Pasó prácticamente inadvertida la noticia de que hace diez días removieron a ocho escoltas del esquema de protección de la familia presidencial. El pasado 4 de febrero, la atención del país estaba puesta sobre la inédita transmisión del Consejo de Ministros cuyos efectos aún se padecen en el Gobierno. Uno de los últimos funcionarios que intervino esa noche fue Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y hombre de confianza del presidente Gustavo Petro desde hace más de 35 años cuando ambos militaban en la guerrilla del M-19.
Rodríguez se unió a las críticas de otros miembros del gabinete que hicieron pública su molestia por la presencia de Armando Benedetti como jefe de despacho presidencial y Laura Sarabia como ministra de Relaciones Exteriores. Pero el director de la UNP fue más allá y destapó un escándalo que hasta ahora el país está conociendo: “No sé en qué va a terminar el tema de las investigaciones que hay. Pero comenzaron con él (Benedetti). El tema del señor ‘Pitufo’ comenzó con él y no sé dónde van a terminar. Pero en la primera reunión que supe que hubo, estuvo el señor. Y lo puedo sostener”, señaló Rodríguez quien se refería a Diego Marín Buitrago alias Papá Pitufo. Conocido como el zar del contrabando, Marín entregó $ 500 millones de pesos para la campaña presidencial de Petro en 2022, aunque según el jefe de Estado fueron devueltos.
Pocos minutos después de esa intervención de Rodríguez, al filo de esa fatídica noche, un grupo de escoltas de la UNP recibieron un mensaje en su celular que los tomó por sorpresa: “Buenas noches, señores. Por directriz de jefatura de Presidencia de la República, los siguientes señores deben presentarse a su respectiva entidad que los contrató para que hagan entrega de sus elementos de servicio”, según reveló El Tiempo.
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EL COLOMBIANO investigó y habló en exclusiva con algunos de esos escoltas para conocer el detrás de escena de su salida de Presidencia y encontró algunos detalles que vuelven a llamar la atención sobre el manejo de la seguridad y protección en la Casa de Nariño. Este diario se abstiene de publicar varios elementos por tratarse de temas catalogados como seguridad nacional. Así mismo, los escoltas que accedieron a hablar lo hacen bajo reserva por temor a represalias en su contra, incluyendo la no eventual contratación para futuros empleos en ese sector.
“La mayoría de nosotros estábamos en el esquema del señor presidente Petro desde hace 8, 7 o 5 años. Al inicio de este Gobierno fuimos repartidos en los esquemas de la familia presidencial. Pero estamos muy decepcionados porque no hicimos nada indebido y decidieron sacarnos, no para rotación como dicen, sino al desempleo esperando a ver si nos vuelven a llamar”, dice uno de ellos.
En medio de su molestia, expresan algunas críticas que vienen desde antes como el hecho de que los policías, desde el inicio de este Gobierno, habrían sentido que los relegaron para darle más poder a escoltas de la UNP asignados por Augusto Rodríguez, algunos de ellos exmiembros del M-19 de avanzada edad.
Este sería un nuevo episodio de guerras internas entre miembros de la UNP y Policía, que coincide con la molestia expresada por Rodríguez al presidente Petro, aunque Presidencia en respuesta a este diario señaló que no tenía nada que ver y que la decisión ya estaba tomada semanas antes (ver nota inferior). Lo cierto es que no es la primera vez que hay quejas y presuntos líos con el manejo de los esquemas de seguridad en la Casa de Nariño.
“Esto es una escuela y llegaron personas a aprender. Han puesto a patrulleros que no tienen conocimiento en protección y algunos de ellos sin licencia de conducción. Como escoltas de la UNP hemos tenido que afrontar varias situaciones para las cuales los policías no están preparados”, dice otro de ellos. Este diario confirmó esa misma información con funcionarios de Presidencia que califican como “canibalismo” lo que se vive entre los funcionarios de seguridad que protegen al mandatario y su familia.
Por el lado de los policías, según dice bajo reserva una oficial, “nos someten a turnos extenuantes, nos queman, pero nosotros sí estamos preparados porque para eso hicimos el curso”.
Esas diferencias, que existen desde el inicio del mandato del presidente Petro, se ven reflejadas en decisiones que los escoltas removidos cuestionan: “A nosotros nos sacó el señor Luis Enrique Ossa, que es un funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia y que no tiene la preparación para estar en ese cargo”.
Ossa, según conoció EL COLOMBIANO, fue quien envió el mensaje a altas horas de la noche del 4 de febrero saltándose el protocolo. Entre otras cosas porque la DNI no sería la encargada de tramitar ese tipo de procesos sino la Jefatura de Protección Presidencial (JPP) que ahora está al mando del General Brigadier Pedro Arnulfo Sánchez —conocido por liderar la operación para rescatar a los cuatro niños perdidos en el Amazonas— nombrado en ese cargo hace tan solo un mes. Sánchez reemplazó al coronel Carlos Feria, un hombre de la Policía que llevaba trabajando varios años para la familia Petro y salió de su cargo para ocupar un puesto en una misión diplomática. Feria es investigado por el caso del polígrafo a la niñera Marelbys Meza, exempleada de Laura Sarabia.
A pesar de que en el papel es la JPP quien debe tomar decisiones como la remoción o rotación de escoltas, en la práctica lo hace un funcionario de la DNI, Luis Ossa. Esa entidad está al mando del abogado Jorge Lemus, exmiembro del M-19, pero antes estuvo dirigida por otro exintegrante de esa guerrilla como Carlos Ramón González, salpicado en el caso de corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo. Este diario se intentó comunicar con Ossa para conocer su versión, pero al cierre de esta edición no ha respondido los mensajes y llamadas.
“El doctor Petro dice que cree en las segundas oportunidades como en el caso del señor Benedetti y nosotros que no hicimos nada, le hemos servido por años y nos sacan, ¿por qué sí hay segundas oportunidades para él pero no para nosotros?”, dice otro de los escoltas removidos.
No es un caso aislado
Este episodio reciente no es aislado y vuelve a prender las alarmas sobre la forma como se maneja la seguridad presidencial bajo este Gobierno.
La diferencias entre policías y escoltas empezaron a conocerse en marzo de 2023 cuando un hombre que pidió cita con el presidente Petro logró ingresar un pistola automática hasta el despacho presidencial sin ser detectado. Según la persona lo hizo “para probar la fallas” en el protocolo.
Más recientemente, en junio del año pasado, EL COLOMBIANO reveló que fueron removidos más de 30 escoltas del esquema de la Primera Dama, Verónica Alcocer. La barrida incluyó la denuncia en Procuraduría por presunta extralimitación de funciones de funcionarios de Policía con escoltas de la UNP. Pero también evidenció un episodio de “guerra fría” en Palacio pues tanto Alcocer como Sarabia —entonces directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre)— habrían pedido tener menos funcionarios UNP asociados a Augusto Rodríguez.
De hecho, en diciembre pasado este diario reveló que algunos de los miembros de la seguridad presidencial por parte de la Policía han manifestado en voz baja su preocupación porque Petro ha decidido viajar en otros aviones diferentes a los establecidos, es decir, aeronaves privadas. La molestia se extendió hasta la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) que le habría hecho saber a Presidencia su preocupación.
Rodríguez le confirmó a Noticias RCN que efectivamente el mandatario ha tenido que utilizar aviones privados por “fuga de información y seguridad”. Incluso, según ese medio, habría tenido que cambiar itinerarios a última hora, pues Petro y Rodríguez están en modo alerta por un posible plan para asesinar al jefe de Estado. Él mismo lo ha denunciado públicamente. Entre las razones de los cambios de aviones presidenciales a aviones privados estaría que los de la FAC, según la UNP, son más fáciles de rastrear por organismos de inteligencia nacionales y extranjeros, lo que facilitaría que el mandatario fuera un “blanco fácil”.
Sin embargo, para la FAC representa un riesgo que en Colombia (y en cualquier lugar del mundo), el presidente Petro no se transporte en aviones oficiales porque no pueden garantizar su seguridad. Quienes conocen de cerca a Petro aseguran que su personalidad, con o sin razón, siempre ha sido en exceso precavida y desconfiada, pero que además le molesta el exceso de protocolos y solemnidad que carga la figura presidencial. Para tomar precauciones al respecto, encomendó su seguridad a Augusto Rodríguez, de su absoluta confianza. Pero recientemente eso ha cambiado.
¿Pierde poder Rodríguez?
En el fallido Consejo de Ministros, quienes se atrevieron a criticar al jefe de Estado fueron acusados de sectarios. “Yo no soy ningún sectario y no permito que se compare al señor Benedetti con Jaime Bateman (excomandante del M-19)”, dijo Rodríguez.
Ahora, el fuego amigo en Presidencia tiene a un nuevo protagonista que ganó poder después de esa noche: Armando Benedetti, jefe de despacho presidencial. Su presencia en la oficina del tercer piso de Palacio, a pocos metros del mandatario, no es simbólica. Benedetti es la nueva mano derecha de Petro quien nombró a Angie Lizeth Rodríguez, una asesora del Ministerio de Salud como directora del Dapre y desconocida para la opinión pública. Lo poco que se sabe de ella es que es cercana al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, pero se encargará más de asuntos administrativos y no políticos como lo pretendió Jorge Rojas que solo duró una semana en ese cargo. Esta semana, además, Rodríguez decidió librar públicamente su pelea con Benedetti publicando un largo comunicado sobre la presunta financiación de ‘Papá Pitufo’ en la campaña de 2022 y una foto de jefe de despacho presidencial y del catalán Xavier Vendrell en Palacio el día del Consejo de Ministros. Mientras tanto, en medio, quedan funcionarios como los escoltas que removieron hace pocos días.
“El Consejo de Ministros nada tuvo que ver con la rotación del personal”: Presidencia
Para conocer su versión sobre estos hechos, EL COLOMBIANO le envió un cuestionario a Presidencia. En concreto, respondieron a través de la Jefatura de Protección Presidencial (JPP), que es la oficina que coordina todo lo relacionado a la seguridad y esquemas de protección de los miembros de la familia presidencial.
¿Por qué retiraron de su cargo a ocho escoltas de Presidencia con un mensaje casi a la media noche del 4 de febrero, día del Consejo de Ministros, y que llevaban años trabajando para el esquema de la familia del presidente Gustavo Petro?
”La administración del talento humano que hace parte de la protección presidencial, es una responsabilidad constante para garantizar la seguridad presidencial; (presidente y familia, vicepresidente y familia y altos funcionarios), de acuerdo a necesidades institucionales para la salvaguarda del derecho a la vida, integridad, seguridad personal y libertad individual de nuestra población objeto de implementación de medidas protectivas. Con base en lo anterior, es necesario aclarar que el Consejo de Ministros nada tuvo que ver con la rotación del personal de la Jefatura para la Protección Presidencial (JPP), cuya decisión es netamente autónoma del Jefe para la Protección Presidencial, la cual es neutral ante cualquier factor político. En ese sentido, aunque la decisión fue notificada formalmente en la mañana del 5 de febrero, su estudio se inició semanas antes en trabajo armónico con la Unidad Nacional de Protección (UNP)”.
¿Fueron reemplazados por escoltas UNP o policías?
“La rotación de integrantes de protección presidencial se realizó con personal de la Policía y la UNP”.
Algunos de ellos señalan que la decisión fue tomada desde la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) por el funcionario Luis Enrique Ossa, ¿es cierto? Si es así, ¿por qué interviene la DNI?
“No es cierto. La decisión fue tomada por la Jefatura para la Protección Presidencial, acorde a los análisis internos que realiza el equipo de trabajo de esta Jefatura en coordinación y articulación armónica con la UNP”.
¿Es cierto que cada vez salen más escoltas UNP del esquema presidencial y son reemplazados por policías que no tendrían los seminarios y cursos de protección?
“Es falso. La JPP está integrada por personal de 6 instituciones: Policía Nacional, Ejército Nacional, Armada Nacional, Fuerza Aeroespacial Colombiana, Unidad Nacional de Protección Presidencial y Dirección Nacional de Inteligencia. La proporción de participación de personal de esas instituciones en la JPP corresponde a los respectivos roles misionales para mitigar los riesgos y/o amenazas que presenta el contexto actual. Así mismo, todos los integrantes de protección presidencial deben cumplir unos estándares para que puedan operar como un equipo cohesionado, aunque vengan de varias instituciones y tengan diferentes tareas. Para el caso del personal de policías, ellos tienen capacitación en protección; curso de seguridad y protección a personas, curso de seguridad a personas e instalaciones, así como seminarios de protección, dictados por la Dirección Nacional de Escuelas de la Policía Nacional, Escuela de Protección y Seguridad (ESPRO), la cual es un referente Internacional por sus altos estándares de calidad”.
¿Algunos de esos escoltas que son policías no tienen licencia de conducción?
“Todos los hombres y mujeres integrantes de protección presidencial que tienen a su cargo la conducción de vehículos, tienen la respectiva idoneidad contando con su respectiva licencia de conducción, pero sobre todo, el entrenamiento para actuar con los estándares que exige esta actividad de alto riesgo”.
¿Por qué han cambiado, a través de dos decretos distintos en este Gobierno, que las facultades para escoger el personal sean por parte de Policía? ¿Había o hay fuga de información de escoltas de la UNP?
“El personal que integra la JPP tiene implícitamente dos niveles de selección. El primero a cargo de cada institución como organismo de Seguridad del Estado; (PONAL, EJC, ARC, FAC, UNP y DNI) y el segundo a cargo de la JPP, de conformidad a procesos y procedimientos establecidos para tal fin”.
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