La investigación sobre la campaña de Gustavo Petro avanza en varias instancias. Una de ellas es la Fiscalía General de la Nación. EL COLOMBIANO conoció que Laura Sarabia, la recién nombrada canciller, pidió a la Fiscalía declarar en el marco de la declaración a la campaña Petro Presidente. La diligencia será atendida este 27 de febrero.
La Fiscalía investiga presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de 2022. La línea de investigación que maneja el ente acusador incluye a varias personas que hoy ostentan un cargo en el Gobierno. De hecho, hace pocos días se produjo una noticia relacionada con este caso porque el hoy asesor Armando Benedetti no se presentó a la citación de la Fiscalía.
Es la segunda vez que el exsenador incumple el llamado a declarar sobre la financiación de la campaña presidencial.
El órgano de control indaga si durante la campaña se cometieron infracciones al régimen de financiación de partidos y movimientos políticos, así como violación de los topes establecidos para el manejo de recursos.
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En este contexto, Benedetti tenía la oportunidad de aclarar su participación en los posibles manejos financieros y su conocimiento sobre el origen y destino de los recursos utilizados.
No hay certeza sobre qué dirá la canciller Sarabia en su declaración, quien lo hace voluntariamente porque es aforada. Es decir, que su juez natural por el cargo que ostenta no es la Fiscalía, sino la Corte Suprema de Justicia, en lo que corresponde a lo penal.
La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que investiga al presidente Petro, realizó una inspección el pasado 28 de enero en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE).
La finalidad de esta inspección era conocer a fondo el expediente de los magistrados Benjamín Ortíz y Álvaro Hernán Prada, en relación con la investigación que el CNE inició sobre el Presidente Gustavo Petro, el exgerente de campaña Ricardo Roa, los auditores y los partidos Unión Patriótica y Colombia Humana por presuntas infracciones en el régimen de financiación de campañas.
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En julio de 2025 vencen los términos para que la investigación al gerente de la campaña de 2022 y al propio presidente Gustavo Petro avance o concluya definitivamente sin ninguna consecuencia; esto último es lo que ha pasado tradicionalmente con todas las campañas presidenciales tanto en el Consejo Nacional Electoral como en la Comisión de acusaciones del Congreso.
La campaña de Petro tuvo enormes vacíos y acciones cuestionables que terminaron trascendiendo en las investigaciones judiciales. Por un lado, el país conoció los sorprendentes audios de Nicolás Petro en conversaciones de pareja con Day Vásquez. Allí ambos hablaban de los aportes del Turco Hilsaca y Santander Lopesierra por alrededor de 1.000 millones de pesos. Ambos personajes son hombres poderosos de Bolívar y La Guajira que en el pasado tuvieron problemas con la justicia. Lopesierra era famoso por el contrabando y fue condenado en Estados Unidos y el Turco Hilsaca estaba siendo investigado por relaciones con paramilitares y homicidios en Cartagena. En este último caso fue absuelto hace algunas semanas.
Los recursos presuntamente no llegaron a la campaña y se quedaron en los bolsillos de Nicolás, que tenía ingresos por 200 millones de pesos al mes, teniendo un salario de diputado de la Asamblea Departamental de no más de 20 millones, de acuerdo con la Fiscalía.