La noche del miércoles 15 de enero fue la más larga. Rubén acababa de terminar su jornada laboral cuando, a lo lejos, vio a su hijo correr. No era una carrera cualquiera. En la penumbra, alcanzó a distinguir su agitada respiración. No era cansancio. Era miedo.
“Tenemos que irnos, va a correr sangre”, le dijo, aún sin aliento. No hubo tiempo para preguntas. Esta familia, firmante de paz, empacó lo que pudo y salió del ETCR Caño Indio. La guerra, incubada durante años entre el ELN y las disidencias de las FARC, había estallado.
La voz se corrió rápido. En la mañana del 16 de enero, cientos de desplazados llenaban Tibú, Ocaña y los demás municipios del Catatumbo. Una región que, acostumbrada a la guerra, sigue clamando por la paz.
Hasta hoy, entre los más de 50.000 desplazados, hay 153 firmantes de paz y sus familias, una población especialmente vulnerable. Quedar atrapados en esta guerra solo ha empeorado su situación: algunos son acusados de colaborar con el enemigo, otros son forzados a tomar partido y muchos más son asesinados o desaparecidos.
“Tenemos ya seis firmantes asesinados, 10 desaparecidos. Tenemos 153 firmantes y sus familias desplazados en distintos lugares”, informó Alejandra Miller, directora general de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización.
El Gobierno Nacional ha ofrecido ayudas para proteger a estas familias, pero han resultado insuficientes. En un principio, se planteó el traslado del ETCR Caño Indio debido a la inseguridad, pero la propuesta nunca se concretó. Ahora, la alternativa es una evacuación preventiva y la implementación de un plan que les permita regresar una vez la zona se estabilice.
“Esta situación por supuesto nos pone en que tenemos que ser mucho más ágiles en todo el proceso de protección de la vida de los firmantes”, reconoció Miller.
El decreto de conmoción interior, firmado por el Gobierno para atender esta anunciada crisis humanitaria, contempla medidas como la compra y adjudicación de tierras a los firmantes, así como la construcción de viviendas y la provisión de servicios públicos, con el fin de asegurarles una vida digna a quienes han apostado por la paz.
Así mismo, impulsar la estrategia de sostenibilidad en el territorio, enfocada en los proyectos productivos que fueron afectados por la emergencia. El objetivo, según la ARN, es garantizar los ingresos y promover el arraigo de los firmantes en la región.
Rubén no necesitó más que la cara de espanto de su hijo. La madrugada del jueves 16 de enero él y su familia amarraron telas blancas a palos y mochilas, improvisando las banderas que debían ondear como santo y seña exigido por el ELN. Tampoco podian salir solos, debían hacerlo en caravanas, otra exigencia de los guerrilleros.
Esas fueron justamente las advertencias que un eleno le entregó a su hijo la noche anterior, por eso su agitada llegada a casa. Su rápida reacción les salvó la vida.
Sin embargo, en el ETCR aún quedan familias. Antes de que la guerra estallara, este lugar era un modelo de resocialización para firmantes de paz, con proyectos productivos que prosperaban. Hoy es otra cosa: un campamento humanitario y refugio improvisado para quienes aún no han logrado escapar.
Los que sí lo hicieron han llegado a distintos albergues habilitados para la crisis. Cúcuta se ha convertido en el principal punto de acogida: 36 firmantes están en refugios exclusivos para ellos, mientras que otros 35 permanecen confinados en sus veredas. Al menos 20 han preferido alejarse por completo, buscando seguridad en otros departamentos.
“Ya la gente toma esto como una salida definitiva, porque no hay ninguna garantía, y cuando digo que no hay ninguna garantía es porque la única garantía que hay es que puedan ser asesinados al regresar. Algunos tenían sus proyectos productivos de siembra de palma, de ganadería, de tiendas, de odontología, bueno, diferentes proyectos productivos, incluidos hasta confecciones, entonces es difícil decir en estos momentos qué va a pasar, esa es la misma pregunta que nos estamos haciendo, no sabemos qué va a pasar, no sabemos si realmente haya garantías de poder sacar algo de eso, rescatar algo de eso, pero la gente por ahorita lo ve como imposible”, narró Lucy, firmante de paz y líder de Caño Indio.
En efecto, el retorno aún parece lejano. La semana pasada, la Procuraduría General alertó sobre la siembra de minas en las veredas y cerca de las viviendas de las familias atrapadas en estas zonas hoy en guerra. El objetivo: impedir el paso de las tropas del Ejército y mantener el control territorial.
“No creemos que puedan regresar pronto, el territorio está sembrado de minas”, reconoció el Ministerio Público.
Mientras tanto, la Fuerza Pública mantiene activado el protocolo de evacuación para los firmantes que logren enviar su SOS. La extracción se realiza con el apoyo de helicópteros, lo que ha permitido salvar muchas vidas. Sin embargo, al otro lado de la línea, siguen aquellos que esquivan las balas, atrapados en medio del feroz combate entre el ELN y las disidencias.
“Todavía hay personas que están allá. Algunos están confinados porque no se les ha permitido salir. La mayoría de ellos por ahí escondidos, tratando de estar por ahí como en un sitio medio seguro, pero todavía en medio del conflicto y pues con el miedo también de que en cualquier momento sean identificados como firmantes de paz debido a que el ELN anda también con listas en mano”, concluyó Lucy.