El Fonpet es una bolsa que administra el Ministerio de Hacienda en donde están los recursos de los departamentos y municipios de las pensiones que estos entes territoriales pagan desde antes de que entrara en vigencia la ley 100 de 1994. Ese fondo maneja alrededor de 63 billones de pesos.
A dos días de concluir el 2024, el 29 de diciembre, el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, al despedirse de su cargo escribió un comentario anexo en la página 88 de su informe de gestión llamando la atención sobre tres puntos que no incluyeron: “No hay: 1. evaluación del flujo de recursos entre abril 30 de 2023 y diciembre 8 de 2024, ¿cuánto había y cuánto quedó? 2. Las diferencias con Amézquita por $23.000 millones que, dicen, yo desaparecí. 3. Avances de la licitación y problemas de las anteriores”.
Los $23.000 millones a los que se refiere el exministro Bonilla en el segundo punto son el mismo monto del cual habló este diario el 22 de diciembre de 2024 en una investigación que incluye audios y actas de reuniones entre la auditora Amézquita –mencionada por Bonilla en el informe de gestión– y la funcionaria Flor Esther Salazar, directora de la Dgress (Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad Social) que es la supervisora funcional del Fonpet.
En los audios quedaría en evidencia un presunto “desfase” de las cifras del portafolio que administra el Fondo y cierto desorden administrativo: “(...) ese ‘59.774’ (billones) es el valor del portafolio a 19 de diciembre (de 2023), o sea es cierto que el valor del portafolio y el valor del Fonpet era ese que está ahí, ¿59.774? (...) yo debo decir que en estos momentos me estoy enterando de esta situación al pedir el informe”, dice Salazar, quien es la “competente contractual” del Fonpet. Y el funcionario de la auditora responde: “No, era ‘59.797’. Ciro Contreras (excoordinador del Fonpet) nos dijo que el valor por el que iban a pasar el portafolio era $59.774.164.031. Eso fue una decisión, según nos indicó Ciro, que la tomaron desde el Ministerio”, dice uno de los audios.
La directora Salazar en diálogo informal con este diario insiste en que ese dinero no se ha perdido, que en la reunión estaban hablando de temas de valoración del portafolio, que en ningún momento se habló de que se hubiera perdido plata y que al final de esa misma reunión todas las dudas que ella tenía se aclararon. “Lo cierto es que no se ha perdido absolutamente nada”, insiste.
En su momento, tras la primera entrega de la investigación, Hacienda también dijo que ese dinero no había desaparecido, pero no respondieron por qué la auditoría de Amézquita expuso ese desfase. De hecho, en el informe de gestión de Bonilla se cita una certificación de la Auditoría emitida en diciembre de 2024, sin especificar fecha, sobre la cual fuentes de Amézquita le dijeron a este diario bajo reserva “se nos pidió luego de la publicación de la investigación periodística” y que “no había mucho ánimo para emitir esa certificación”.
Al interior de Hacienda, la revelación produjo una “cacería de brujas” para determinar si algún funcionario había filtrado la información. “A través de la oficina de tecnología del Ministerio, recogieron los portátiles y los metieron en bolsas negras y se quedaron con ellos varios días para investigar. Incluso dijeron que el Gaula de la Policía ya estaba informado de la situación”, dice un funcionario que prefiere no revelar su identidad por temor a represalias.
En efecto, según un documento en poder de este diario, la funcionaria Flor Esther Salazar, pidió a Hacienda un “análisis forense” porque la noticia “se produjo en un momento sensible para nuestra administración”. Al mismo tiempo, entre diciembre y enero, salieron cinco funcionarios de esa Dirección. Esa oficina ha sido cuestionada antes por problemas con los giros de los recursos del pasivo pensional de las entidades territoriales. A tal punto que en el Congreso cursa un proyecto de ley en segundo debate para quitarle a esa cartera el manejo del Fondo.
Salazar hace parte de un grupo numeroso de funcionarios de Hacienda –como el exministro Bonilla y el actual ministro Guevara– que provienen de la Universidad Nacional, ella en particular era profesora de este centro educativo, y según funcionarios de la cartera, “son intocables”.
En concreto, sobre Salazar, hay denuncias de presunto acoso laboral y maltrato radicadas en control interno y ese mismo comportamiento habría generado su salida del Ministerio del Trabajo cuando ejercía el cargo de viceministra de empleos y pensiones. “Es tal la resistencia que produce, que la ministra Gloria Inés Ramírez no acepta reunirse en la misma mesa con ella. Y eso ha traído problemas cuando se trata de hablar de la reforma pensional y se necesita coordinación entre ambas carteras”, dice otra fuente.
EL COLOMBIANO conoció que en las últimas semanas se vienen presentando aún más quejas en el Fondo que ya no solo tienen que ver con los $23.000 millones. De hecho, a principios de enero de este año, la Procuraduría le envió un documento al ministro de Hacienda, Diego Guevara, en el que le hace varias solicitudes relacionadas con información del Fondo: “Informar si la situación descrita está poniendo en riesgo el giro de los recursos a las entidades territoriales y sus descentralizadas” y califica como “grave” lo revelado por este medio.
“A pesar de haber solicitado información desde principios del año pasado y posteriormente a la Directora General de Regulación Económica de la Seguridad Social (Dgress) (...) no hemos recibido respuesta, por lo que se hace necesario elevar la siguiente solicitud directamente a su Despacho (...) Desde el año 2024 la Dgress ha adelantado varios procesos de licitación pública para la administración de los recursos del Fonpet; sin embargo, para la fecha no conocemos si fue adjudicado el proceso de aproximadamente $46,8 billones que se encontraban pendientes por administrar en ese Fondo lo que podría ocasionar impagos de los giros a las pensiones que efectúan las entidades territoriales a través de los recursos”, dice el documento de la Procuraduría.
Según reportó Valora Analitik hace un par de días, cambió el cronograma y se recibirán propuestas de los oferentes para el 7 de febrero. La fecha estimada de adjudicación, tras retrasos y cuestionamientos, sería el 3 de marzo.
Sin embargo, el Ministerio Público ha hecho más solicitudes a Hacienda, la última con fecha del 24 de enero, en la que cuestiona la forma en la que actualmente se está haciendo el cálculo actuarial–estudio que determina el valor de las obligaciones futuras de pago de pensiones–, pues los funcionarios habrían cambiando presuntamente sin justificación la manera en la que se hace ese cálculo.
Precisamente, a mediados del pasado mes de enero, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, como parte del comité directivo del Fonpet en representación de los entes territoriales, hizo una queja pública: “El Ministerio de Hacienda cambió, sin consulta previa, la forma de calcular los recursos para el pago de pensiones, poniendo en riesgo las mesadas de miles de pensionados que durante años ahorraron con la esperanza de recibir lo que les corresponde. Debido a esta decisión, los departamentos hemos tenido que usar recursos destinados a otros proyectos, generando un déficit de 11 billones de pesos que afecta gravemente nuestra estabilidad financiera”, dice el mensaje publicado en redes sociales, acompañado de un video en el que la gobernadora Toro le pide al ministro Guevara “que le ponga mucho cuidado a eso. Yo sí voy a pelear eso porque esa es la plata de nosotros, es el ahorro de nosotros (...) perdón termino”, dice mientras una funcionaria de Hacienda la intenta interrumpir.
EL COLOMBIANO habló con la gobernadora Dilian Francisca Toro para profundizar sus quejas frente a lo que está sucediendo con el Fonpet: “Hemos evidenciado algunas circunstancias que nos preocupan, primero porque es un organismo técnico del ministerio más importante del país, segundo porque tienen 25 años de experiencia en la administración de nuestros recursos, pero no es posible que hoy se presenten fallas administrativas”, dice la gobernadora y enlista cuatro “fallas” que este diario investigó.
Primero, el presunto incumplimiento del término legal para el registro de los pasivos pensionales de los sectores salud y educación de las entidades territoriales. Este debe hacerse a más tardar el 31 de mayo de cada vigencia y con esa información se revela lo que llaman técnicamente “el cubrimiento del pasivo pensional” que sirve como base para el giro del retiro de los recursos para el pago de mesadas pensionales a los maestros: “Este cubrimiento solo nos fue informado el 25 de noviembre 2024, argumentando que el Fomag de manera extemporánea entregó el cálculo del sector educación en septiembre. Lo cual es una falla porque el Ministerio no solo tiene representación en el Consejo Directivo del Fomag, sino que también tiene asiento en la Fiduprevisora, entidad que tiene a cargo el Fomag”, dice la mandataria.
Además, este diario logró establecer que se vienen presentando retrasos en el giro para el pago de las mesadas pensionales, según varios casos. “Las mesadas se deben pagar sagradamente a los pensionados cada mes de manera oportuna. Situación que se agravó porque nos llegaron menos recursos de los anunciados. No solo nos impactaron fiscalmente, sino que algunas entidades generaron déficits por el menor ingreso recibido”, agrega Toro.
Los otros dos cuestionamientos para Hacienda tienen que ver con “decisiones inconsultas” como el cambio de la metodología que está establecida para determinar el pasivo pensional.
“Ni el Comité Directivo del Fonpet, ni los departamentos fuimos informados previamente. Esta situación nos impactó de manera negativa las finanzas, en algunos departamentos se generaron déficits y lo más grave fue que se incrementó el pasivo pensional de las entidades en 11 billones de pesos”, precisa la gobernadora. En efecto, esa decisión de la dirección del Fonpet también afectó a otros departamentos como Córdoba y Cauca, que al no recibir recursos, agravan la crisis para sus pensionados.
En el Valle, según cifras de la Gobernación, se incrementó el pasivo pensional en 1.3 billones de pesos por el cambio de metodología: “Estamos reclamando que se nos informe por qué cambió la metodología establecida por la ley y cuáles fueron las variables que explican esos incrementos tan exagerados”. La gobernadora Toro dice que ha evidenciado “situaciones administrativas que se deben corregir al interior del Fonpet (...) este es un componente fundamental de la estabilidad financiera del país”. Pero hay más.
Para administrar el 100% de los recursos del portafolio del Fonpet se abrió una licitación pública el 31 de mayo de 2023, pero se declaró desierta por falta de oferentes. También se declaró desierta la licitación del 16 de febrero de 2024. Según varias fuentes consultadas, esto se debe a otros problemas administrativos pues no se habían liquidado los cinco contratos anteriores.
“Las administradoras de los contratos terminados el 25 de abril de 2023 estaban en alerta debido a que se había anunciado en mayo un presunto incumplimiento por parte del Consorcio SOP 2012, que en agosto de 2023 se abrió el proceso sancionatorio contra el CORSORCIO SOP y que –solamente– hasta el 30 de julio de 2024 (más de 1 año después) la Dgress declaró que no se podía demostrar una responsabilidad al Consorcio”, dice un empresario.
Esto habría generado que las entidades territoriales no estén recibiendo los mismos rendimientos que antes porque no se ha logrado adjudicar el 75% del portafolio que tiene el Tesoro Nacional (el 25% restante lo maneja el consorcio Prag, conformado por dos fiduciarias públicas: Fiduprevisora y Fiduagraria). Solamente hasta el segundo semestre de 2024, finalizando el año, se liquidaron cuatro de los cinco contratos de administración del portafolio del Fonpet.
“Eso es por una mala planeación por parte de MinHacienda y la Dgress. Desde abril de 2023 a la fecha, no logran salir adelante con ese proceso de licitación”, agrega la fuente. De hecho, la Contraloría registró un hallazgo administrativo por esos retrasos.
Sobre Flor Salazar hay más cuestionamientos. Según los Planes Anuales de Adquisición (PAA) 2023, 2024 y 2025, publicados en SECOP II, los recursos destinados a contratos de prestación de servicios en la Dgress se han duplicado bajo la dirección de Salazar. Pasaron de 58 contratos en 2023 a 103 en 2024, es decir $1.437 millones más respecto al año anterior.
EL COLOMBIANO buscó al exministro Ricardo Bonilla quien al cierre de esta edición no ha respondido las preguntas formuladas. Por su parte, el Ministerio de Hacienda respondió un cuestionario en el que dicen que “no ha existido pérdida, disminución, menoscabo o irregularidad alguna que afecte los recursos del Fonpet” y anuncian que le solicitaron a la Contraloría “se practique una auditoría de cumplimiento al manejo de este fondo, para que dentro del ámbito de sus competencias emita un informe sobre esta situación, el cual estamos seguros despejara cualquier duda o inquietud sobre el particular”.
También argumentan que “a la fecha este Ministerio no ha sido notificado por parte de entidad de control o autoridad alguna sobre la existencia de investigaciones que tengan como fin establecer la presunta existencia de las irregularidades”.
Sobre las críticas de la gobernadora Toro señalan que “La señora Gobernadora del Valle, forma parte del comité directivo del FONPET, y asiste a las sesiones programadas de este comité, en dicho comité se rinde un informe pormenorizado de los asuntos propios de la administración del FONPET”.