Una escena vergonzosa ocurrió el pasado sábado 1.° de febrero, en el sector conocido como la Bayadera, reconocida zona de talleres en Medellín, luego de que funcionarios de la Secretaría de Movilidad llegaran al lugar a adelantar un operativo para recuperar espacio público.
Según señalaron desde la alcaldía, la intervención se adelantó tras recibir decenas de quejas por invasión de carriles en vía pública para reparación de vehículos y mal estacionamiento. La secretaría aseguró que en el lugar evidenciaron decenas de infracciones al Código de Tránsito.
Sin embargo, el operativo no se desarrolló de manera tranquila. Decenas de trabajadores y conductores que se encontraban en ese momento con sis vehículos en reparación se enzarzaron en una verdadera batalla campal en la que sobraron puños y patadas. En varios videos quedó registrado, además, reprobables actuaciones de los funcionarios de la Secretaría de Movilidad, como el de un agente que patea a un hombre en el piso.
El operativo dejó cinco vehículos y tres motocicletas inmovilizadas. A través de redes sociales, varios ciudadanos respaldaron la actuación de las autoridades en un sector que, según señalaron, opera sin “dios ni ley” desde hace años.
Lo cierto es que el hecho se convierte en otra disputa más entre la alcaldía de Federico Gutiérrez y trabajadores informales en el Centro de Medellín, pues desde 2024 la administración Gutiérrez ha adelantado diferentes intervenciones, según ha sostenido, para recuperar espacio público, pero han terminado en fuertes enfrentamientos con varios lesionados, como ocurrió en meses pasados en los bajos de la estación San Antonio.
De hecho, la semana pasada el gremio de recicladores anunció marchas en la ciudad luego de denunciar que funcionarios de Espacio Público han atacado en diversos hechos y en varias zonas de la ciudad a los recuperadores que se encargan de facilitar las tareas de reciclaje en Medellín. Según la agremiación, solo en enero pasado 15 recuperadores fueron violentados por funcionarios de la administración Gutiérrez en zonas como El Poblado, Belén, Laureles y el sector de La Macarena.
En otros sectores como Acevedo, decenas de comerciantes informales también denunciaron hace seis meses una estrategia de estigmatización y exclusión por parte de la EDU y de Espacio Público para dejar a decenas de familias sin sustento al ser obligados a salir de la zona aledaña a la estación, donde adelantan obras de Parques del Río Norte.
Lubin Torres, vocero de la organización Familia de la Calle, ha señalado que lo que adelanta la administración Gutiérrez con los trabajadores informales de la ciudad es una política de criminalización avalada en su Plan de Desarrollo con 60.000 intervenciones de recuperación de espacio público, lo que en sus cuentas se traduce en un desalojo cada ocho minutos en la ciudad, algo que –denuncian– viola más de 30 sentencias al derecho al trabajo, al mínimo vital y la confianza legítima.
Los comerciantes han denunciado que Espacio Público está adelantando una persecución bajo prácticas que violan la ley, como desmontar puestos de trabajo y mercancía a medianoche, lo que vulnera el debido proceso. La alcaldía, por su parte, ha defendido sus actuaciones señalando la necesidad de recuperar varias zonas críticas de la ciudad, particularmente en el Centro, tomados de manera desbordada por el comercio informal.