En las casas de los firmantes del Acuerdo de Paz los alimentos empezaron a ser escasos. La renta básica, un compromiso que adquirió el Estado desde 2016, todavía no llega.
Son 12.000 los excombatientes que se han visto perjudicados para pagar los servicios, el arriendo y hasta mercar. La plata no llega desde el pasado 16 de diciembre.
“Lo que vemos es que la mayoría de los reincorporados dependen para sobrevivir de esa renta básica. Los proyectos productivos que tenían se quebraron o están a punto de hundirse y ese giro del Gobierno, muchas veces, es la única entrada económica”, señaló Jhan Carlos Moreno, firmante del Acuerdo y representante legal de Coomeec, una cooperativa de excombatientes del Cauca en diálogo con este diario.
Lea más: Firmantes de paz ahora son médicos para cuidar la vida
La renta básica corresponde al pago del 90% de un salario mínimo que se consigna mes a mes los firmantes de paz que permanecen en proceso de reincorporación.
Ese fue un compromiso del Estado que, en principio, iba hasta 2019, pero que los Gobiernos de Iván Duque y de Gustavo Petro decidieron extender, ¿la razón? Los excombatientes, tras ocho años de la dejación de armas, todavía no logran tener sostenibilidad económica.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Reincorporación –instancia conformada por delegados del Gobierno y de los firmantes– el 76% de los excombatientes están desempleados o no tienen fuentes de ingreso distintas a la renta básica. Es decir, al menos 9.120 reincorporados están padeciendo el dolor de cabeza de tener los bolsillos vacíos.
Entérese: ¡Por fin! Petro firmó decreto que busca garantizar la reincorporación integral de los firmantes de paz
El presidente Gustavo Petro había asegurado que a partir del 31 de diciembre el Gobierno se pondría al día con los giros.
“Las partidas hacia los excombatientes y las zonas PDET serán financiadas desde el ministerio de Hacienda y planeación con traslados presupuestales después de firmado el decreto de liquidación este 31 de diciembre”, fue la respuesta del jefe de Estado cuando los excombatientes empezaron a protestar.
Pero ya han pasado 200 horas desde el anuncio presidencial y las cuentas bancarias de los reincoporados permanecen vacías.
“Lo que dicen desde el Ministerio de Hacienda es que al iniciar una nueva vigencia tocó comenzar nuevamente con los procedimientos administrativos para poder hacer el giro. Dicen que ya hay la disposición de los recursos, pero que habrá retraso de algunos días en los giros”, señaló el senador Julián Gallo, del partido Comunes, en diálogo con EL COLOMBIANO.
El recorte de 28,4 billones de pesos del Presupuesto General de la Nación que anunció el Gobierno en noviembre pasado también afectará a las instituciones comprometidas con la implementación del Acuerdo.
Una de las instituciones que sentirá el golpe será la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN), encargada de garantizar la reintegración a la vida civil de quienes dejaron las armas.
“El recorte del presupuesto de la ARN pasará de 356 mil millones a 91 mil millones para 2025 y pone en grave riesgo la implementación de la política de reincorporación”, señaló un grupo de 70 organizaciones de firmantes de paz en una carta enviada al presidente.
Los excombatientes también advirtieron que la desfinanciación de la ARN y la reducción del presupuesto de la Agencia Nacional de Tierras van a afectar otros proyectos claves para la reincorporación como la compra de predios en Caquetá, Tolima y Arauca para reubicar a excombatientes que fueron víctimas de desplazamiento forzado.
“Bajo la política de Paz Total del Estado y apelando al compromiso de paz del Gobierno del Cambio, expresado en Declaraciones Unilaterales por parte del Presidente ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, creemos que el peso de la crisis fiscal no puede descargarse sobre los hombros de los sectores más vulnerables”, indicaron las asociaciones en un comunicado.
En este punto, el presidente Gustavo Petro se comprometió a que, pese a los recortes del presupuesto general, su Gobierno buscará la manera de no desfinanciar el cumplimiento del Acuerdo de Paz con las FARC.
El hecho de que el 76% de los excombatientes dependa económicamente de la renta básica evidencia que el proceso de reincorporación no ha sido del todo efectivo.
“Esta crisis debe motivar una reflexión muy profunda por parte de las instancias que están a cargo de la implementación del Acuerdo para que ojalá desaparezca esa renta básica y se dé paso a la garantía de ingresos para los firmantes de paz a través de los proyectos productivos o de su reincorporación a la vida económica a través de empleos estables”, señalo el Senador Gallo.
En julio del año pasado el presidente Petro firmó un decreto que le dio vida al Programa de Reincorporación Integral una iniciativa que, a grandes rasgos, busca que todos los ministerios del Gobierno tengan programas o iniciativas que garanticen de algún modo la reincorporación económica, política, social y comunitaria de los hombres y mujeres que hasta el 2016 estuvieron alzados en armas.
La pretensión es que cada firmante pueda diseñar su plan de reincorporación de acuerdo a sus intereses y a su proyecto de vida. Por ello, se llamó al despliegue pleno de la oferta institucional. Es que no es la misma oferta para un excombatiente que quiera ingresar a la universidad que para otro que busca impulsar su proyecto productivo en una zona rural. Pese a la firma, indicaron los excombatientes, ese Programa de Reincorporación todavía no arranca.
“Aún está en su etapa de formulación, son muestra palpable que la reincorporación en muchos sentidos hasta ahora arranca y aún no colma los anhelos de quienes siguen apostándole a la paz de una manera decidida y comprometida”, señalaron los firmantes de paz.