Sandra Ortiz, la influyente política de Boyacá, está contra las cuerdas. El avance de la investigación por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) la obliga a escoger entre dos caminos: romper el silencio para salvarse o seguir protegiendo a otros posibles implicados, como lo ha hecho desde que su nombre apareció en el escándalo.
Ortiz estaría dispuesta a delatar a otros implicados en la red de corrupción, incluido el exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, con la intención de obtener beneficios judiciales.
Hace un año, la poderosa boyacense no habría imaginado que terminaría presa y señalada de corrupta. Disfrutaba de su mejor momento político, con influencia, proyección y el respaldo de las altas esferas del poder. Pero lo que parecía una carrera en ascenso se convirtió en una caída libre. Ahora, lejos de la comodidad del poder, enfrenta un futuro incierto, donde el silencio no ha sido un buen aliado.
La exconsejera para las Regiones del Gobierno de Gustavo Petro avanza en negociaciones con la Fiscalía para firmar un principio de oportunidad. A cambio, no solo admitiría su responsabilidad en los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias, sino que también delataría a otros posibles corruptos, entre funcionarios y exfuncionarios, algunos ya señalados y otros aún en la sombra.
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Pero no sería gratis. Este diario conoció que la exconsejera exige inmunidad total: ni cárcel ni condena a cambio de revelar todo lo que sabe. Una exigencia que, hasta ahora, ha frenado el acuerdo y dejado en vilo su futuro judicial.
En su abanico de colaboración, la pieza más llamativa es la información sobre la supuesta participación de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), en la red de corrupción de la UNGRD.
Durante meses, Ortiz se mantuvo firme en su defensa, insistiendo en que ni ella ni González habían cometido actos ilegales. Pero ahora, encarcelada y con una acusación en su contra, parece dispuesta a dar un giro en su versión. De hecho, en sus primeras declaraciones, intentó desviar la atención asegurando que el escándalo de la UNGRD no era más que una cortina de humo para encubrir un hecho aún más grave.
Ahora, su colaboración apuntaría a respaldar las declaraciones de los exdirectivos de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes aseguran que Carlos Ramón González no solo daba las órdenes, sino que también la citaba a desayunos y reuniones en las que se concretaba la repartija de contratos y sobornos.
Según la Fiscalía, entre las órdenes que Ortiz habría recibido estaba la de entregar un soborno de $3.000 millones al senador Iván Name para asegurar su voto a favor de las reformas del Gobierno.
“Carlos Ramón González le indicó a usted (Sandra), presentar a Name con Olmedo, para lo cual debía encargarse de organizar un desayuno para el día 25 de septiembre siguiente con el fin de generar confianza, siendo tal su influencia que este hecho se materializó. Usted, siguiendo las instrucciones de Carlos Ramón González, programó efectivamente para el 25 de septiembre de 2023 el desayuno en la habitación 2312 de Residencias Tequendama, donde usted residía, con el propósito de presentar a Iván Leonidas Name Vázquez con Olmedo de Jesús López”, dijo la Fiscalía durante la imputación de cargos a la exconsejera.
González le habría encomendado esta tarea, aprovechando la relación de confianza que Ortiz tenía con Name, con quien había compartido en su paso por el Congreso.
“Con el senador Iván Name llevamos más de 12 años siendo compañeros en el partido Verde. Hemos tenido una muy buena relación porque yo era su compañera de silla, entonces eso hizo que nosotros tuviéramos una amistad muy chévere”, dijo en una entrevista Ortiz sobre su relación con Name.
Según la investigación, en la UNGRD se habría conformado una estructura criminal para desviar dinero de contratos destinados a la atención de emergencias y desastres naturales. En este esquema habrían participado funcionarios de la entidad, incluido su director y subdirectores, además de congresistas y miembros del Gobierno.
El objetivo era asegurar mayorías en el Congreso a favor del Gobierno. Cuando los desembolsos de los contratos no coincidían con el momento en que debían pagarse los sobornos, la misma red, según las pesquisas, recurría a prestamistas para cubrir los pagos. Uno de ellos, presuntamente, era el propio Carlos Ramón González.
Esa sería una de las novedades que estaría dispuesta a entregar Sandra Ortiz en su negociación con la Fiscalía.
En detalle, revelaría cómo Carlos Ramón González, junto al exsenador Pedro Castro, habrían prestado $4.000 millones para el pago de sobornos a congresistas antes de las elecciones de octubre de 2023, mientras se liberaban los fondos desviados de los contratos.
Aunque González Merchán, hombre de confianza del presidente Gustavo Petro, también exdirector de Inteligencia Nacional, ha sido mencionado en múltiples ocasiones dentro del escándalo, hasta el momento no ha sido vinculado formalmente a ninguna investigación.
Por eso, la declaración de Sandra Ortiz marcaría un punto de inflexión en el caso, considerado el escándalo más ruidoso en el Gobierno Petro.
Se convertiría en la tercera persona en aportar detalles sobre la trama, después de que Olmedo López y Sneyder Pinilla se acogieran como testigos de la Fiscalía. Su testimonio podría consolidar las acusaciones contra otros implicados y abrir nuevas líneas de investigación.
Si se concreta el acuerdo con la Fiscalía, Ortiz también deberá entregar información sobre su amigo, Iván Name, señalado de haber recibido el soborno en dos entregas de $1.500 millones cada una. Según las pesquisas, estos recursos habrían sido utilizados para financiar la campaña de su hija, María Clara Name, al Concejo de Bogotá en las elecciones de 2023.
Por estos hechos, Name enfrenta una investigación en la Corte Suprema de Justicia.
“Debido a la premura con que los congresistas mencionados exigían los recursos, durante el mes de septiembre, Carlos Ramón González y Olmedo de Jesús López Martínez variaron la oferta dirigida a Name Vásquez a una suma en efectivo de 3 mil millones de pesos y a Calle Aguas por una de mil millones de pesos, dinero que sería obtenido de recursos provenientes de la contratación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y que Olmedo López entregaría”, añadió la Fiscalía en la audiencia en la Ortiz se declaró inocente.
A Ortiz se le agota el tiempo
A la exconsejera le queda poco tiempo para decidir. La Fiscalía ya radicó el escrito de acusación en su contra ante un juzgado de conocimiento en Bogotá, y su margen para obtener beneficios se reduce. Solo podrá aspirar a un trato favorable antes de que el escrito se formalice en audiencia pública; si esa diligencia se lleva a cabo, perdería la posibilidad de inmunidad total. Sin embargo, aún podría negociar con la Fiscalía en cualquier etapa del proceso, aunque con condiciones menos favorables.
Esta, sin embargo, no es la primera vez que Sandra Ortiz amaga con colaborar. Ya lo hizo en agosto de 2024, tras el asesinato de Juan Sebastián Aguilar, “Pedro Aguilar”, un reconocido jefe de las esmeraldas que trabajó en su momento en el esquema de seguridad de Víctor Carranza y al que un francotirador le disparó en su casa, ubicada en un lujoso condominio de las montañas del norte de Bogotá. Aguilar fue su pareja sentimental. “Hace muchos años me lo presentó en el Congreso. Ella decía que era su novio”, dijo una fuente que prefirió no revelar su identidad.
En ese momento, aún en libertad y en pleno duelo, Ortiz sostuvo una reunión con la Fiscalía en la que no hizo ningún aporte.
“Inicialmente ella quiso hablar después de la muerte de Pedro Aguilar, quiso hablar de la generalidad del entramado de corrupción, pero posteriormente en una reunión donde se quiso avanzar en ese tema no aportó ninguna verdad y dijo que mejor se iba a atener a los resultados de la investigación y ha sido es vacilante en su supuesta colaboración”, informó una fuente cercana al proceso a este diario.
Para obtener inmunidad total, como lo reclama, la exfuncionaria deberá aportar información inédita y revelar nombres de implicados que hasta ahora no han sido mencionados en el escándalo.
Recientemente, Olmedo López dijo que “Ortiz tiene mucho que contarle al país. Su voz es fundamental para esclarecer la verdad”.
Y agregó: “Colombianos, la doctora Sandra Ortiz tiene mucho que contarle al país. Desde aquí, hago un llamado urgente para que se le brinden todas las garantías y seguridad necesarias, tanto para ella y su familia. La justicia solo es posible cuando quienes hablan cuentan con protección y respaldo”, dijo López en un video desde su lugar de reclusión.
Antes de eso, Sandra Ortiz hacía público su rechazo hacía López por las acusaciones que hacía en su contra.
“Olmedo es un ex M-19. Una persona que tenía en su cabeza no ser senador, sino ser presidente de este país. Me lo dijo muchas veces. Incluso, él me habló muchísimas veces que tenía más de, no sé, 80, 90 candidatos a alcaldías en las elecciones de octubre. Él me habló que estaba armando un equipo político. Estaba pensando en sus preferencias personales. Y él abusó de la confianza del señor presidente. Y cogió esa unidad para sus negocios personales”, decía la exfuncionaria meses atrás.
La exconsejera está privada de la libertad desde el pasado diciembre cuando una jueza decidió enviarla a la Escuela de Caballería en Bogotá. En ese momento su defensa apeló al hecho de que era madre cabeza de hogar para solicitar la prisión domiciliaria, lo cual le fue negado.
“Ella no puede ahora venir a decir que es madre cabeza de hogar porque no lo es, ella es mamá pero no vive con sus hijos, ellos están en Boyacá mientras la señora Ortiz siempre ha trabajado en Bogotá donde está radicada”, dijo en la audiencia de medida de aseguramiento Pablo Bustos, de la Red de Veedurías.
Una vez estalló el escándalo de la UNGRD, su cabeza fue la primera que rodó.
“Ella es una mujer que seguramente no hizo eso por sí misma, Sandra es una política que sigue órdenes. No la veo haciendo esas cosas por su cuenta”, dijo otra fuente que la conoce en su profesión de tiempo atrás.
En efecto, los testimonios y pruebas indican que su rol se habría centrado en actuar como mensajera y encargada de transportar las tulas negras con el dinero del soborno presuntamente entregado al senador Name en su apartamento.
Sin embargo, su disposición a revelar detalles clave no ha estado exenta de riesgos. Trascendió que ha sido objeto de intimidaciones y presiones por el calibre de la información que estaría a punto de destapar. Ante esto, su defensa ha solicitado el refuerzo de su seguridad y la de su familia. Con su posible declaración, el país estaría a días de conocer hasta dónde llegan los tentáculos de este escándalo de corrupción.
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