Sandra Ortiz, la exconsejera para las Regiones del Gobierno Petro, vinculada con el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, permanecerá en prisión tras la decisión de la juez 21 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá.
En la tarde de este viernes se confirmó la medida de aseguramiento que se había impuesto en contra de Ortiz el 18 de diciembre del año pasado, esto por las investigaciones que la vinculan en el desvío de 3.000 millones de pesos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
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La defensa de Ortiz había presentado un recurso de apelación que no tuvo éxito, pues la exfuncionaria, enfrenta cargos por lavado de activos y tráfico de influencias, los cuales ella ha negado.
Así mismo, la Fiscalía llamó a juicio a la exconsejera por ser presuntamente responsable de los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias.
Tanto la decisión de la juez como la de la Fiscalía se fundamentaron en las pruebas que se tienen y que incriminan a Ortiz con la malversación de los recursos.
Entre las pruebas estarían los delicados testimonios de exdirectivos de la Ungrd, Olmedo López y Sneyder Pinilla en los que ambos señalaron a la exconsejera como una pieza clave en el entramado para que en octubre del 2023, se desviaran los fondos destinados a la atención de desastres en departamentos como La Guajira.
Según la Fiscalía, los dineros corresponderían al pago de coimas para dar tramite a reformas del Gobierno Petro que debían ser aprobadas por el Congreso de la República.
Ambos la señalan de haber sido el puente entre ellos y los congresistas que recibirían el dinero a cambio de favores políticos. “Debe señalar el juzgado que efectivamente se dan los delitos de tráfico de influencias de servidor público, pues la señora Sandra Ortiz tiene esas calidades de servidora”, afirmó la juez 21 Penal para explicar su decisión.
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“Se procedió a servir de ese puente entre un presidente del Senado y un director de la UNGRD, quien tenía en sus manos todas las obras y contratos”, dijo la juez. Afirmando que la posibilidad de liberar a Ortiz podría dar lugar a que esta interfiriera en la investigación, teniendo presente su rol de relacionamiento con altos funcionarios.
La Fiscalía ya ha afirmado que lo ocurrido en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres es todo un entramado de corrupción que aún se sigue investigando, en el que la exfuncionaria Ortiz habría jugado un papel fundamental como la figura más alta de la Casa de Nariño involucrada en la red.
Según la investigación, Ortiz entregó 3.000 millones al exsenador Iván Name, por orden de Carlos Ramón González, en lo que sería un acto de corrupción en el que se malversaron los recursos estatales.
Esto que significa que la medida de aseguramiento que la Fiscalía había solicitado para Sandra Ortiz, aún sigue en pie y seguirá bajo detención en la Escuela de Carabineros.