Un grupo de 2.000 firmantes del Acuerdo de Paz adelantan desde la mañana de este martes jornadas de movilización en varios puntos del país. Los excombatientes protestan por lo que señalan como incumplimientos del Gobierno al acuerdo que se pactó en 2016.
Los firmantes adelantan jornadas de movilización, cierres viales y plantones. Denuncian faltas de garantías en seguridad, falta de apoyo para sus proyectos productivos y exigen respeto por los compromisos que ya había adquirido el Gobierno.
“Queremos que los funcionarios del gobierno nos escuchen y cumplan con lo firmado. Estaremos luchando hasta que se nos respeten nuestros derechos, como el de nuestras familias, muchas de estas en situación crítica de vulnerabilidad”, señaló Jairo Bernal, uno de lo manifestantes a Caracol Radio.
Hasta ahora se han registrado manifestaciones en Tolima, Huila, Caquetá, Putumayo y Cundinamarca.
La reducción del presupuesto
El recorte de 28,4 billones de pesos del Presupuesto General de la Nación que anunció el Gobierno en noviembre pasado también afectará a las instituciones comprometidas con la implementación del Acuerdo.
Una de las instituciones que sentirá el golpe será la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN), encargada de garantizar la reintegración a la vida civil de quienes dejaron las armas.
“El recorte del presupuesto de la ARN pasará de 356 mil millones a 91 mil millones para 2025 y pone en grave riesgo la implementación de la política de reincorporación”, señaló un grupo de 70 organizaciones de firmantes de paz en una carta enviada al presidente a principios de enero pasado.
Los excombatientes también advirtieron que la desfinanciación de la ARN y la reducción del presupuesto de la Agencia Nacional de Tierras van a afectar otros proyectos claves para la reincorporación como la compra de predios en Caquetá, Tolima y Arauca para reubicar a excombatientes que fueron víctimas de desplazamiento forzado.
“Bajo la política de Paz Total del Estado y apelando al compromiso de paz del Gobierno del Cambio, expresado en Declaraciones Unilaterales por parte del Presidente ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, creemos que el peso de la crisis fiscal no puede descargarse sobre los hombros de los sectores más vulnerables”, indicaron las asociaciones en un comunicado.
En este punto, el presidente Gustavo Petro se comprometió a que, pese a los recortes del presupuesto general, su Gobierno buscará la manera de no desfinanciar el cumplimiento del Acuerdo de Paz con las Farc.
En julio del año pasado el presidente Petro firmó un decreto que le dio vida al Programa de Reincorporación Integral una iniciativa que, a grandes rasgos, busca que todos los ministerios del Gobierno tengan programas o iniciativas que garanticen de algún modo la reincorporación económica, política, social y comunitaria de los hombres y mujeres que hasta el 2016 estuvieron alzados en armas.
La pretensión es que cada firmante pueda diseñar su plan de reincorporación de acuerdo a sus intereses y a su proyecto de vida. Por ello, se llamó al despliegue pleno de la oferta institucional. Es que no es la misma oferta para un excombatiente que quiera ingresar a la universidad que para otro que busca impulsar su proyecto productivo en una zona rural. Pese a la firma, indicaron los excombatientes, ese Programa de Reincorporación todavía no arranca.
Los problemas de seguridad
Los excombantientes, en varias ocasiones, se han visto obligados a desplazarse por razones del conflicto armado. Ya ocurrió en Santa Lucía (Ituango), en el Yarí, en La Guajira, en el Meta y en el Catatumbo. Son víctimas de amenazas, intentos de reclutamiento por parte de los armados ilegales y desde la firma del Acuerdo de Paz, según el último informe de la Misión de Verificación de la ONU, se han registrado 441 asesinatos de esta población.