El expresidente César Gaviria Trujillo advirtió que el incumplimiento de los fallos de la Corte Constitucional por parte del Ministerio de Salud está profundizando una crisis “sin precedentes” en el sistema de salud, afectando el acceso a servicios esenciales y generando una deuda hospitalaria alarmante.
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Gaviria recordó que desde 2023 la Corte Constitucional ordenó al ministerio garantizar recursos suficientes para el sistema, en particular para los presupuestos máximos, que cubren las atenciones que están por fuera del plan de beneficios en salud (PBS). También exigió sanear la deuda acumulada de las vigencias 2022, 2023 y 2024.
“Es evidente que el ministro se ha negado a cumplir con el mandato de la Corte Constitucional, lo que ha profundizado la crisis del sistema salud, sin precedente alguno”, aseguró Gaviria en un comunicado.
Según el expresidente, la deuda del sistema podría superar los $12 billones, afectando tanto a la red pública como a la privada de prestadores de servicios de salud.
Según Gaviria, el gobierno de Gustavo Petro respondió a las órdenes de la Corte mediante una resolución que “podría reducir aún más los recursos asignados al sistema”. Esta medida, combinada con la falta de pagos para cubrir la deuda hospitalaria, ha generado un impacto negativo en la atención a los pacientes y el funcionamiento de las instituciones, resalta el exmandatario.
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“El desacato no solo vulnera la Constitución, sino que refleja una actitud temeraria y desinteresada por parte del Ministerio de Salud hacia la vida y el bienestar de los ciudadanos”, afirmó.
La Procuraduría General de la Nación se sumó a las alertas en ese sentido, solicitando a la Corte que declare el estado de cosas inconstitucional en el sistema de salud, una figura que busca reconocer la crisis estructural y promover soluciones urgentes para garantizar los derechos fundamentales.
El exjefe de Estado advirtió que la situación fiscal del país también está en riesgo, pues, a su juicio, el incumplimiento de los fallos judiciales y la creciente deuda están sometiendo al país a litigios con costos económicos elevados. Además, señaló que esta crisis podría comprometer la sostenibilidad financiera del sistema y otros sectores públicos.
“El Gobierno debe reconocer sus errores y priorizar el derecho a la salud. Negarse a cumplir las providencias de la Corte es negar la Constitución y el Estado Social de Derecho que todos debemos defender”, concluyó el expresidente que gobernó entre 1990 y 1994.
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