Ante el Consejo de Estado fue radicada este lunes una demanda con la que se busca tumbar la controvertida resolución del Ministerio de Agricultura que delimitó unos polígonos para la estructuración de unas Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), con las que el gobierno del presidente Gustavo Petro le metió mano al suelo en 23 municipios del Suroeste antioqueño.
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La demanda fue radicada por la Gobernación de Antioquia este 3 de febrero hacia las 5:00 de la tarde, en un recurso en el que se sostiene que dicha resolución, identificada como la 000377 del 26 de diciembre de 2024, sería ilegal.
Si bien la argumentación completa de la demanda todavía no se ha hecho pública, en la acción la Gobernación argumentó que dicha norma sería “violatoria de los principios y normas constitucionales, legales y convencionales”, infringiría múltiples normas y hasta tendría falsas motivaciones.
Además de abrir un frente en los estrados, la demanda le sube la temperatura a un encuentro en el que varios funcionarios del alto gobierno —entre ellos la ministra de agricultura, Martha Carvajalino; la ministra de Medio Ambiente, Susana Muhamad y el ministro de Comercio Luis Carlos Reyes—, sostendrán este miércoles en municipio de Támesis, para discutir y socializar los alcances de esa polémica norma.
Al encuentro también asistirá el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, con parte de su gabinete, quienes han expresado ampliamente sus reparos ante esa resolución.
La controversia por las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) se remonta al 26 de diciembre de 2024, fecha en la que ministra de Agricultura, Marta Carvajalino Villegas, firmó una resolución en la que se identificó un área de 249.617 hectáreas del Suroeste antioqueño como de interés nacional para la producción de alimentos.
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Dichas tierras, según quedó especificado en esa resolución, están ubicadas en los municipios de Amagá, Andes, Angelópolis, Betania, Betulia, Caramanta, Ciudad Bolívar, Concordia, Jardín, Fredonia, Hispania, Jericó, La Pintada, Montebello, Pueblorrico, Salgar, Santa Bárbara, Támesis, Tarso, Titiribí, Urrao, Valparaíso y Venecia.
Con base en dicha delimitación, el objetivo de esa cartera era el de implementar unas figuras administrativas para “proteger los suelos” con miras a la producción de alimentos.
Si bien dicha norma había quedado en firme a finales de 2024, fue durante las primeras semanas de enero que estalló una amplia controversia pública por sus implicaciones, que a juicio de varias agremiaciones económicas y líderes políticos serían una injerencia en la libertad de los propietarios de la tierra y en cada uno de esos municipios mencionados para determinar qué actividades realizar en sus territorios.
El principal interrogante para muchos propietarios consiste en qué pasaría con otras actividades como la ganadería, la minería y el turismo en caso de entrar en conflicto con las definiciones y planes del Gobierno central.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, planteó por ejemplo que dicha resolución no constituiría más que una injerencia en las competencias de los gobiernos locales para decidir autónomamente cómo ordenar su territorio.
“Es una usurpación del Gobierno Nacional a las autoridades locales, en su lucha ideológica por oponerse al desarrollo de la minería (...). Con el espejismo de regular el subsuelo, que es competencia de la Nación, se están metiendo en cosas que no son de su resorte”, expresó el mandatario departamental.
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“No necesitamos que un burócrata, desde un escritorio en Bogotá, desconociendo las realidades de las regiones, al mejor estilo de los planificadores centrales del socialismo, nos diga qué y cómo hacer que las cosas pasen. Tengamos la conversación de seguridad y soberanía alimentaria con hechos. Detonar la producción agropecuaria no es definir polígonos y usurpar la autonomía territorial”, añadió posteriormente Rendón.
De igual forma, organizaciones como el Comité Intergremial de Antioquia, que reúne a los principales gremios económicos del departamento, señalaron que la resolución abría un frente de incertidumbre para la economía local.
“La gravedad de esta resolución radica en que se afectará la competitividad del departamento y provocará una parálisis en los sectores productivos, generando graves impactos en el tejido empresarial y social en el Suroeste antioqueño”, expresó esa agremiación.
Por su parte, luego de que se produjo la controversia, la ministra Carvajalino defendió la normativa.
“Nuestra definición no limita actividades ni determina usos, y sí nos permite acercarnos a donde hoy se desarrolla la actividad agropecuaria para protegerla. No se restringen usos, no hay relación alguna con procesos de adquisición de tierras”, expresó.
En el marco de esa discusión, el pasado 14 de enero se realizó una reunión en el municipio de Ciudad Bolívar, en la que mandatarios como el alcalde Néstor Camilo Serna, de Betulia, señalaron no encontrar lógicas las recomendaciones de productos cultivables que provenían desde el Gobierno Nacional.
“Para Betulia, esa resolución recomienda sembrar arroz, la gulupa, el lulo, la mandarina, el mango, la naranja valenciana, que es especial, entre otros productos, y por eso estamos altamente preocupados”, expresó Serna.
Para otros municipios como Amagá, la resolución abrió también un frente de incertidumbre por poner en tela de juicio la continuidad de múltiples operaciones mineras, de las que se estima subsisten más de 5.000 familias.
Este cruce de interpretaciones hacen precisamente parte de la antesala de una reunión de socialización que fue convocada para este 5 de febrero en Támesis, en la que se verán funcionarios del Gobierno Nacional con los del Gobierno departamental.Siga Leyendo: Se intensifica debate por expropiación exprés en conmoción interior: ¿Qué implicaciones tiene el decreto?