La Junta Directiva del Metro de Medellín se reunirá este miércoles de manera urgente para revisar el futuro del metro ligero de la 80, que se quedó en el limbo luego de que el gobierno del presidente Gustavo Petro congelara los desembolsos que estaban previstos para este año.
En un rezago que se acerca a $1 billón, la obra no solo le hace frente a un hueco $483.000 millones por desembolsos pendientes del 2024, sino que ahora enfrenta otro faltante de $497.000 millones que estaban proyectados para 2025.
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Según informó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en dicha sesión se evaluarán todos los escenarios posibles, que van desde emprender acciones legales en contra del Gobierno Nacional por no honrar los compromisos plasmados en el convenio de cofinanciación de la obra, hasta buscar alternativas presupuestales que garanticen que el contrato continúe ejecutándose a pesar de las afugias contables.
“El presidente deja herido de muerte el metro de la 80. Los recursos del año pasado no han llegado y ahora le da una estocada, abriendo un gran hueco financiero”, añadió Gutiérrrez.
Según anticipó el alcalde de Medellín, la sesión de la junta directiva comenzará durante la mañana de este 29 de enero y en la misma se analizará la situación legal y presupuestal del proyecto.
Desde el punto de vista legal, Gutiérrez señaló que uno de los escenarios que se revisan, en un ejercicio en el que también están otras ciudades, es qué tan legal sería que la Nación incumpla con los compromisos financieros.
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“Este decreto que saca el Gobierno Nacional, donde dejaría sin vigencias para tantos proyectos, tiene que tener una consideración y es que el presidente no puede hacer lo que quiera, él también tiene que cumplir la ley”, dijo Gutiérrez.
“Bajo los convenios que hoy existen solo se podría hacer legalmente si se presentaran dos condiciones: primero, que hubiera muto acuerdo entre las partes de decir que se modifiquen los convenios y desde Medellín decimos que no, porque necesitamos la plata. Segundo, que la obra estuviera presentando retrasos o que el contratista estuviera incumpliendo. No se cumple ninguna de las dos condiciones”, añadió el alcalde.
Bajo ese escenario, si bien el alcalde no entró en mayores detalles, podrían eventualmente emprenderse acciones legales en contra del decreto que congeló el presupuesto.
En segundo lugar, Gutiérrez añadió que en la junta se revisará cuál es la situación de la obra, en cuanto a los trabajos que están pendientes y las perspectivas financieras de cara a los años venideros en caso de que el incumplimiento de la Nación persista.
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“Mañana en la junta analizaremos cuáles son las consecuencias, si esto representará unos mayores costos financieros del proyecto, cuáles son las garantías si a futuro el Gobierno Nacional entrega o no los recursos, y cómo comprometer otras vigencias. Pero necesitamos todo el análisis completo”, dijo el mandatario distrital.
El metro ligero de la 80 lleva más de un año afrontando incertidumbres presupuestales por varios frentes.
Además del incumplimiento de la Nación en sus pagos, la obra arrancó en enero con un hueco de $1,1 billones, compuesto por un desfase financiero de más de $510.000 millones, más un paquete de intercambios viales que no se contemplaron durante su estructuración y cuyo valor asciende a los $665.000 millones.
El desfase inicial, que ya venia alertándose desde los tiempos de la licitación, se origina desde la estructuración del proyecto en 2020.
“Cuando se suscribió el convenio del metro de la 80 se hizo un acuerdo por ley de metros, de 70 % de financiación de la Nación y el 30 % del Distrito, a través de las vigencias futuras. Sin embargo, y esto definitivamente fue un grave error, no se tuvo en cuenta que estos recursos, este 30 %, deberían por condiciones macroeconómicas ser indexados, ahí se presenta un déficit de $510.000 millones”, había explicado en enero pasado el secretario de Hacienda, Orlando Uribe.
“En principio son $510.000 millones, pero hay que seguir indexando, o sea que esto sigue teniendo un nivel de profundización mucho más amplio dentro de los tiempos que se vienen y de acuerdo con las condiciones macroeconómicas. Yo creo que este hueco puede ser más profundo”, añadió entonces el funcionario.
Por otro lado, en cuanto a los intercambios viales, la Alcaldía señaló que cuando se estructuró el proyecto se dejó en el aire una larga lista de proyectos, entre los que está un puente elevado en la carrera 69 con la calle 63, un soterrado en la carrera 70 a la altura de la calle 1 sur, un soterrado nuevo en el intercambio vial de la calle Colombia, una ampliación de una sección de la avenida 80 a la altura del intercambio vial de San Juan, una intersección semaforizada en el intercambio vial de la avenida 33 y la intervención de dos puentes sobre la quebrada La Guayabala, en La Mota.
Además de estos dos problemas, la administración de Gutiérrez tuvo que recibir el proyecto con sensibles tensiones por la gestión predial heredadas desde el gobierno anterior.
Dicho conflicto, aparte de obligar a la obra ajustar sus diseños para trasladar sus patiotalleres, también generó que la Alcaldía emprendiera un nuevo proceso de negociación con los moradores afectados por el proyecto, destinando una partida de $40.000 millones para compensaciones.
Precisamente en octubre pasado, justo cuando se anunció esta compensación, trascendió que la obra se vio obligada a firmar un cuarto otrosí en su contrato principal, para ampliar la etapa de preconstrucción a 18 meses.
Pese a esas modificaciones, el Metro de Medellín, entidad a cargo del proyecto, ha señalado que el cronograma no se ha visto comprometido.
Según se informó este martes, la obra presenta un porcentaje de avance del 29 %.