Los habitantes de Chocó están en medio de la incertidumbre, que se suma al recrudecimiento de la violencia en las últimas semanas, luego de que el ELN decretó un paro armado en el departamento, entre las 00:00 horas de este 18 de febrero (martes) y las 00:00 horas del 21 del mismo mes (viernes). El anuncio lo hizo, por medio de un comunicado, el Frente de Guerra Occidental Ogli Padilla.
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Este anuncio llega en medio de la crisis humanitaria que vive la población chocoana en varios territorios por cuenta de los enfrentamientos y el actuar del Clan del Golfo y el ELN, así como por las alertas que hizo la gobernadora Nubia Carolina Córdoba ante la Organización de Estados Americanos (OEA). La gobernante refirió los prolongados enfrentamientos entre grupos armados y que el departamento está minado en un 80 %.
“Hoy tenemos una dimensión de crisis que no tiene ningún tipo de referencia anterior. En este momento, desde el momento en que yo viajé hasta hoy, van 72 horas de combates entre ELN y Clan del Golfo en la cuenca media del río San Juan”, aseguró ante funcionarios del organismo multilateral.
Entre tanto, la guerrilla indicó que esta medida busca dejar en evidencia el supuesto entramado entre el Estado, las Fuerzas Militares, los mercenarios y grupos paramilitares en la región del Chocó. “El Gobierno es el primer responsable de la grave situación humanitaria de esta región del país, así como del crecimiento y posicionamiento del Cartel del Golfo en el departamento”, dice el documento fechado el 15 de febrero.
Vale recordar que el Gobierno de Gustavo Petro suspendió los diálogos de paz con el ELN tras la crisis humanitaria que su accionar causó en el Catatumbo, donde han sido cientos de ciudadanos afectados por confinamientos, desplazamientos y reclutamientos forzados de menores de edad, homicidios de civiles y firmantes de paz e instalación de minas antipersonal y artefactos explosivos que limitan la libre movilidad.
En su momento, delegados de las negociaciones de paz también se refirieron al actuar de este grupo armado ilegal en zonas como el Chocó, en donde los líderes sociales están en alto riesgo. Solo la semana pasada los enfrentamientos con el Clan del Golfo ocasionaron el desplazamiento de 500 personas en Istmina.
Este departamento es escenario de disputa porque su dominio permite garantizar un corredor con los departamentos del Eje Cafetero, el Pacífico y el departamento del Valle de Cauca, además de garantizar las rentas del narcotráfico, la minería ilegal y contrabando de madera. Ahora, los nuevos enfrentamientos —que el año pasado se replicaron con ocho paros armados del ELN— han ocasionado desplazamientos forzados hacia Pereira, Buenaventura y Medellín.
“Mi plan de gobierno se ve en jaque porque debo dedicarme, volcarme, a la atención humanitaria, que es mandar alimentos, tratar de mandar medicinas y no seguir un plan de desarrollo que, entre otras cosas, si no hacemos una transición legítima de las economías ilegales, que son la razón de ser de estos grupos en el Chocó, no vamos a terminar”, agregó la gobernadora Córdoba sobre esta situación.
Alerta de la ONU sobre minas y reclutamiento
Desde la semana pasada la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos había alertado esta crisis en la región del San Juan donde se reportan reclutamiento de menores, instalación de minas antipersona, desplazamientos y confinamientos de comunidades indígenas y afrodescendientes a causa de enfrentamientos entre grupos armados al margen de la ley.
Ante esto, la ONU urgió al Estado a activar todas las medidas de protección y prevención necesarias para salvaguardar a estas comunidades, que desde 2023 enfrentan reiteradas violaciones a sus derechos fundamentales por parte de los grupos armados ilegales.
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