El congelamiento ordenado por el gobierno del presidente Gustavo Petro de los recursos para el metro ligero de la 80 sacó a flote que la batalla por el control político del Metro está aún encendida.
Poco después de que terminara una tensa junta directiva en la que se revisó la crítica situación de esa megaobra, el presidente Petro y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, abrieron un nuevo pulso alrededor del convenio de cofinanciación del proyecto.
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Mientras la Alcaldía, la Gobernación de Antioquia y el mismo Metro cerraron filas para exigirle a la Nación honrar sus compromisos firmados hace cinco años, el Gobierno Nacional se sacó de la manga una cuenta de cobro y empezó a reclamar por unas modificaciones a los estatutos de la compañía que se aprobaron a finales de 2024 y que le quitaron voz y voto para escoger al gerente.
Con el argumento de que con esas movidas la Nación habría perdido garantías para la inversión de sus recursos, el presidente Petro aseguró que Medellín habría incumplido el convenio de cofinanciación del metro de la 80; una lectura que controvirtió duramente el alcalde Gutiérrez, quien calificó ese congelamiento de recursos para la obra como una venganza.
El nuevo enfrentamiento entre Petro y Gutiérrez se produjo el miércoles poco después de que concluyera una junta directiva de urgencia en la que se debatió el congelamiento de recursos para el metro de la 80.
Aunque la mayor parte de los detalles de esa reunión se mantuvieron en privado, fue el mismo Petro quien inició la discusión, publicando un trino en el que acusó a Medellín de incumplir con el convenio de cofinanciación.
“Como es de público conocimiento por la misma alcaldía de Medellín. La alcaldía incumplió el convenio de cofinanciación firmado por pasados gobiernos, que es causa, según las normas, de aplazamiento de los recursos que la Nación destina para financiar las obras objeto del convenio y que tenían que ver con el metro de la 80”, escribió Petro.
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Curiosamente Petro acompañó su publicación con un enlace a un artículo de un medio identificado como Nación Paisa, célebre en 2021 por integrar la investigada lista de portales de dudosa procedencia en los que Telemedellín, durante la administración de Daniel Quintero, repartió pauta a manos llenas para mover información favorable a la Alcaldía y propaganda en contra de sus adversarios.
En dicha publicación aparecía reseñada una carta elaborada por la ahora exministra de Transporte, María Constanza García Alicastro, dirigida al gerente del Metro, Tomás Elejalde, en la que esta cuestionaba las modificaciones que se realizaron en los estatutos del Metro de Medellín al cierre de 2024.
Dentro de las modificaciones más sensibles, tal como se conoció entonces, estuvo la de delegar en la junta de socios y no en la junta directiva la función de nombrar al gerente general de la empresa. De igual forma, se extremaron los requisitos para quien ocupase la silla del gerente, buscando así blindar a la entidad de una politización.
Poco después de la publicación del presidente, el alcalde Federico Gutiérrez controvirtió sus afirmaciones y señaló que Medellín ha cumplido con todos los desembolsos que se pactaron en el convenio de cofinanciación.
“El Distrito de Medellín ha aportado $684.000 millones, el Gobierno nacional, 0. ¿Quién está incumpliendo? No engañe a la gente. La verdadera razón por la que usted está desfinanciando el Metro de la 80 es por venganza política: el Gobernador y yo como Alcalde nos adelantamos a sus malas intenciones”, expresó el alcalde.
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A renglón seguido, el mandatario distrital respondió por las modificaciones que se hicieron en los estatutos, señalando que las mismas estuvieron motivadas en evitar que al Metro le pasara lo mismo que a otras empresas como ISA, en donde aterrizaron múltiples fichas políticas de la pasada administración distrital.
Sobre esa controversia se refirió también ayer el gerente del Metro, Tomás Elejalde, quien cerró filas con el alcalde y aseguró que el convenio de cofinanciación y las modificaciones en los estatutos son cosas separadas.
Elejalde también habló de la situación presupuestal del proyecto y señaló que en la junta que se realizó se le expresó a la Nación que no se cumplen las condiciones que se invocan en el decreto de congelamiento de recursos.
“Hemos hecho muchas cosas, con los recursos que han venido del Distrito, que ha entregado $684.000 millones. Para poder activar las fuentes de Nación y de endeudamiento tenemos que trabajar duro durante las próximas semanas para que nos den una fecha de desembolso de los recursos de 2024 y tener certeza sobre que esa gasolina no se interrumpa”, dijo.
Asimismo, Elejalde calificó como algo normal que la junta de socios, compuesta por la Alcaldía y la Gobernación, hubiera decidió modificar los estatutos, señalando que ese órgano es superior a la junta directiva.
Las tensión por el control del Metro se remontan al epílogo del gobierno de Daniel Quintero, cuando el 29 de noviembre de 2023, a solo un mes de que terminara su gobierno, su equipo destapó las cartas de lo que pretendía hacer en el Metro.
Con una mayoría en el papel, después de que el presidente Petro nombrara tres miembros que serían cercanos a Quintero en la junta directiva de la empresa, el entonces alcalde encargado, Óscar Hurtado, citó a una reunión extraordinaria en la que el orden del día tenía dos puntos claros: “Remoción del gerente general y sus suplentes”, es decir, iban por la cabeza del gerente Tomás Elejalde; y la “actualización del manual de funciones y requisitos”, lo que supondría un cambio en las exigencias para nombrar funcionarios.
El entonces gobernador Aníbal Gaviria alertó en ese momento por un plan en curso para “hacer una toma hostil” en la empresa y dijo que detrás de ese propósito estaba el exalcalde Quintero.
Según denunció EL COLOMBIANO en su momento, estos tres miembros nombrados por Petro firmaron contratos con la alcaldía de Quintero entre 2022 y 2023, aunque uno de estos después le aseguró a este medio que no pertenecía “a ningún grupo político”.
Tras el escándalo que levantó la citación a la junta y el malestar que causó la noticia, la intención de “toma hostil” se desinfló y terminó clausurada tras el cambio de los gobiernos regionales.
En medio de la controversia reciente, la Alcaldía pidió a la Contraloría y la Procuraduría vigilar el metro de la 80.