Aunque el ruido mediático haya disminuido, la situación en el Catatumbo sigue siendo crítica, al igual que en otras regiones del país como Cauca, Arauca, Nariño y Valle del Cauca.
Recientemente, una comisión de la Procuraduría General visitó varios municipios de Norte de Santander y constató de primera mano la gravedad de la crisis. El Ministerio Público confirmó que, en solo dos semanas, los intensos combates entre el ELN y las disidencias de las FARC han dejado más de 52.000 desplazados, 32.000 personas confinadas, 52 homicidios—seis de ellos firmantes de paz—y más de 12 desaparecidos de esta misma población.
“El panorama no es alentador, como quiera que persisten esas confrontaciones entre el ELN y el Frente 33. Le insistimos a las autoridades locales, departamentales y municipales que agilicen el suministro y entrega de las ayudas para, digamos, coayudar en todo lo que corresponde a esa estabilización de los desplazados, de esas niñas, de esos niños, adolescentes y de esas mujeres”, dijo el procurador delegado para el seguimiento del Acuerdo de Paz, Javier Sarmiento.
Lo grave, según el delegado, es que por ahora no están dadas las condiciones de seguridad para el retorno de las familias. Lo anterior, por la cantidad de minas antipersonal sembradas en las veredas y zonas rurales.
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“Desde el Ministerio Público creemos que es muy prematuro hablar de un retorno porque las condiciones de seguridad no están dadas. Resaltando, por ejemplo, la gran cantidad de minas antipersonales, Catatumbo es una zona que históricamente ha estado con muchas minas, no se ha podido realizar ni el minado militar ni el minado humanitario. Lógicamente, por la situación de orden público. Entonces, en este momento, de manera preliminar, podemos indicar que no están garantizadas las condiciones para hablar de retornos.”, añadió.