La Contraloría General de Medellín le puso la lupa a la situación de los vehículos propiedad del Concejo de Medellín, señalando que gran parte de los mismos están obsoletos y que se han cometido irregularidades en los contratos para su mantenimiento.
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Las pesquisas de ese ente quedaron expuestas en un informe general de auditoría al Concejo, que fue publicado en el sitio web de la Contraloría durante los últimos días de 2024 y en el que se escrutó la gestión de la vigencia 2023.
En dicho documento, el órgano explicó que para el caso de los vehículos centró sus pesquisas en principalmente dos contratos, el 4600098212 y el 4600099478, cada uno con el objeto de hacerle mantenimiento a los vehículos del Concejo, que fueron ejecutados en 2023.
El primer contrato tiene un monto de $44.995.090 y fue firmado con una empresa identificada como Servi Automotriz Mecaires JF S.A.S.
El segundo contrato fue firmado con una empresa identificada como Traker de Colombia S.A.S.
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El principal hallazgo resaltado por el ente consiste en que gran parte de los vehículos propiedad del Concejo estaban depreciados u obsoletos.
Además de alertar que la corporación no ha logrado hacer un seguimiento riguroso al estado de su parque automotor, por lo menos 13 de los 28 vehículos que en total tiene el Concejo ya habían superado el límite de 8 años de uso que está estipulado en una circular que fue expedida en diciembre de 2014.
“El hecho de tener trece vehículos con una antigüedad superior a la determinada en la mencionada circular, podrían ocasionar riesgos físicos en la integridad de los usuarios que se desplazan en estos, además, es causa de ineficiencia en uso del tiempo para el cumplimiento oportuno de las funciones de los corporados o servidores públicos”, se lee en el informe.
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En sus pesquisas, la Contraloría señaló haber dado con hallazgos que podrían tener incidencia disciplinaria por debilidades en las labores de supervisión y un hallazgo administrativo por problemas en la elaboración de expedientes
Frente a la supervisión, la Contraloría alertó que a la hora de revisar el expediente virtual de los contratos en plataformas como el Secop o la de Gestión Transparente se dio cuenta que faltaban cargar informes de supervisión, no se habrían exigido planillas de pago de seguridad social, no se había diligenciado la recepción de facturas, faltaban actas de liquidación y hasta encontró expedientes que tenían información equivocada.
“Faltan soportes documentales que sustenten la correcta actuación señalada en las funciones del supervisor, evidenciándose una presunta omisión en el cumplimiento de sus deberes o de las obligaciones establecidas en dicha función”, señaló el ente de control fiscal.
De igual forma, al revisar el contrato, la Contraloría señaló que encontró deficiencias en la gestión documental.
“Estos hechos irregulares ocasionan dificultad en el análisis y seguimiento de los contratos, situación originada por debilidades en los requisitos que deben reunir los expedientes contractuales, los cuales se originan en las diferentes fases del proceso de gestión contractual, documentos que deben integrarse en la carpeta contentiva del contrato, su correcta disposición, conservando un orden cronológico y consecuente que permita verificar de manera eficiente el desarrollo del proceso, sin generar incertidumbre frente a la calidad de la información reportada, publicada y auditada”, añadió la Contraloría.