Un claro mensaje dejó la noticia de que seis entidades promotoras de salud (EPS) se retiran de los gremios del sector, que son Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), que agrupa a las del régimen contributivo, y la Asociación de Empresas Gestoras del Aseguramiento de la Salud (Gestarsalud), gremio que representa a las del régimen subsidiado. Para el caso de Acemi es un golpe, que sumado a otros factores, directo a sus finanzas; mientras que para el Gobierno es una herramienta de presión y de aislamiento que combina con otras estrategias.
Las cuatro EPS que se salieron de Acemi —que de los dos gremios es el que más distancia ha guardado del Gobierno de Gustavo Petro y el que ha mantenido un papel completamente de oposición a la reforma a la salud— fueron Nueva EPS, Sanitas, SOS y Famisanar: todas bajo intervención forzosa de la Superintendencia de Salud, es decir, manejadas por el Ejecutivo.
Según explicaron, la medida busca destinar los recursos que usan para pagar su afiliación a estas agremiaciones (que entre todas suman $4.380 millones al año) para mejorar en la prestación de servicios de salud para los más de 20 millones de afiliados que reúnen entre las cuatro: Nueva EPS tiene 10,8 millones, Sanitas tiene 5,6 millones, SOS tiene 750.000 y Famisanar tiene 2,9 millones.
Así mismo, dijeron que la determinación se tomó en consenso entre todas las EPS intervenidas y con el acompañamiento de la Supersalud. Esto, sostuvieron, tienen como fin una serie de objetivos que, leídos entre líneas, dejan ver la influencia que allí tiene la visión que tiene el Gobierno Nacional sobre el sistema de salud.
Lo anterior se traduce en la ampliación de redes de atención en zonas de alta densidad poblacional, la estabilización financiera para recuperar la confianza de los prestadores de salud y el fortalecimiento de la atención primaria con Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS). De igual manera, buscan mejorar la detección temprana de enfermedades oncológicas en coordinación con el Instituto Nacional de Cancerología y garantizar la libre elección de prestadores y médicos tratantes.
Con solo leer la sigla CAPS y “detección temprana” es claro que hacen referencia a dos puntos claves con los que el Ejecutivo basa su reforma al sector: lo primero como una de las puertas de entrada básicas al modelo que sueñan y lo segundo a la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud.
“Con esto, el Gobierno está desfinanciando por completo a Acemi y llevando a que desaparezca. Es muy compleja la situación en la que están, porque la estrategia es desfinanciar todo lo que tenga que ver con las EPS para que se acaben o para que se arrodillen”, comenta al respecto el exsecretario de Salud de Bogotá, Luis Gonzalo Morales.
De hecho, un día después de que ese grupo de EPS anunciara su salida de Acemi, ese gremio expuso desde su cuenta de X(antiguo Twitter) que el Ministerio de Salud, en otras palabras, los tiene aislados de de las discusiones sobre la reforma a la salud y del sistema. Una publicación de esa entidad señalaba que se habían reunido con ellos y otras agremiaciones para reiterar “su respaldo a la reforma a la salud” y para hablar de “fortalecer estrategias que garanticen el acceso a la salud sin barreras para todos los colombianos”. Acemi expresó que “no fue convocado a esta reunión, por lo que desconocemos el desarrollo de la misma”.
En diálogo con EL COLOMBIANO, la presidenta ejecutiva de Acemi, Ana María Vesga, dijo sobre el retiro de esas EPS que “hay visiones disímiles sobre el futuro del sistema de salud, sobre su financiamiento y sobre las necesidades de corregir la financiación en sus diferentes componentes”.
De igual manera, fue enfática en que “el ejercicio gremial no es otra cosa que alinear intereses en algo común, por lo cual yo pensaría que es perfectamente entendible que (las que se retiraron) no encuentren en Acemi la misma línea y la misma visión del sistema de salud”.
Respuestas que dejan en evidencia que la relación con los agentes interventores, que tomaron posesión en las aseguradoras intervenidas tras ser nombrados por el Gobierno, no era la mejor y que decidieron partir cobijas y cada quien tome su camino. Aunque eso signifique, como lo sostiene Morales, que “lo que termine sucediendo es que dejan sin financiación a Acemi”.
Fuentes consultadas por EL COLOMBIANO coindiden en que todo lo anterior estuvo signado por las diferencias que había entre las EPS con agentes interventores (nombrados por la Supersalud) y las que no están bajo esa figura. En otras palabras, la visión del Gobierno sobre una presencia estatal muy marcada rayaba con la de las no intervenidas y los directivos del gremio que defienden la presencia del sector privado en el sistema.
El investigador en salud de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Giovanni Jiménez, destacó sobre el tema que “es una decisión que se había tardado” y que, aunque “era esperable, optimizar lo que pagaban por estar afiliados no va a cambiar la realidad del sistema, pues no va a tener un impacto importante dentro de la sostenibilidad”.
Algo que va en consonancia a lo que expresó, en declaraciones recogidas por La República, el vicepresidente técnico de Acemi, Mario Cruz, en el sentido de que el monto que se ahorrarán por no ser parte es solo el “0,005% de los ingresos de las EPS”.
Durante el Gobierno Petro han sido intervenidas ocho aseguradoras. Además de las mencionadas, fueron objeto de esa medida Asmet Salud, intervenida en mayo de 2023; Savia Salud, intervenida en junio de 2023; Capresoca, intervenida en octubre de 2024, y Coosalud, intervenida en noviembre de 2024. Emssanar también está bajo control de la Supersalud, pero fue intervenida en julio de 2022.