Este jueves se conocieron los nueve primeros decretos que expidió el Gobierno en el marco de la declaración de conmoción interior por la crisis humanitaria que vive la región del Catatumbo. Los documentos provienen de los ministerios de Agricultura, Defensa, Ambiente, Vivienda, Transporte, Trabajo y Comercio.
Cada uno faculta al Ejecutivo, con fuerza de ley, para tomar todo tipo de decisiones en los municipios de Ocaña, Abrego, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Hacarí, La Playa, El Tarra, Tibú y Sardinata. Así como en el área metropolitana de Cúcuta y parte de la región del Cesar que es del Catatumbo.
Según le dijeron fuentes de Gobierno a EL COLOMBIANO, todavía otras carteras (como Hacienda) están alistando los documentos para revisión de la secretaría jurídica de la Presidencia, en cabeza de la abogada Paula Robledo, quien junto a su equipo de abogados sacó en tiempo récord el decreto inicial de la semana pasada donde se declaró la conmoción interior. Cuando el presidente Petro hizo el anuncio, como ha sucedido con otros asuntos, no consultó a sus asesores.
Por eso, la prioridad del Gobierno es “blindar” los decretos constitucionalmente antes de expedirlos. De hecho, hace pocos días la Corte Constitucional ya empezó la revisión del primer decreto firmado por el jefe de Estado en el que se declara la conmoción interior por 90 días (prorrogables). Desde hace 16 años, un presidente no usaba esa declaración y el último que lo hizo, el expresidente Álvaro Uribe, dijo que lo firmó “con desgano (...) para nada sirvió” y finalmente la Corte lo declaró inexequible (que no puede ser aplicada).
Otros expresidentes, como Juan Manuel Santos, también advirtieron que era innecesaria la declaración y que la Corte la podría tumbar. Esto bajo la interpretación de que lo que está sucediendo en el Catatumbo “no son hechos sobrevinientes” sino era una situación que venía escalando desde hace meses y que estalló este mes con la muerte de cerca de 80 personas y 50.000 desplazados.
En los tres decretos del Ministerio de Agricultura–el 106, 107 y 108 de 2025– el artículo que más generado polémica y debate es el que autoriza la expropiación administrativa para “concluir los procesos en curso de adquisición directa de predios en los programas especiales de dotación de tierras cuando fuese necesario para garantizar los procesos de retorno y estabilización víctima de desplazamiento forzado, así como la reincorporación a la vida civil de excombatientes”.
EL COLOMBIANO consultó al profesor Carlos Duarte, quien es uno de los coordinadores del Observatorio de Tierras y ha liderado estudios sobre este asunto. Duarte explica que “la expropiación está reglamentada y el precio tiene que ser a partir de un avalúo comercial. No es un precio que se le ocurra al Estado. Además, tiene que demostrarse por qué urge tomar unas tierras específicas según cada caso. En este caso se aplica por el desplazamiento de la gente que estaba en esas tierras”. El experto advierte, de todos modos, que “es necesario un posterior control judicial sobre la expropiación administrativa que procede bajo demanda. No es automático”.
Sin embargo, la representante a la Cámara, Katherine Miranda, expresó su preocupación porque dice que “lo que no hemos pasado en el Congreso, ahora lo quieren hacer por conmoción interior. Quieren volver a meter la expropiación exprés, eliminando el debido proceso, la falta de control judicial y la legítima defensa a la propiedad privada (...) Hoy son tierras, ¿mañana qué será?”, dijo en redes sociales.
Este diario habló con la congresista para profundizar la razón de sus críticas. Miranda sostiene que ha identificado alertas en los decretos 107 y 108, en particular sobre la expropiación administrativa ya que sólo está prevista en determinadas situaciones: “Ahora basándose en la crisis humanitaria en el Catatumbo está metiendo la expropiación por la puerta de atrás (...) se atacan los derechos legítimos sobre tierras para entregarlas a beneficiarios de procesos de restitución: campesinos y desplazados. Se le da ‘superpoderes’ a la Agencia Nacional de Tierras porque va a recibir facultades para emitir resoluciones de expropiación sin garantizar ningún procedimiento judicial”.
No es la primera vez que Miranda discute con el Gobierno por el tema de la expropiación exprés. Pero en esta ocasión, la congresista de la Alianza Verde se pregunta “si estas medidas realmente buscan atender la crisis en el Catatumbo o simplemente son una estrategia para adoptar las reformas que no fueron aprobadas en el Congreso”.
Incluso, la congresista dice que no queda claro en el decreto sobre tierras que los alcances de la expropiación sean solo para el Catatumbo.
En otra orilla, el profesor Duarte hace énfasis en que estos decretos no son nacionales, están focalizados y, según él, son necesarios: “Organizaciones sociales y expertos hemos coincidido que es fundamental que en este enfrentamiento entre grupos irregulares no se repita que desplacen más campesinos de sus tierras y otras comunidades. Se necesitan herramientas para actuar con urgencia en el Catatumbo”.
Miranda agrega que en el decreto 107 no se garantiza la transparencia de los recursos públicos pues se avala la contratación directa justificada por la conmoción: “podrían generarse casos de corrupción (...) podríamos estar repitiendo la situación de la UNGRD”.
Además de los tres decretos de Agricultura, el Gobierno firmó seis más. En defensa, según el decreto 0118 de 2025, solo habrá un comandante militar delegado por el presidente de la República para liderar a las fuerzas militares y también a la Policía en el territorio. Esto es una novedad y podría también tener una revisión crítica de la Corte Constitucional porque las funciones específicas de la Policía están destinadas a operaciones urbanas contra el crimen y las redes ilegales pero no contra grupos armados que se combaten a partir de las otras tres fuerzas: Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
Aunque parezca un detalle menor, no lo es. Esto porque la Policía no está entrenada para enfrentar a grupos que usan armas largas y otras técnicas de guerra en zonas rurales. Existen algunas fuerzas especiales de la Policía para operaciones contra narcotraficantes u objetivos de alto valor, pero por las condiciones del conflicto armado en el país la fuerza pública se ha limitado a la seguridad de las ciudades.
Desde el Ministerio de Transporte, se emitió el Decreto 0120 de 2025 en el que, entre otras, da vía libre plena a la prestación de los servicios de transporte público.
Es decir, no contempla ninguna restricción o prohibición para movilizarse de forma terrestre entre los municipios que cobija la declaración. Sin embargo, en el decreto sí se precisa que las empresas que presten el servicio deberán coordinar con las autoridades militares o de policía las condiciones de horarios, recorridos e infraestructura para poder movilizarse.
La conmoción interior también aborda un aspecto esencial: el impacto ambiental de la guerra en el Catatumbo. Ante la grave crisis ecológica que atraviesa la región, el Gobierno ha establecido una serie de medidas excepcionales para contener la situación y mitigar sus efectos.
A través del Decreto 0116 de 2025, se ordena la suspensión del trámite para la concesión de licencias, permisos y autorizaciones en varios municipios y territorios indígenas. La medida, sin embargo, no aplica para el desarrollo de obras o actividades orientadas al restablecimiento de condiciones de orden ecológico, económico y social de la región.
El decreto del Ministerio de Ambiente aclara que finalizado el estado de excepción, se reanudarán los trámites de solicitudes y al mismo tiempo las autoridades ambientales con competencia en la región del Catatumbo tendrán tres meses para establecer las condiciones ambientales actuales de la región.
Además, según el decreto emitido por el Ministerio del Trabajo, las empresas privadas que operen en la jurisdicción del Catatumbo y de los demás municipios que fueron cobijados con el Estado de Conmoción deberán prepararse para que sus empleados realicen sus labores en la modalidad de teletrabajo.
En el decreto 0119 quedó fijada la necesidad de que los trabajadores —cuyas funciones son compatibles con el trabajo remoto— puedan realizar sus tareas desde la virtualidad. El recuento humanitario de la Gobernación de Santander indica que en la región del Catatumbo hay 31.758 personas confinadas por cuenta de los azares de los combates entre el ELN y las disidencias de las FARC.
Las diversas actividades agropecuarias del Catatumbo, así como el turismo y el sector de los servicios públicos tendrán apoyo del Gobierno Nacional, según se desprende de varios de los decretos expedidos a la luz del estado de conmoción interior.
Es así como los decretos 106 y 107 del Ministerio de Agricultura establecen una serie de medidas para apoyar a los campesinos y productores agropecuarios en la región del Catatumbo, el área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González en el Cesar, debido a la situación de orden público.
La norma señala que las entidades del sistema nacional de crédito agropecuario (Banco Agrario y Finagro) adoptarán programas de refinanciación para las obligaciones contraídas por los productores antes de la declaratoria del estado de excepción.
La intención es proteger y estabilizar las actividades agropecuarias del Catatumbo, entre las que se destacan la producción de palma de aceite, yuca, cebolla, tomate, plátano, caña panelera, aguacate, maíz y frijol.
El Ministerio de Comercio expidió el Decreto 117, por medio del cual se adoptan medidas transitorias para favorecer al sector turismo.
De acuerdo con información consignada en el Registro Nacional de Turismo, en Norte de Santander existen 1.005 establecimientos inscritos, que están dedicados a actividades relacionadas con alojamiento turístico, y que pueden alojar de manera gratuita a la población desplazada.
En ese contexto, se estableció un descuento transitorio del impuesto sobre la renta para quienes den alojamiento gratuito a desplazados por el conflicto del Catatumbo.
Las personas naturales y jurídicas que desarrollen actividades de alojamiento turístico conforme a lo dispuesto en el Decreto 1836 de 2021, domiciliados en el departamento de Norte de Santander y que por el año gravable 2025 se encuentren obligadas a presentar declaración de renta y complementarios, tendrán derecho a un descuento en ese tributo.
Esta medida apunta a conjurar los efectos adversos causados por la situación de orden público en la región del Catatumbo con la inmediata atención de la población desplazada y el descuento en el pago de impuestos para los prestadores de servicios turísticos ubicados en esa zona que les permitirá contribuir a esta situación excepcional y extraordinaria.
La caja de herramientas para sortear las dificultades que afrontan los pobladores del Catatumbo también incluye el sector de los servicios públicos domiciliarios.
Desde el Ministerio de Vivienda se expidió el Decreto 121, que contiene una serie de acciones urgentes que buscan garantizar el acceso al agua, saneamiento básico y vivienda a las personas que se han visto afectadas por el conflicto.
La idea es otorgar subsidios del 90% a los suscriptores para de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, que acrediten que se encuentran confinados o hayan sido desplazados como consecuencia de los hechos que llevaron a la declaratoria de conmoción interior.
Igualmente, los municipios podrán destinar los recursos necesarios del Sistema General de Participaciones de Agua Potable y Saneamiento Básico, para apoyar financieramente las actividades de operación y mantenimiento de los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo, para asegurar la prestación de estos servicios.
Por lo pronto, la Corte Constitucional irá revisando cada uno de los decretos que se expidan en el marco de conmoción interior. En las próximas horas, según confirmó EL COLOMBIANO, Hacienda hará públicos sus decretos. El ministro de esa cartera, Diego Guevara, dijo que el Gobierno espera recaudar “entre $700.000 y $1 billón, que luego asignaremos, según las prioridades, en los 90 días” de la declaración.
La Asociación Colombiana de Minería (ACM) pidió al Gobierno Nacional replantear las decisiones y diseñar estrategias de seguridad y financiamiento público que sean estructurales, equitativas y sostenibles en el tiempo.
“El país necesita soluciones que realmente atiendan la crisis humanitaria y mejoren las condiciones de vida de las familias afectadas”, expresó la agremiación.
Sin embargo, la apuesta del Gobierno va más allá del Catatumbo. El propio presidente Petro, en su visita reciente a esa región, dijo en su discurso que varios del programas e iniciativas que se implementen se podrían replicar en otros departamentos como Arauca, Cauca o Putumayo, que también están en crisis por el conflicto armado. Lo que no quedó claro es si para eso se ampliarán los 90 días de la conmoción interior, para lo cual la Corte Constitucional y el Congreso juegan un papel clave.