Ni bien había terminado 2024 cuando una resolución del Ministerio de Salud dejó un angustioso augurio para el sistema sanitario en 2025: que la crisis de plata que atraviesa el sector no tendrá ni chances de mejorar, pero sí de empeorar. Para todos y sin excepción: hospitales y clínicas, entidades promotoras de salud (EPS), profesionales del ramo y pacientes. Se trata de la decisión del Gobierno de incrementar en un 5,36 % la unidad de pago por capitación (UPC) —que es la plata para garantizar los servicios médicos de los usuarios— cuando distintos gremios y expertos solicitaban que el ajuste fuera de hasta un 16,9 %.
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Para entender la crisis que pasa el sector de la salud basta con entender una regla básica de la economía que aplica para cualquier sistema en donde haya ingresos y gastos (como un hogar): cuando la plata que entra no alcanza para lo que hay que comprar, toca recortar gastos y así hacer que rinda lo más posible. Así le pasa a la salud en Colombia, según estimaciones y estudios técnicos de distintos gremios: a las EPS (es decir, las aseguradoras) no les alcanza la plata para cubrir los gastos de atención en salud de sus usuarios y, más o menos, estiman que de cada $100 que les entran gastan $107, $108 y hasta $109 en eso.
Lo anterior es una bomba presupuestaria obvia de diagnosticar. Es como si en un hogar tuvieron $1 millón para hacer mercado, pero este les costara $1’090.000. La jefe de ese hogar mantendrá sobregirada y haciendo milagros para que los integrantes de este queden bien comidos.
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La razón por la que no les alcanza la plata a las EPS radica en varios frentes, como, por ejemplo, el aumento de la demanda de servicios de salud después de la pandemia del covid-19 (tiempo en el que las atenciones bajaron por los confinamientos y porque la prioridad era atender esa emergencia mundial); el envejecimiento de la población en Colombia (y en el mundo) y la tendencia a vivir más años, lo cual hace a la gente más proclive a enfermarse y requerir distintas atenciones; así como factores económicos como la inflación en salud (encarecimiento de las tecnologías y procedimientos), que, como lo recuerda el exministro Alejandro Gaviria, “por una realidad de la economía de la salud, siempre está por encima de la inflación general, que se suma también al aumento de las frecuencias de uso y demanda de servicios de salud”, dijo.
Con este panorama estudiado y sobrediagnosticado es que gremios económicos (como la Andi o la Anif) y gremios de salud (como Acemi) y analistas del sector pedían a gritos que la UPC se incrementará mínimo en un 16,9 %. Sin embargo, el Gobierno de Gustavo Petro decidió que este sería de 5,36 %. Siguiendo el ejemplo del hogar, es como si pidieran que ese $1 millón pasara a ser $1’169.000, pero se lo dejaran en $1’053.600.
Ante esto, a excepción del Ejecutivo, sus congresistas, influenciadores con contratos y asociaciones médicas partidistas, el mundo de la salud reaccionó con preocupación a ese anuncio, que el viceministro de Protección Social, Luis Alberto Martínez, justificó diciendo que fue imposible hacer un cálculo debido a “la baja calidad, poca confiabilidad y las inconsistencias detectadas en la información reportada por las EPS”, de las cuales actualmente tiene el control de ocho por intervención de la Superintendencia de Salud.
Esta decisión gubernamental tendría impacto, según analistas consultados por EL COLOMBIANO, en tres frentes: la calidad de vida y atención de pacientes (sobre todo los crónicos y con enfermedades huérfanas), las condiciones laborales de los profesionales de la salud y la sostenibilidad financiera del sistema. Lo anterior confluirá en un golpe a la economía de los hogares: que se incremente el gasto de bolsillo para salud, que ha sido uno de los pilares destacables a nivel mundial del país.
La organización Pacientes Colombia no ha escatimado en mostrar su preocupación por el valor de la UPC para 2025. Con flyers y videos en sus redes sociales han movido la consigna de que “el Gobierno nos puso una lápida a los pacientes” y el hashtag #NosEstánMatando, en referencia a que con el incremento decretado, dicen, habrá menos posibilidades para los pacientes de acceder a citas, procedimientos, tratamientos y medicamentos.
En diálogo con este diario, el vocero de esa organización, Denis Silva, expresó que “cuando no hay plata para la atención, lo primero que se restringe son citas médicas y los medicamentos, entonces los pacientes se van a ver seriamente afectados porque tendrán que decidir si comen o pagan tratamientos”. En ese sentido, recordó que “la gran mayoría de medicamentos para enfermedades de alto costo no se consiguen en canales comerciales, sino solo por el institucional”.
Silva también dijo que la resolución con el incremento de la UPC “no es técnica” y que se hizo así “para castigar a las EPS y pasarles cuenta de cobro a los congresistas que no aprobaron la ley de financiamiento. Dejaron para última hora su estudio y luego dijeron que las EPS no enviaron datos, pero el ministerio tiene más fuentes de información para hacer el cálculo”.
De hecho, información revelada por el representante a la Cámara Andrés Forero (Centro Democrático) mostró que la Comisión de Beneficios, Costos y Tarifas, encargada de calcular la UPC, no se reunía desde abril y que la última reunión del grupo técnico de la comisión asesora fue en agosto de 2024, según la respuesta a un derecho de petición que le envío el Ministerio de Salud el 19 de diciembre. Lo que quiere decir que en cuatro meses no hubo reuniones para abordar este tema.
Por otro lado, Denis Silva expuso que entre 2023 y 2024 se cerraron en el país 1.200 IPS (instituciones prestadoras de servicios de salud) privadas, lo cual genera que “haya menos oportunidad para brindar citas”. “Un paciente crónico si no tiene cita mensual no va a poder acceder a servicios de salud. Los que tengan capacidad de pago pueden pagar una cita de su bolsillo, pero el que no tendrá que sentarse en su casa a ver que su salud se desmejore”, sentenció.
Una situación paradójica sale a flote con esto: que el ajuste de la UPC termine afectando a los profesionales de la salud de las IPS públicas, una población a la que supuestamente el Gobierno quiere mejorar sus condiciones laborales. Esa preocupación la expone la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (Acesi), que expone que cerca del 70 % de los costos operativos de esas instituciones son por costos laborales, como el pago de salarios. En ese sentido resulta, cuando menos, discordante que mientras el salario mínimo lo subieron en un 9,54 % la UPC, de donde sale la plata para pagar los salarios.
“Esta situación genera un impacto crítico en los hospitales públicos del país, cuya sostenibilidad financiera depende, en gran medida, de su capacidad para cubrir los costos laborales”, expresó Acesi en un comunicado en donde le hizo un “llamado urgente” al Gobierno para ajustar la UPC.
Al respecto, el médico y profesor de la Universidad Javeriana, Camilo Prieto, recalca que lo anterior podría terminar en recortes de personal o en cierres de servicios, como el caso del Hospital San Ignacio (de Bogotá) que cerró su servicio de ginecología y partos a principio de diciembre pasado. “La respuesta que tienen las IPS es el cierre de servicios y el congelamiento de salarios. Lo que podría pasar es que se cierren servicios de alto costo o servicios quirúrgicos, especialmente los que son de trasplantes”, sostuvo.
Tal es la preocupación que, respecto a lo último, la Asociación Colombiana de Trasplante de Órganos (Acto) alertó que el incremento de la UPC “pone en riesgo la sostenibilidad de los programas de trasplante, así como la adecuada administración de medicamentos de alto costo para los pacientes”.
Por su parte, Alejandro Gaviria explica que esa situación se produce por una regla de oro en salud, que gira en torno a que cuando se “hacen ajustes financieros, se recortan gastos y personal”. “Lo evidenciamos con un grupo de exministros y exviceministros al encontrar que un grupo de importantes IPS del país clausuraron 3 mil servicios, entre urología, pediatría y consulta interna y externa”, añadió.
Por último, el doctor Prieto recalcó otro impacto que han advertido desde las IPS: la saturación de los servicios de urgencias, como se lo dijo a EL COLOMBIANO el presidente de la IPS Sies Salud, Álvaro Puerto Valencia, cuando expuso que “están colapsados porque la gente no está accediendo oportunamente a sus citas y medicamentos, entonces la última ruta que encuentran de atención es ir por urgencias a una clínica o un hospital”.
Ante esto, Camilo Prieto explica que “cuando se altera el flujo natural de los sistema de salud y se incrementan las barreras para la consulta externa, la gente termina yéndose por urgencias y con el paciente donde no debería estar y aumentando los niveles de satisfacción”.
El impacto final que podría tener el ajuste que el Gobierno hizo de la UPC, y quizás el más inmediato, es el incremento en el gasto de bolsillo, que es el término con el que se conoce a la dinámica de acceder a servicios médicos de manera particular y no por el conducto de la EPS. Colombia ha sido referente mundial por alcanzar a tener un gasto de bolsillo del 15 %, lo que lo ubica como el más bajo de la región.
No obstante, Denis Silva y Camilo Prieto coinciden en que las demoras que habrá en la prestación de servicios hará que ese indicador se dispare, al menos para la gente que tenga los recursos para costearlos. De hecho, es una situación que se está viviendo en el país desde el año pasado. Según Fasecolda, gremio de la industria aseguradora, entre enero y septiembre de 2024 la demanda de seguros de salud se incremento en un 23 %.
Sin ir más lejos, 2025 podrá convertirse en el año más retador para el sistema de salud y también en el que se haría realidad el viejo y conocido refrán que dice: “nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde”.