Nadie es consciente del peligro del fuego hasta que empieza a oler su propia “chamuscada”. Esa conclusión se puede desprender de la actual puja que se da en el municipio de Granada por parte de su cuerpo de bomberos voluntarios ante la Alcaldía para conseguir los recursos que necesitan para atender las emergencias y que hasta ahora siguen sin ser girados, por lo que el asunto llegó a los estrados.
El suceso se remonta a abril de 2024 cuando la comandante de los bomberos granadinos, Paola González, interpuso una demanda contra la administración del alcalde Daniel Hoyos Yepes debido a que no se llegaba a un acuerdo para realizar el contrato para la atención de emergencias.
En octubre, el Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó al municipio y a la Gobernación garantizar la prestación continua del servicio de bomberos en Granada por medio de su financiación. La situación se “solventó” en diciembre cuando la Alcaldía giró apenas $24 millones para cubrir las afugias económicas de los bomberos por lo que quedaba de ese año.
Para 2025, y siguiendo el proceso jurídico, el cuerpo de bomberos voluntarios envió una propuesta de trabajo para realizar el contrato para la atención de emergencias por valor de $305 millones. Sin embargo, la Alcaldía dijo que no los tenía.
A raíz de la negativa, el pasado 18 de enero se programó una reunión entre los bomberos, la Alcaldía y la Gobernación para buscar soluciones a la crisis de plata. Pero no hubo “humo blanco”.
Posteriormente, la Alcaldía expidió un comunicado en el que dijo que la reunión fue un “espacio de diálogo donde se abordaron temas fundamentales para el fortalecimiento de la institución bomberil”. Pero, a renglón seguido, también se limitó a decir que “no se logró llegar a un consenso en los puntos tratados, y hasta el momento no se ha fijado una nueva fecha para continuar estas conversaciones”.
Pese al carácter neutral del comunicado en la tensa reunión hubo peculiares comentarios. Por ejemplo, se le escuchó decir al delegado por parte del Dagran, Jaime Alberto Ramírez Gómez, lo siguiente:
“No podemos esperar que el municipio supla todas las necesidades del cuerpo porque por su categoría no lo va a poder hacer. Qué pena la comparación, pero si yo me dedico a hacer pasteles y solo quiero vivir de ellos, sabiendo que también puedo hacer buñuelos o panes, estoy limitando mi capacidad empresarial. Porque los cuerpos de bomberos hay que mirarlos como una empresa (...) Comandante, nombre a quien sí tenga capacidad o temperamento para escuchar y tomar decisiones”.
En otro aparte, un funcionario de la Personería que se presentó en la reunión como mediador –ignorando que su sugerencia terminaría en una “jalón de orejas” judicial– dijo: “Si hay acuerdo, pues es lo ideal. Pero no pasa nada si no se firma el acta (de acuerdo)”.
La falta de consenso para conseguir recursos ese 18 de enero derivó en un incidente de desacato que fue ordenado por el Juzgado 11° de Medellín contra el alcalde Hoyos y el gobernador Andrés Julián Rendón, pues según el juez la Ley 1575 de 2012 es una obligación de los gobiernos locales y departamentales cofinanciar el servicio de bomberos, sobre todo en municipios pequeños, pues la ausencia de estos es un riesgo para la comunidad.
EL COLOMBIANO habló con la comandante González quien explicó por qué le ha tocado llegar hasta los estrados para pedir algo tan necesario. Ella detalló que la pelea jurídica se dio cuando a su despacho llegó un oficio de la administración municipal en la vigencia 2024, en el cual le realizaron un cobro de $12 millones por concepto de “arriendo” de la sede del cuerpo de bomberos, cifra que ella considera alta pues el lugar no cuenta con características técnicas para la labor del cuerpo.
González también dijo que el cuerpo de bomberos lo componen 13 personas: ocho bomberos y cinco aspirantes. “Aunque el nombre es ‘Cuerpo de bomberos Voluntario’, hay que entender que se debe tener un personal de planta el cual trabaje directamente para la institución para estar 24/7 y por ello, debe recibir una remuneración por su labor. Pero por la falta de plata, a esos remunerados tocó liquidarlos y ya solo trabajar con los voluntarios (o sea, todo Granada está siendo atendido por cinco rescatistas). Y eso que uno sabe lo difícil que un voluntario esté disponible al momento de una emergencia porque ellos hacen otras actividades para subsistir”, apuntó.
Sobre la polémica en el municipio, según González, el asunto ya va en una amarga disputa. “Yo no estoy peleando nada para mí, yo estoy dando es la pelea por la comunidad. Nada me voy a llevar porque este cuerpo de bomberos no es mío. Lo que se consiga es para la comunidad”, dijo.
González expresó que la última propuesta verbal de la Alcaldía fue por $36 millones, pero con letra menuda. “Me dijeron que de esos $36 millones me retenían $24 millones por el cobro del arriendo anual de la sede. La verdad eso me parece una humillación. Yo en esa reunión dije que no vivíamos del aire y desde la Alcaldía se han ‘pegado’ de eso para descontextualizar lo ocurrido”, narró.
De otro lado, EL COLOMBIANO revisó parte de la contratación disponible en el Secop del municipio de Granada. Y si bien el alcalde dice que no hay plata, resulta cuando menos curioso que su despacho firmó varios contratos para actividades de comunicación pública (por $41 millones), de operación logística para eventos con adultos mayores (por $135 millones) o para la adquisición de 1.050 uniformes del club de la tercera edad local (por $112 millones). Faltó conocer cuánta plata habría invertido la Alcaldía en las fiestas tradicionales, rubro que no apareció en el Secop y que seguramente a los bomberos les tocó vigilar.
Y si bien se puede entender que estos asuntos son importantes para la comunidad, a la hora de sopesar ¿de qué le sirve a un anciano estrenar uniforme si cuando se queme su casa por un incendio no haya quien pueda auxiliarlo?
Habitante de calle se prendió fuego cuando manipulaba unos cables en barrio Antioquia
La situación narrada por González es un reflejo de una grave situación que se estaría dando al interior de los cuerpos voluntarios ya sea por pujas políticas y personales, falta de recursos o desinterés.
Según la Gobernación de Antioquia, en el departamento hay operativos 118 cuerpos voluntarios y dos oficiales que deben velar por la seguridad de sus municipios respectivos ya sea por contratos o convenios con las alcaldías. De estos, según la Secretaría de Gobierno departamental, 104 tienen toda la documentación exigida para suscribir convenios con las alcaldías.
La preocupante cuestión es que este diario conoció que en una lista de cerca de 70 de estos cuerpos, 34 no habían firmado ningún vínculo. Es decir, casi un tercio del departamento no tendría quién atienda sus calamidades.
Entre los que no tendrían vínculo están: Amalfi, Andes, Anzá, Argelia, Arboletes, Betania, Briceño, Caucasia, Carepa, Ciudad Bolívar, El Peñol, Frontino, Granada, Heliconia, Hispania, La Pintada, Mutatá, Olaya, Salgar, San Andrés de Cuerquia, San Pedro de los Milagros, San Pedro de Urabá, San Roque, Santo Domingo, Támesis, Toledo, Urrao, Vegachí, Yalí, y Yondó entre otros.
La cifra fue calificada como preocupante por el capitán Luis Bernardo Morales Llano, delegado departamental de bomberos de Antioquia, quien señaló que la situación le bajó la moral a los rescatistas y además ahuyenta a los futuros voluntarios.
Morales recordó que en el país operan tres tipos de cuerpos de bomberos legalmente constituidos: los areonáuticos, dependientes de la Aeronáutica Civil; los oficiales (como los de Medellín y Guarne) conformados por funcionarios públicos dedicados a esta labor; y los voluntarios.
Estos últimos se financian de dos maneras: por un contrato, en el que la municipalidad paga un valor que equivale a un “seguro” por el que los bomberos se comprometen a atender las emergencias que allí ocurran. Mientras que con el convenio, se tasan los factores de riesgo del municipio y las alcaldías ponen una parte en plata, mientras que los bomberos cubren el faltante con su capacidad operativa.
Morales se acogió a lo dicho por González y comentó que los cuerpos de bomberos –al ser empresas privadas de carácter social sin ánimo de lucro– solo usan la plata para pago de nómina de sus bomberos fijos (diferentes a los voluntarios) y el mantenimiento de máquinas y equipos.
“La diferencia está en que el bombero voluntario es alguien que decide poner al servicio de la comunidad su tiempo, conocimiento, su valentía y su sacrificio. Ellos solo apoyan al cuerpo en su tiempo libre y por eso no hay una relación laboral. Por eso, esos voluntarios trabajan en otros asuntos para subsistir”, dijo.
La cuestión está en que mucha gente cree que –por este altruismo popularizado– los cuerpos voluntarios no requieren ni recursos ni apoyos de ningún tipo. “Incluso hay asesores jurídicos de las alcaldías que son tan descarados que dicen que no se puede contratar con los cuerpos de bomberos voluntarios porque al girarles plata se ‘corrompe su condición de voluntario’. Eso es un grave error porque el nombre de voluntario solo se usa para diferenciar al Cuerpo de los otros dos tipos”, explicó.
Pero entonces, ¿por qué hay municipios sin convenio? Según respondió la Secretaría de Gobierno de Antioquia –pese a la abultada cifra– para la entidad “los pocos cuerpos de bomberos de Antioquia que no han suscrito convenios con los municipios están terminando de cumplir con los requisitos de ley (certificado de existencia y otros trámites), y a que otros pocos no han alcanzado un acuerdo con sus municipios”.
Sin embargo, algo no cuadra en la explicación oficial. Si bien esta entidad dijo antes que 104 de los 118 cuerpos estaban listos para firmar convenio, según sus cuentas el desfase “apenas” sería entonces de hasta 14 cuerpos. Si así fueran las cosas ¿Entonces por qué son 34 los que aparecen desvinculados?
Por otro lado, la Secretaría de Gobierno dijo que su rol en este tipo de situaciones se limita a la asesoría y al acompañamiento técnico.
“Desde la Gobernación de Antioquia se ha cumplido con las obligaciones de ley relacionadas con el fortalecimiento de los bomberos en el departamento. La vigilancia y control de los cuerpos en el país la realiza la Dirección Nacional de Bomberos”.
Pero la respuesta de Morales es tajante y preocupante: “no hay convenios porque hay alcaldes sinvergüenzas e irresponsables que no se dan cuenta del riesgo en el que ponen a la comunidad. ¿Cómo es posible que del presupuesto de un municipio solo destinan lo mínimo y lo insuficiente a la gestión integral de riesgos?”.
El oficial citó la Ley 1575 de 2012 la cual señala que los alcaldes deben destinar de su presupuesto un porcentaje justo para la gestión integral del riesgo. Y en caso de no haber plata, el mandatario puede ir al Concejo y proponer crear una sobretasa bomberil para así recaudar el faltante de la propuesta de los bomberos y el rubro disponible.
“Pero, ¿qué hacen muchas administraciones? Ven la sobretasa como algo impopular y entonces la hacen por un valor tan bajo que casi no se recoge plata. O graban un renglón económico inexistente en el municipio. Por ejemplo: una sobretasa sobre las litografías en un municipio donde hay dos o tres”, dijo el oficial.
Una denuncia muy grave que hizo Morales es la que tiene que ver con lo que pasa en ciertos municipios donde, si bien el rubro recogido por la sobretasa alcanza valores importantes, algunos alcaldes estarían tomando dicho dinero para otros gastos, por lo que a los bomberos solo les toca una fracción del monto que debe ser totalmente para ellos.
Finalmente Morales comentó que, aunque ante la actual crisis se podrían solucionar las emergencias con los cuerpos de bomberos vecinos –o como lo señala la Gobernación, por medio del Dagran y de las dependencias que sean necesarias–, la situación es insostenible.
“Eso causa sobreesfuerzo a los bomberos y desgaste en los equipos. ¿Y si pasa algo en el municipio que presta la ayuda? Pues les toca devolverse. Además, no se le puede alcahuetear a estos alcaldes su irresponsabilidad porque además, un rubro bien escaso un cuerpo no se lo puede gastar en tareas que son competencia de su vecino. Porque haya o no haya bomberos, la alcaldía debe atender las emergencias. Mejor dicho, en donde no hay bomberos, técnicamente al alcalde le toca salir con la manguera a apagar el incendio”, comentó.
Frente al tema de los recursos, la Gobernación de Antioquia señaló que en 2024, a través de la Junta Nacional de Bomberos y gracias a su gestión, 39 cuerpos voluntarios recibieron casi $4.000 millones en dotación de vehículos y otros equipos. A esta inversión se suma la de $200 millones para formación y dotación de bomberos en el Bajo Cauca y a los $620 millones para dotar a los más de 100 Cuerpos de Bomberos Voluntarios activos del departamento.
“Adicionalmente, gracias a la aprobación en la Asamblea, se fortaleció el Fondo Departamental de Bomberos (para los 118 cuerpos) que pasó de $200 millones anuales a $500 millones anuales. También por ordenanza se estableció la gratuidad en los trámites administrativos de los bomberos ante la Gobernación de Antioquia”, agregó la Secretaría.
En síntesis, si bien se explicó la destinación específica de los recursos, si todos estos se sumasen y se dividieran por los 118 cuerpos voluntarios, a cada uno le tocó $45 millones.
Ante este panorama, Morales instó a los cuerpos de bomberos a buscar contratos justos en los que se reconozca y se sustente adecuadamente no solo el valor real de un cuerpo, sino donde también se haga el justo reconocimiento al sacrificio de los rescatistas en su ardua labor que puede resultar hasta ingrata y mal agradecida.
“Pero hay asesores, como una funcionaria de un municipio del Norte, que si bien dicen que el trabajo de los bomberos es invaluable, también dice que a un bombero solo debería pagársele el mínimo porque con eso son capaces de vivir”, dijo.