los tres militares les imputaron cargos por concierto para delinquir, tráfico de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas, peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, violación de datos personales y acceso abusivo a un sistema informático, aunque se declararon inocentes antes de ser enviados a la cárcel.
El segundo hecho de la semana tuvo que ver con la publicación de varias páginas de la agenda secreta del mayor (r) Juan Carlos Rodríguez Agudelo (“Zeus”), quien murió en un enfrentamiento con la Policía el pasado 28 de septiembre en San Francisco, Antioquia.
En ese entonces, el exmilitar fungía como proveedor de armas para el Clan del Golfo y su cabecilla para la subregión del Magdalena Medio. En el pasado había pagado cárcel por trabajar para las autodefensas, el cartel del Norte del Valle y la banda “los Machos”, para las cuales también fue traficante de armamento extraído de los batallones.
En su agenda, cuyos detalles fueron revelados por Noticias Caracol, tenía anotaciones desde el 2022 en las que hacía referencia a reuniones con socios del Clan, así como a despachos de municiones desde la base militar de Tolemaida.
De hecho, antes de su muerte había sido capturado el 11 de abril de 2024 en Mutiscua, en Norte de Santander, cuando viajaba en una caravana de camionetas con 16.940 municiones de fusil, 32 granadas de mortero, dos barras de explosivo C4 y dos pistolas.
El hurto de material bélico es tan continuado, que el pasado 2 de mayo el entonces comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Giraldo, anunció una inspección masiva a los inventarios del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, aceptando que había participación de uniformados.
“Aquí no se trata de tapar la realidad, sí tenemos ese delito de fuga de material, con personal implicado en la venta a grupos armados organizados”, declaró. Cuatro meses después fue relevando del mando.
EL COLOMBIANO consultó a las FF.MM. sobre qué resultados tuvo la inspección anunciada, pero al cierre de esta edición no habían respondido el cuestionario. Aún así, fuentes militares hablaron del tema con este diario, bajo reserva de su identidad.
Según los consolidados de Inteligencia Militar, al sumar el número aproximado de combatientes de los principales grupos criminales con dominio territorial (Clan del Golfo, ELN, Segunda Marquetalia, Estado Mayor Central y Autodefensas de la Sierra), se obtiene un ejército irregular de 15.500 integrantes.
Esto implica una logística de grandes dimensiones para mantener a estas tropas armadas, que con frecuencia están en enfrentamientos entre ellos y con la Fuerza Pública.
“En los 80 y parte de los 90 les encontrábamos municiones y armamento que provenían de remanentes de los conflictos de Centroamérica y Medio Oriente, pero a partir del 96 casi todos los cartuchos que usaban eran fabricados por la Industria Militar Colombiana (Indumil)”, narró uno de los expertos consultados.
Y otro añadió: “Siempre supimos que había militares apoyando a las guerrillas y paramilitares con entrenamiento y armas, pero realmente empezamos a entender qué tan profunda era la red de corrupción cuando reventó el caso del coronel Róbinson González del Río”.
Este oficial capturado en 2014, quien participó en falsos positivos y trabajó secretamente para los paramilitares y el Clan del Golfo, coordinaba una de las redes de tráfico de armas más complejas dentro de las FF.MM. La investigación reveló que dirigía un entramado de por lo menos 20 militares y policías activos y retirados, que usurpaban armamento, explosivos, repuestos y material de intendencia.
La organización transportaba las piezas y repuestos en vehículos oficiales para pasar los retenes sin despertar sospechas, y contaba en su nómina con civiles armeros que luego ensamblaban las armas.
Lo más complejo de las operaciones clandestinas para sustraer este material de las guarniciones, según los militares consultados, es la adulteración de los registros y bases de datos para ocultar el inventario faltante, dado que cada batallón está obligado a presentar balances del arsenal que posee y gasta.
Para engañar a los inspectores, los corruptos usan varios métodos. Uno de ellos, que involucra a otros cómplices, implica sobredimensionar el gasto de municiones en operativos y combates, reportando una utilización de cartuchos superior a la real; dichas municiones son desviadas y no regresan al armerillo.
En algunos eventos se han documentado falsas denuncias por robo de fusiles, explosivos y armas cortas, que a la hora de la verdad no fueron hurtados, sino vendidos.
A esto se añade la modificación de actas, documentos electrónicos y bases de datos, con acceso abusivo a sistemas y suplantación de firmas, para camuflar el desangre del arsenal. “Indumil produce municiones con regularidad y el Ministerio de Defensa importa desde el exterior el armamento que las FF.MM. le pidan, entonces esos faltantes en el armamento se solucionan con facilidad, y así quedan cubiertos los robos”, señaló un militar consultado.
Y añadió con pesar: “A la hora verdad, si no fuera por este apoyo de militares corruptos a los grupos ilegales, el conflicto se habría acabado hacía muchos años”.
TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Escándalo de inventarios militares: cuatro uniformados activos y uno retirado fueron capturados por tráfico de armas en el último año.