El programa Buen Comienzo arrancó el 2025 con las cuentas jugando en su contra. Pese a inyectar este año una histórica partida de $379.000 millones, la Alcaldía de Medellín está revisándose los bolsillos en busca de más recursos por cuenta de un millonario hueco presupuestal originado por el gobierno del presidente Petro.
Dicho faltante se calcula en por lo menos $60.000 millones para terminar este año y se abrió por cuenta de la falta de certezas para el Gobierno Nacional cumpla con los aportes que periódicamente recibe ese programa desde hace más de una década y que el año pasado fue de por lo menos $72.000 millones.
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Según el distrito, a pesar de que este año la inflación sigue creciendo y los costos operativos de ese importante programa de atención a la primera infancia también se proyectan más altos, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) solamente se ha comprometido en el papel con un desembolso de $20.000 millones, a través de un convenio que se extiende hasta junio.
Para la Alcaldía, la situación vuelve a poner bajo presión sus finanzas, ya golpeadas por situaciones similares en otros programas en los que también se espera la incierta llegada de desembolsos desde el Gobierno Nacional.
Pese a comenzar a operar desde noviembre de 2006, dos años después de que el Concejo de Medellín aprobara su creación, el programa Buen Comienzo comenzó a recibir aportes del Gobierno Nacional desde hace por lo menos 12 años.
Pionero en su tipo en todo el país, esta estrategia de atención y cuidado de la primera infancia (es decir, los niños de cinco años o menos) se convirtió en un referente, siendo una de las razones determinantes para que en 2011 el Gobierno Nacional lanzara su propio programa de ese tipo, que bautizó cómo “De cero a siempre”.
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Tan solo poniendo la vista en la última década y media, las cifras hablan por sí solas. Mientras en 2009 el programa tenía una capacidad de atender a 31.981 niños, para 2022 ya había triplicado su envergadura, atendiendo a por lo menos 90.009 niños.
En medio de ese panorama, la alianza entre el ICBF y el programa de la Alcaldía nació con el objetivo de integrar los esfuerzos locales y nacionales en esa tarea, permitiendo mejorar la calidad de la atención a los niños.
Tan solo durante el cuatrienio pasado, según quedó consignado en el informe de empalme, la Nación giró al menos $192.663 millones, así: $44.563 millones en 2020, $48.577 en 2021, $32.822 en 2022 y $66.701 en 2023.
De acuerdo con los datos entregados por la Alcaldía de Medellín, para el año pasado los aportes del ICBF fueron de por lo menos $71.664 millones, un monto que, además de representar un incremento en comparación con los años anteriores, el Distrito consideró suficiente para garantizar e incluso mejorar la atención a los niños.
Para el año pasado, la Alcaldía aportó $155.781 millones, equivalentes al 70%.
A pesar de esos márgenes, los aportes para este año no se acercarían ni a la mitad de los de 2024, según alertó el alcalde Federico Gutiérrez.
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El problema quedó consignada en una carta enviada por el mandatario distrital a la directora general del ICBF, Astrid Elena Cáceres Cárdenas desde el pasado 8 de enero, en la que instó a esa funcionaria a revisar de forma urgente la situación presupuestal del programa.
Según quedó expuesto en el documento, desde octubre de 2024 la alcaldía y el ICBF celebraron una reunión en la que participó la directora nacional de Primera Infancia, María Mónica Martínez, en la que esta habría señalado que el instituto estaría dispuesto a aportar $60.000 millones para 2025.
Sin embargo, la alcaldía fue informada que recibiría un aporte de solo $20.000 millones; es decir, $40.000 millones menos.
“En las conversaciones telefónicas más recientes con algunos funcionarios del ICBF nacional se advierte que el monto es el mismo y que las condiciones del convenio cambiarán en términos de cobertura y otros aspectos no especificados”, escribió Gutiérrez en la misiva.
Aquel monto informado cayó como un baldado de agua fría para el Distrito, no solo teniendo en cuenta que del convenio dependen los recursos para el pago de las madres comunitarias, por un valor de al menos $10.643 millones, entre muchos otros rubros operativos, sino la meta de mantener para este año en 90.000 el número de niños atendidos.
“Con este panorama, un aporte de $20.000 millones está lejos de llevar al cumplimiento de los objetivos que ambas entidades tenemos en Medellín para mejorar la atención integral y el desarrollo de las niñas y los niños”, señaló el alcalde en la carta.
“Le solicito revisar el monto, teniendo en cuenta la importancia estratégica de este convenio para el cumplimiento de las metas sociales y la atención que garantiza el acceso a servicios de primera infancia, no solo a niñas y niños que nacieron en nuestra ciudad, sino a todos los residentes del Distrito –población que aumenta según el comportamiento migratorio que se viene dando en el país–”, imploró.
Bajo la óptica de la Alcaldía, la situación también resulta insólita, sobre todo teniendo en cuenta que desde las arcas de Medellín se incrementaron los recursos para hacer funcionar el programa a unos $379.000 millones, teniendo ahora que empezar a revisar de donde sacar unos $60.000 adicionales para cubrir el hueco que dejó la reducción del ICBF.
De acuerdo con los cálculos de la Alcaldía, dicho faltante parte de un déficit de $80.000 millones en el que se reúnen los impactos del IPC y el incremento de los costos operativos calculados para este año. Restando los $20.000 millones aportados por el ICBF, quedaría entonces así este faltante de los $60.000 millones.
Para conocer su versión sobre el tema, EL COLOMBIANO envió un requerimiento de prensa al ICBF, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.