La Fiscalía General de la Nación presentó este viernes 24 de enero el escrito de acusación contra nueve personas por su presunta responsabilidad en irregularidades en los contratos para el mantenimiento del Parque de Las Aguas en Medellín.
Se trata de exservidores públicos, Álvaro Alonso Villada García, exsubdirector financiero del Área Metropolitana del Valle de Aburrá; Jorge Enrique Liévano Ospina y María Eugenia Domínguez Castañeda, exgerentes de Metroparques; Viviana del Valle Velásquez, exjefe de compras de Metroparques, y Laura María Mejía Higuita, líder del programa unidad logística del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
La Fiscalía también presentó escrito de acusación contra los particulares Juan Alexander Pino Jaramillo, Fabio Miguel Mestre Espitia, Yamileth Galindez Chilito y Lilibeth Pino Jaramillo; representantes legales de las empresas contratistas.
Según su responsabilidad individual, apuntó la Fiscalía, los nueve procesados deberán responder en juicio por los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación en favor de terceros y falsedad ideológica en documento privado.
Según la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de Medellín, entre mayo de 2020 y octubre de 2022, el Área Metropolitana habría suscrito tres contratos interadministrativos para entregar a Metroparques la suma total de $ 17.450 millones para el mantenimiento del Parque de las Aguas.
Por su parte, Metroparques, como entidad ejecutora, hizo una invitación privada y con esta maniobra le entregó a una empresa privada, más de $2.415 millones.
Con el mismo objeto contractual, la entidad también habría entregado más de $1.131 millones a una segunda empresa particular, que sería una compañía de papel, y otros $848 millones a una tercera sociedad privada.
El material de prueba en poder de la Fiscalía, permitió establecer que de la totalidad de los recursos que se le giraron a estas tres empresas subcontratadas, se habrían apropiado ilegalmente de $2.800 millones.
Así mismo, la Fiscalía estableció que a partir de 2020 el Área Metropolitana cambió la modalidad de contratar el mantenimiento del Parque de las Aguas, vulnerando los principios de igualdad y pluralidad de oferentes. Finalmente, el ente acusador encontró que durante la ejecución de los citados contratos, al parecer, se presentaron sobrecostos en la facturación, mal manejo de los inventarios y deficiencias en el aporte de información de manera clara y oportuna.
Pero además de lo ya mencionado por la Fiscalía, existe otra arista de corrupción en contratos del Parque de las Aguas relacionados con la construcción de una bodega en el año 2023. Para ello se firmó un convenio interadministrativo entre el AMVA y Metroparques y luego este último subcontrató las obras con la firma Constru Americana, en un proceso que, como en el de insumos, habría un claro favorecimiento hacia el contratista. Lo otro, según la Fiscalía, es que parte de los recursos se utilizaron para levantar un hangar que no solo no cumplía con los requisitos técnicos sino que era totalmente innecesaria. En eso se gastaron $243 millones de recursos públicos.
En este caso repiten algunos imputados del proceso anterior: María Eugenia Domínguez, Viviana del Valle y Laura Mejía. Pero además están Carlos Augusto Jaramillo Villareal, exsecretario General de Metroparques; César Augusto Chavarría Munera, exJefe de la Unidad Estratégica de Negocio (UEN) de Logística de Eventos de Metroparques; Enidia del Carmen Salazar de Sánchez, representante legal de Constru Americana, y Camilo García Bustamante, contratista de Metroparques.
Ninguno de los implicados ha aceptado su participación en las irregularidades que les endilgan, aunque en una audiencia previa, celebrada en noviembre, Galíndez se iba a allanar a los cargos, pero de pronto, al final, manifestó que no lo haría.
A mediados del año pasado, las autoridades iniciaron el proceso de extinción de dominio y ocuparon 23 bienes que serían de propiedad de los funcionarios y contratistas involucrados en este escándalo de corrupción y malversación de recursos públicos. Su valor sobrepasaría los $3.000 millones.