Los habitantes de Chocó están en medio de la incertidumbre, que se suma al recrudecimiento de la violencia en las últimas semanas, luego de que el ELN decretara un paro armado en el departamento, entre las 00:00 horas de este 18 de febrero y las 00:00 horas del 21 del mismo mes. El anuncio lo hizo, por medio de un comunicado, el Frente de Guerra Occidental Ogli Padilla.
En medio de la crisis humanitaria que ya viven la población chocoana en varios territorios por cuenta de los enfrentamientos y el actuar del Clan del Golfo y el ELN, esta guerrilla publicó el comunicado en el que comenzaron haciendo referencia a los 58 años que se cumplen de la muerte de Camilo Torres Restrepo.
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El grupo armado ilegal indicó que esta medida busca dejar en evidencia el entramado entre el Estado, las fuerzas militares, los mercenarios y grupos paramilitares de la región del Chocó. “El gobierno nacional es el primer responsable de la grave situación humanitaria de esta región del país, así como del crecimiento y posicionamiento del Cartel del Golfo en el departamento”, se lee en el documento, con fecha del 15 de febrero.
Hace solo algunas semanas, el gobierno nacional suspendió los diálogos con el ELN tras la crisis humanitaria tan grave que el accionar de esta guerrilla ha venido causando en el Catatumbo, donde han sido cientos de ciudadanos afectados por hechos como confinamientos, desplazamientos y se han registrado reclutamientos forzados de menores de edad, homicidios de civiles y firmantes de paz e instalación de minas antipersonal y artefactos explosivos que limitan la libre movilidad.
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En su momento, delegados de las negociaciones de paz también se refirieron al actuar de este grupo armado ilegal en zonas como el Chocó, donde hoy la población civil y los líderes sociales están en alto riesgo. Solo la semana pasada, por poner un ejemplo, los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo ocasionaron el desplazamiento de 500 personas en el municipio de Istmina.
El departamento es escenario de disputa entre los actores armados porque, su dominio, permite garantizar un corredor con los departamentos del Eje Cafetero, el Pacífico y el departamento del Valle de Cauca. Además de garantizar las rentas del narcotráfico, la minería ilegal y contrabando de madera. Ahora, los nuevos enfrentamientos –que el año pasado se replicaron con ocho paros armados del ELN– ya han ocasionado desplazamientos forzados hacia ciudades como Pereira, Buenaventura y Medellín.
En medio de este panorama, en el comunicado del 15 de febrero, el ELN afirmó que los anuncios del Estado de enviar “340 militares a la subregión del San Juan y la llegada del barco de la armada con sus lanchas de combate son solo publicidad engañosa”, en vista de que hacen falta operaciones en otras zonas “en contra del paramilitarismo”.
Lo cierto es que por cuenta de las disputas entre ambos grupos armados ilegales, también se reportó hace cinco días que en el río San Juan casi 2.000 familias indígenas estaban confinadas. Además, líderes y mandatarios locales de las zonas afectadas han dicho que la instalación de campos minados imposibilitan que los habitantes se movilicen y realicen las actividades que les permiten el sustento, como las labores de pesca y cultivo. Esto, sin contar que los combates impiden también el acceso a servicios esenciales para las comunidades, como la atención en salud y la educación.
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