Lejos de concluir, la crisis social, humanitaria y de orden público que ya cumple ocho días en el Catatumbo sigue tomando nuevas dimensiones. Mientras el país está a la espera de los decretos formales con los que se declarará el estado de conmoción interior en esa región de Norte de Santander, ayer se conoció que el Gobierno de Gustavo Petro evalúa extender esa situación de excepcionalidad al departamento de Arauca.
Según reveló el propio jefe de Estado, quien aseguró que trabajará de forma conjunta con el Gobierno de Venezuela para atender la crisis en la frontera, “las tropas del ELN (Ejército de Liberación Nacional) salieron mayoritariamente de Arauca. Transitaron durante un mes hasta el Catatumbo de civil”. Lo anterior, en medio de una cruenta confrontación con el Bloque 33 de las disidencias de las Farc.
El balance, pasada una semana, es dramático: los datos más recientes del Ministerio de Defensa dan cuenta de 38 muertos identificados por Medicina Legal –la Gobernación de Norte de Santander maneja cifras por encima de las 80 víctimas mortales–, 40.282 personas desplazadas y 11.699 habitantes atendidos en albergues.
Por todo ello, este jueves en Casa de Nariño –donde Petro se reunió desde tempranas horas con sus ministros y miembros de la Cúpula Militar– se evaluó incluir a Arauca en la declaratoria, lo que retrasó la expedición de los mentados decretos.
Según aseguraban las fuentes, el documento debía estar listo desde el miércoles, pero su publicación se congeló mientras la Secretaría Jurídica de la Presidencia afinaba detalles y lo blindaba ante la obligatoria revisión de la Corte Constitucional.
“Están mirando que la justificación sea clara o si no prefieren mandar solo Catatumbo para no poner en riesgo todo el decreto”, le dijo a EL COLOMBIANO una alta fuente del Gobierno. Previamente, otra fuente le confirmó a este diario que el borrador del decreto estuvo sometido a análisis durante todo el miércoles en la Secretaría Jurídica, mientras el jefe de Estado se encontraba de visita en Haití.
De acuerdo con el abogado Gonzalo Ramírez Cleves, profesor de derecho constitucional de la Universidad Externado, el blindaje de este tipo de decretos debe considerar aspectos que en la materia ha fijado la Corte, entre ellos, “que hayan concurrido los hechos y unos aspectos sustanciales o valorativos que se tienen que comprobar, principalmente la gravedad de los hechos y la gravedad de la alteración del orden público”.
El constitucionalista recordó que en el pasado la Corte le tumbó a Petro el decreto de emergencia económica, social y ecológica en La Guajira dado que “no se comprobó que fuera sobreviniente”. En este caso, agregó, lo que se debe comprobar ahora es que si los hechos verdaderamente “son graves, inminentes y se está presentando una grave alteración del orden público que no puede ser mitigado por las medidas ordinarias”. De allí el detalle y el cuidado.
Previamente, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, precisó que fue desde Arauca que el ELN movilizó tropas hasta el Catatumbo para lanzar una feroz ofensiva contra las disidencias. “Lo que hubo fue una operación premeditada con sevicia, organizada con mucho tiempo con comandos trasladados desde Arauca al Catatumbo”, explicó el funcionario.
En esa línea, Petro declaró que la guerrilla busca el control de la frontera “basados económicamente en la cocaína del Catatumbo. ‘Pablito’ tiene la mayor responsabilidad en esta acción. Buscan el control para convertirse en carta de negociación internacional y para enriquecerse con la cocaína. Por soberanía nacional el ELN debe ser derrotado”, agregó.
En paralelo, mientras se espera el decreto formal, ayer el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca (Alianza Verde), confirmó que el Congreso podría ser convocado la próxima semana para evaluar el alcance de la declaratoria y su pertinencia.
En ese sentido, serían citados los ministros Juan Fernando Cristo (Interior), Iván Velásquez (Defensa) y el director de Planeación Nacional, Alexander López, así como a la defensora del Pueblo, Iris Marín, y el procurador Gregorio Eljach.