Previo a la sesión de este martes en la que el Gobierno Nacional justificará ante el Congreso la declaratoria de conmoción interior en la región del Catatumbo, en Norte de Santander –ante la crisis humanitaria y de orden público por enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc–, EL COLOMBIANO conoció el informe que presentará el Ministerio del Interior para demostrar la necesidad de esta medida extraordinaria y excepcional.
En un documento de 12 páginas firmado por el ministro Juan Fernando Cristo, se argumenta, entre otras, que era “imprevisible” la crisis humanitaria; que hay 38 homicidios confirmados, pero no se descarta la “existencia de un número mayor de víctimas mortales”, y que las pérdidas económicas ya ascienden a $58.465 millones. Inclusive, no se descarta la creación de un esquema de subsidios o apoyo con recursos a los afectados.
Al señalar que desde el pasado 16 de enero se presenta una “grave perturbación del orden público” en la región del Catatumbo, el Ministerio asegura que como consecuencia del despliegue militar, las hostilidades y las operaciones armadas del ELN “se ha generado una grave e imprevisible crisis humanitaria que compromete, entre otras, a poblaciones especialmente vulnerables”, entre ellos, indígenas, líderes sociales, niños y campesinos.
Las cifras son dicientes. Según el balance de la entidad con corte al 22 de enero, hay reporte de 36.137 desplazados, lo que contrasta con los reportados durante todo 2024, que ascendieron a 5.422 desplazados forzadamente. “Se observa el aumento del 318% en los desplazamientos forzados de la población desde el inicio de la declaratoria de conmoción interior”.
Por otro lado, el Ministerio señala que hasta el 21 de enero se habían confirmado 38 homicidios (incluidos cinco firmantes del Acuerdo de Paz). No obstante, el propio Gobierno admite que no se descarta “la existencia de un número mayor de víctimas mortales ante las extremas dificultades que enfrentan las autoridades para la recolección e identificación de cuerpos en las zonas más afectadas por la confrontación, así como múltiples casos de lesiones personales y desapariciones forzadas”.
Además, el Ministerio del Interior llama la atención por las amenazas contra el talento humano en salud e insuficiencias para trasladar a los pacientes que requieran atención médica. “El desplazamiento de la población presiona y desborda la capacidad instalada de la red hospitalaria dispuesta en la región”, dice el documento, que menciona también el colapso de albergues, donde la comunidad afectada demanda de agua potable y saneamiento básico.
Por si fuera poco, a la crisis –argumenta el Gobierno– se suma la situación de inseguridad energética por el riesgo de ataques en contra de la infraestructura energética y vial de la región, especialmente en el oleoducto Caño Limón Coveñas y vías nacionales, así como subestaciones de energía y torres de comunicaciones, puentes y edificaciones públicas y privadas.
Por todo ello, con base en cifras de la Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial de la Gobernación de Santander, se estima que el departamento ha sufrido pérdidas económicas superiores a los $58.465 millones.
Según el Ministerio, para conjurar esta grave crisis humanitaria y para proteger a la población civil, contrarrestar los efectos del conflicto y desarticular las estructuras criminales que lo perpetúan, “se requiere adoptar medidas excepcionales, por fuera de las facultades ordinarias existentes, como la restricción de la comercialización y transporte de servicios, bienes e insumos utilizados por los grupos armados en la región para el financiamiento de sus actividades criminales”.
En esa línea, se reconoce que, pese a los esfuerzos conjuntos interinstitucionales del Ejército, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Policía y las autoridades locales para restablecer el orden público, “se hace necesario adoptar medidas excepcionales y transitorias orientadas a fortalecer la capacidad de respuesta de la Fuerza Pública y la gobernabilidad en la región”.
Por otro lado, se argumenta que la situación que da lugar al estado de conmoción interior crea una demanda de recursos no prevista en el Presupuesto General de la Nación (PGN) para conjurar la perturbación e impedir la extensión de sus efectos.
“La insuficiencia de medios económicos disponibles para la inversión adicional requerida para hacer frente al estado de conmoción interior, exige que el Gobierno nacional adopte las medidas presupuestales y fiscales necesarias que permitan atender la región del Catatumbo de manera efectiva, y faculte a las entidades territoriales para que en el marco de su autonomía puedan hacer lo pertinente”, dice el documento.
Finalmente, se precisa que, mientras se recupera el orden publicó, podría requerirse de la creación de un esquema de subsidios o apoyo con recursos para dar equilibrio financiero “a los operadores que vean reducidos sus ingresos, así como los instrumentos técnicos, jurídicos y administrativos que posibiliten la garantía del mínimo vital a toda la población de los municipios indicados en el decreto”.
“Ante tal situación que, como se ha dicho, desborda y supera con creces la capacidad de los municipios mencionados, es necesaria la intervención del Gobierno Nacional para conjurarla, con el objetivo que sus habitantes puedan retornar en condiciones de seguridad y dignidad”, puntualiza el documento.