El Gobierno empezó a publicar la secuencia de decretos que se desprenden del decreto original de la Conmoción Interior para el Catatumbo. Aunque hay un énfasis en indicaciones de tipo económico que buscan atender con programas sociales a la población y una enorme controversia ya desatada porque en uno de los textos se habla de la famosa “expropiación exprés”, que el presidente no ha logrado aprobar en el Congreso, hay otras iniciativas que buscan recuperar el orden público en una región que ya tiene 52.000 desplazados de acuerdo con las cifras de la Procuraduría.
Estas son las cinco claves para entender los decretos de orden público.
El decreto 0118 de 2025 se refiere a la estrategia que el Gobierno ejercerá para coordinar las operaciones militares. Lo más importante de esta orden presidencial es que habrá un solo comandante militar delegado por el presidente de la República para liderar a las fuerzas militares y también a la Policía en el territorio. Esto es una novedad y podría también tener una revisión crítica de la Corte Constitucional porque las funciones específicas de la Policía están destinadas a operaciones urbanas contra el crimen y las redes ilegales pero no contra grupos armados que se combaten a partir de las otras tres fuerzas: el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
Aunque parezca un detalle menor, no lo es. Esto porque la Policía no está entrenada para enfrentar a grupos que usan armas largas y otras técnicas de guerra en zonas rurales. Existen algunas fuerzas especiales de la Policía para operaciones contra narcotraficantes u objetivos de alto valor, pero por las condiciones del conflicto armado en el país la fuerza pública se ha limitado a la seguridad de las ciudades. Sin embargo, el decreto original de la conmoción interior y también este sobre el comandante militar aclaran de que una de las ciudades en donde operará la conmoción es Cúcuta, región de frontera y capital de Norte de Santander que tiene un entorno mayoritariamente urbano.
El comandante militar, que será delegado directamente por el presidente Gustavo Petro, le dará órdenes a todos los hombres de las fuerzas para la defensiva y la ofensiva con el objetivo de recuperar el territorio.
Puede leer: Atención: Gobierno expidió los tres primeros decretos de la conmoción interior; se autoriza expropiación administrativa en casos de tierras para víctimas
Las cifras más actualizadas a las que tuvo acceso EL COLOMBIANO de la situación en el Catatumbo siguen siendo preocupantes. La Procuraduría habló de 52 personas muertas, 52.000 desplazados y 17.000 confinados. Pero hay otros datos alarmantes de la atención en tiempo real: en Chinacota hay 39 desplazados, incluyendo a un firmante de paz con las Farc; en Pamplona hay 96 desplazados, incluyendo a una menor de edad embarazada y otros seis niños; en Gramalote hay 11 desplazados; en Sardinata se reportaron 152 desplazados y una denuncia por desaparición forzada; en Herrán hay 27 desplazados; Hacarí reportó 231 desplazados y 800 personas confinadas por el ELN que hasta esta hora no habían logrado salir de la zona. Salazar de Palmas reportó 127 desplazados y Lourdes otros seis más. Lo mismo ocurre en Teorama con 101 desplazados.
Estos son todos pequeños y medianos municipios de la zona del Catatumbo y otras sub regiones de Norte de Santander a las que también llegó la guerra que el Gobierno no ha podido parar. Otty Patiño, alto comisionado para la paz, dijo que la suspensión de los diálogos con el ELN tenía una ventana de posibilidad para detenerse y que las conversaciones se reanuden. Pero en Catatumbo no parece claro que esta guerrilla esté interesada en detener las hostilidades que ya cumplen dos semanas. Con esta figura, el presidente busca una mejor coordinación en la estrategia militar, pero no se sabe si se reanudarán los bombardeos que se han parado porque en la mitad está la población civil obligada a desplazarse. Y tampoco si la reunión entre los ministros de Defensa de Colombia y Venezuela, que sucedió hace solo unos días, tendrá algún impacto en otras acciones conjuntas. Por ahora las cifras de los desplazados siguen en aumento todos los días y con ello los muertos y la cifra de desplazados que sigue contándose por miles.
En materia de transporte –a la luz de las medidas extraordinarias para el sector transporte consagradas en el estado de conmoción interior–, el Gobierno emitió el Decreto 0120 de 2025 en el que, entre otras, da vía libre plena a la prestación de los servicios de transporte público.
Es decir, no contempla ninguna restricción o prohibición para movilizarse de forma terrestre entre los municipios de Ábrego, Convención, El Tarra, Hacarí, La Playa de Belén, Ocaña, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú, en el departamento de Norte de Santander, así como en las poblaciones de González y Río de Oro en Cesar.
Sin embargo, en el decreto sí se precisa que las empresas que presten el servicio deberán coordinar con las autoridades militares o de policía las condiciones de horarios, recorridos e infraestructura para poder movilizarse.
Lo anterior, señala el documento, para ofrecer las debidas condiciones de seguridad antes de iniciar los recorridos. Por otro lado, se establece que las empresas coordinarán con la Dirección Territorial del Instituto Nacional de Vías (Invías) las condiciones de transitabilidad frente a recorridos por infraestructuras alternativas.
Es decir, se habilitarán otras rutas diferentes a las habituales siempre y cuando el mismo Instituto garantice condiciones de seguridad para el transporte de pasajeros. El objetivo es claro: que las compañías de transporte se ajusten a los horarios, recorridos y frecuencias en momentos en los que los actos violentos sean menos probables, o en aquellos en que se cuente con apoyo de personal de la fuerza pública.
De acuerdo con el Ministerio de Transporte, para superar la parálisis del servicio, “es necesario permitir que este se preste durante los momentos y en las vías en que las autoridades puedan garantizar mejores condiciones de seguridad o, eventualmente, haciendo uso de caravanas de varios vehículos”.
Lo anterior, teniendo en cuenta que, ante los eventos recientes de violencia en la región, se paralizó el servicio de transporte, “lo que amerita una respuesta pronta del Estado para que éste pueda prestarse por parte de las empresas autorizadas en la zona, de manera que circulen en horarios, o en caravanas, o por vías específicas en que se garantice su seguridad”.
Según el Ejecutivo, están identificadas 88 rutas que tienen como origen y destino los municipios en los que está contemplada la declaratoria, así como 10 empresas de servicio público terrestre autorizadas en dichas rutas.
Suspendidos trámites de licencias ambientales
La conmoción interior también aborda un aspecto esencial: el impacto ambiental de la guerra en el Catatumbo. Ante la grave crisis ecológica que atraviesa la región, el Gobierno ha establecido una serie de medidas excepcionales para contener la situación y mitigar sus efectos.
A través del Decreto 0116 de 2025, se ordena la suspensión del trámite para la concesión de licencias, permisos y autorizaciones en varios municipios y territorios indígenas.
La medida, sin embargo, no aplica para el desarrollo de obras o actividades orientados al restablecimiento de condiciones orden ecológico, económico y social de la región.
“Se hace necesario suspender los trámites en curso y nuevos trámites ambientales para nuevos proyectos obras o actividades, durante la vigencia del estado de Conmoción Interior, por cuanto al estar limitada la institucionalidad, quien a la fecha se ha visto en imposibilidad de ejercer la adecuada administración de los recursos naturales renovables, así como el control y seguimiento a los proyectos obras o actividades que hacen uso de los mismos, no obran las condiciones técnicas y operativas para el análisis de tales solicitudes”, se lee en el documento.
El decreto aclara que finalizado el estado de excepción, se reanudarán los trámites de solicitudes y al mismo tiempo las autoridades ambientales con competencia en la región del Catatumbo tendrán tres meses para establecer las condiciones ambientales actuales de la región.
El Gobierno precisa que la reciente escalada de violencia ha puesto en peligro la institucionalidad ambiental, toda vez que los funcionarios de las autoridades competentes se han visto en la necesidad de proteger sus vidas y, por tanto, no han podido cumplir con su misión constitucional y legal relativa a la vigilancia, control y seguimiento ambiental.
“Tales circunstancias impiden, además, el normal funcionamiento y coordinación entre las autoridades ambientales y las demás autoridades administrativas de la región, lo cual imposibilita la protección efectiva a los ecosistemas estratégicos que se ubican en ella, por lo que resulta fundamental implementar medidas de carácter extraordinario orientadas, a asegurar las condiciones institucionales y de orden público que se requieren para garantizar el cuidado de áreas protegidas”, añade la decisión.
El Gobierno resalta la obligación de las autoridades locales de implementar medidas efectivas para proteger a la población desplazada que depende del campo, garantizando condiciones que permitan satisfacer sus necesidades básicas. Además, el decreto enfatiza que las autoridades ambientales deberán participar en los casos donde sea necesario el uso o aprovechamiento de los recursos naturales renovables, asegurando así un enfoque sostenible en la respuesta a la crisis.
Las empresas privadas deberán ir a teletrabajo
Las empresas privadas que operen en la jurisdicción del Catatumbo y de los demás municipios que fueron cobijados con el Estado de Conmoción deberán prepararse para que sus empleados realicen sus labores en la modalidad de teletrabajo.
En el Decreto 0119 del 30 de enero quedó fijada la necesidad de que los trabajadores -cuyas funciones son compatibles con el trabajo remoto- puedan realizar sus tareas desde la virtualidad.
El recuento humanitario de la Gobernación de Santander indica que en la región del Catatumbo hay 31.758 personas confinadas por cuenta de los azares de los combates entre el ELN y las disidencias de las FARC.
El argumento del Gobierno, con esta decisión, es evitar que los trabajadores tengan obstáculos para realizar sus funciones.
“La protección de las empresas en la región del Catatumbo es fundamental para preservar el tejido económico y social. En este sentido, se hace necesario adoptar medidas que reduzcan los riesgos asociados a la operación empresarial en zonas de conflicto, incluyendo el acceso a herramientas tecnológicas para el trabajo remoto y la articulación con las autoridades para la protección de bienes y activos esenciales”, argumentó el Gobierno.
De la obligación del trabajo remoto quedaron exentos los trabajadores cuya presencia física sea indispensable para garantizar la continuidad de sus actividades: por ejemplo los servicios de seguridad, suministro de alimentos y medicamentos.
Mientras esté vigente la conmoción interior, los empleadores deberán reconocer el auxilio de transporte -para todos aquellos que devenguen hasta dos salarios mínimos- para que ese dinero pueda ser usado como auxilio de conectividad.
En Norte de Santander hay 61.287 empresas y el 63% de ellas están ubicadas en Cúcuta. La mayoría de estas organizaciones se dedican a los sectores de comercio, reparación de vehículos, industrias manufactureras, alojamientos y servicios de comida.
El Gobierno aseguró que la región cobijada por la conmoción interior habitan 659.000 personas, de las cuales la mayoría están en la ciudad de Cúcuta (424.000).
El decreto que reglamenta el teletrabajo será sometido a un sistema de seguimiento y evaluación para medir su impacto.
En los tres decretos del Ministerio de Agricultura–el 106, 107 y 108 de 2025– hay artículos relacionados con la soberanía alimentaria y la protección de zona agrícolas y las cadenas productivas, entre otros temas relacionados, pero el que más ha generado polémica y debate es el del decreto 108 que autoriza expropiación administrativa para “concluir los procesos en curso de adquisición directa de predios en los programas especiales de dotación de tierras cuando fuese necesario para garantizar los procesos de retorno y estabilización a víctimas de desplazamiento forzado, así como la reincorporación a la vida civil de excombatientes”.
El país vuelve a hablar, a raíz de este decreto, de la expropiación “exprés”. Solo que esta vez se invoca bajo los criterios que establece “la política nacional de gestión del riesgo de desastres” y ese es uno de los puntos del debate.
Lea más: Crónica de 10 días de miedo desde las entrañas del Catatumbo
EL COLOMBIANO consultó al profesor Carlos Duarte, quien es uno de los coordinadores del Observatorio de Tierras y ha liderado estudios sobre este asunto: “La expropiación está reglamentada y el precio tiene que ser a partir de un avalúo comercial. No es un precio que se le ocurra al Estado. Además, tiene que demostrarse por qué urge tomar unas tierras específicas según cada caso. En este caso se aplica por el desplazamiento de la gente que estaba en esas tierras”. El experto advierte, de todos modos, que “es necesario un posterior control judicial sobre la expropiación administrativa que procede bajo demanda. No es automático”.
Sin embargo, la representante a la Cámara, Katherine Miranda, expresó su preocupación porque dice que “lo que no hemos pasado en el Congreso, ahora lo quieren hacer por conmoción interior. Quieren volver a meter la expropiación exprés, eliminando el debido proceso, la falta de control judicial y la legítima defensa a la propiedad privada (...) Hoy son tierras, ¿mañana qué será?”, dijo en redes sociales.
Este diario habló con la congresista para profundizar la razón de sus críticas. Miranda sostiene que ha identificado alertas en los decretos 107 y 108, en particular sobre la expropiación administrativa ya que sólo está prevista en determinadas situaciones: “Ahora basándose en la crisis humanitaria en el Catatumbo está metiendo la expropiación por la puerta de atrás (...) se atacan los derechos legítimos sobre tierras para entregarlas a beneficiarios de procesos de restitución: campesinos y desplazados. Se le da ‘superpoderes’ a la Agencia Nacional de Tierras porque va a recibir facultades para emitir resoluciones de expropiación sin garantizar ningún procedimiento judicial”.
No es la primera vez que Miranda discute con el Gobierno por el tema de la expropiación exprés. Pero en esta ocasión, la congresista de la Alianza Verde se pregunta “si estas medidas realmente buscan atender la crisis en el Catatumbo o simplemente son una estrategia para adoptar las reformas que no fueron aprobadas en el Congreso”. La congresista también dice que en el decreto 107 no se garantiza la transparencia de los recursos públicos pues se avala la contratación directa justificada por la conmoción: “podría generar casos de corrupción (...) podríamos estar repitiendo la situación de la UNGRD”.
Siga leyendo: Estos son los tres impuestos que creará el Gobierno Petro con la conmoción interior
Los tres decretos de Agricultura incluyen otros artículos como facultades para el saneamiento y mejoras de predios, suspensión del estado registral y la suspensión de procesos ante autoridades o gestores catastrales. También incluye la soberanía alimentaria.
Todas estas medidas tendrán que pasar el análisis de la Corte Constitucional, que ya empieza a revisar uno a uno los textos preparados durante las dos últimas semanas en la Oficina Jurídica de Presidencia. Lo más controversial sigue siendo la expropiación y la creación de algunos impuestos. La medida solo tiene duración de 90 días, con la posibilidad de otras dos prórrogas cada una por el mismo periodo previa aceptación de la Corte.