MOE alerta riesgos para elecciones por expansión de grupos armados: “Hay mesas de negociación completamente inestables”

Con miras a las elecciones atípicas de este 2025, sumado a los comicios presidenciales y legislativos del próximo año, este martes se desarrolló en Bogotá una sesión de la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales. En ella, la Misión de Observación Electoral (MOE) expresó su preocupación frente al recrudecimiento de situaciones de violencia y conflicto en medio de la política de paz total del Gobierno de Gustavo Petro.

De acuerdo con Alejandra Barrios, directora del organismo, no se evidencia que de parte de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, haya un interés frente a garantizar el desarrollo de los comicios en medio de los procesos y diálogos de paz.

“Vemos con muchísima preocupación que no hay un interés de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz frente al proceso electoral cuando tenemos hechos como el del Catatumbo. Hay unas mesas de negociación completamente inestables, una expansión de los grupos armados ilegales y economías ilícitas reforzadas en diferentes partes del país”, explicó Barrios.

Según la directora, no se ha podido alinear la estrategia de paz y seguridad con la estrategia electoral, lo que implica que el país concurra a comicios “de muy difícil manejo que pueden terminar siendo caóticos”, agregó Barrios, quien dijo que la expansión de grupos armados ilegales se traduce “en dificultad para inscripción de candidatos, para la recolección de firmas, para que partidos políticos entren a determinados territorios y la imposibilidad de poder hacer seguimiento y control a la financiación ilegal de las campañas políticas”.

Por ello, pidió articulación para fortalecer la coordinación interinstitucional, particularmente en las regiones donde se desarrollan mesas de negociación o hay presencia activa de grupos armados vinculados a procesos de diálogo. “Es fundamental que esta planificación incluya a las autoridades locales, las organizaciones políticas y las instancias electorales departamentales y municipales para garantizar un enfoque integral”, precisó.

En su informe, la MOE recuerda que este año se realizarían al menos 19 elecciones atípicas y las elecciones de Consejos de Juventud, mientras que en 2026 se celebrarán los comicios de Congreso y Presidencia. En esa línea, indicando que la Registraduría tendrá recursos por $2,5 billones y el Consejo Nacional Electoral (CNE) por $605.418 millones, el organismo pidió transparencia frente a los procesos de contratación y la realización de mesas técnicas para presentar observaciones y recomendaciones.

“Se recomienda hacer público el cronograma de ejecución de las contrataciones de soluciones tecnológicas y logísticas electorales, previendo tiempos suficientes para la realización de auditorías y pruebas de funcionalidad y seguridad antes de su implementación”, dijo la MOE.

Por otro lado, llamando la atención por las barreras de acceso a la información pública identificadas en anteriores procesos electorales, la MOE sostuvo que es necesario garantizar el derecho de acceso a la información, asegurando que esta sea publicada en formatos, tiempos y estructuras adecuadas para facilitar su consulta y análisis.

“Se recomienda contemplar en los pliegos de contratación relacionados con tecnologías aplicadas al desarrollo de las etapas del proceso electoral, un módulo de acceso a la ciudadanía y organismos de control”, agregó el organismo.

Adicionalmente, la MOE le pidió a la subcomisión de Riesgos al Proceso Electoral que se establezca un mecanismo de seguimiento para cada puesto de votación, que incluya como una de las variables su situación de seguridad, con especial atención en aquellos que se encuentran en las zonas donde se identifiquen altos niveles de riesgo electoral. A ello se suma la implementación de un protocolo que tiene como objetivo prevenir y atender la violencia contra las mujeres en política (VCMP).

Por último, el organismo electoral instó al CNE a convocar mesas técnicas con la participación de organizaciones políticas, con el objetivo de garantizar la funcionalidad del aplicativo Cuentas Claras tanto para las elecciones atípicas, como en las nacionales de Congreso y Presidencia.

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