A partir de la medianoche de este martes la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) –en otra cruenta muestra de su poderío e injerencia militar–, dio inicio a un paro armado en Chocó que se extenderá durante 72 horas. No es un hecho menor y ejemplifica con creces la violencia que amenaza con acentuarse en la región.
De hecho, la crisis humanitaria y de orden público en el departamento llegó a tal nivel que su gobernadora, Nubia Carolina Córdoba, le pidió al Gobierno de Gustavo Petro que, así como hizo en la convulsa región del Catatumbo, en Norte de Santander, declare en el Chocó el estado de conmoción interior para hacer frente al recrudecimiento del conflicto.
“La conmoción interior que se generó debió haber sido una medida más amplia que involucrara también al departamento. La paz en el Chocó no se pudo. Con el ELN no se pudo. Con el Clan del Golfo no se ha podido todavía. Entonces, hay una conmoción interior por efectos del impacto de la criminalidad sobre la ciudadanía. Es Catatumbo, pero también es Chocó, porque lo estamos evidenciando todos”, reclamó la funcionaria en diálogo con La Fm.
El llamado de la gobernadora ocurre apenas horas después de que la Defensoría del Pueblo reveló un crudo panorama de orden público y violación de derechos humanos por cuenta del conflicto en 11 zonas del país, incluida Chocó.
Regiones como Nariño, Cauca, el Pacífico vallecaucano, Antioquia, la Sierra Nevada, Perijá, Magdalena Medio, Arauca, Meta, Guaviare, el sur de Córdoba, Buenaventura, Tolima o Putumayo hoy siguen padeciendo los embates de la guerra.
La situación es dramática: “El 73% de los municipios del país están bajo la influencia de grupos armados ilegales. En los últimos cinco años, han logrado expandirse y fortalecer su accionar. Es preocupante, pero no es irremediable”, reveló la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.
En el caso del Chocó, según el informe de la Defensoría, al menos 1.600 personas han sido afectadas por desplazamientos masivos y confinamientos en la región. Las miradas están puestas en la subregión del San Juan, en el sur del departamento, donde –una vez más– se registran enfrentamientos entre el ELN y Clan del Golfo, “que busca su expansión territorial”.
Por si fuera poco, el organismo pudo documentar que, por primera vez, hay reportes de la presencia de las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Mordisco’, quienes “estarían actuando en alianza con el Clan del Golfo para enfrentar al ELN”. El resultado: además de confinamientos, la suspensión de la navegación en la zona, a lo que se suma la presencia de minas antipersona cerca de caseríos y escuelas.
En medio han quedado poblaciones de especial protección, como el pueblo indígena Wounan, que enfrenta “severas restricciones de movilidad y acceso a recursos básicos”.
En diálogo con EL COLOMBIANO, la profesora Angelika Rettberg, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes, se refirió al llamado de la gobernadora Córdoba y señaló que “no es claro para qué sirven las conmociones interiores regionalmente específicas”.
Según la catedrática, lo que sucede en el Chocó no es independiente de lo que pasa en otras regiones. “Existen corredores estratégicos de recursos ilícitos que desembocan en el Chocó y en el Pacífico, pero que se nutren de economías y actores armados que operan en otras partes del país. Lo que se requiere es una estrategia de seguridad integral”, explicó.
Por su parte, un informe de la organización De Justicia señala que para que la crisis de Chocó no llegue a los niveles del Catatumbo se requiere que el Gobierno tome medidas urgentes para proteger a las comunidades afrodescendientes e indígenas, priorizando la seguridad, el derecho a la vida, la integridad y el goce efectivo del territorio.
“Se debe realizar un seguimiento adecuado a las alertas tempranas que ha emitido la Defensoría del Pueblo para que estas sean efectivas”, declaró el organismo, que instó también a los grupos armados a cumplir con las normas del Derecho Internacional Humanitario. “La población civil no debe ser atacada y convertirse en la principal víctima del fuego cruzado”.
Justo ayer, el Ejército anunció el refuerzo de operaciones con 340 soldados en los cinco corregimientos del Medio San Juan: Dipurdú, San Miguel, Negria, Noanamá, Puerto Murillo y Unión Wounam. Lo anterior, para proteger a las comunidades del ELN y el Clan del Golfo.
En paralelo, la institución anunció que, tras una operación, fue incautado arsenal de guerra perteneciente a la subestructura ‘Jairo de Jesús Durango Restrepo’ del Clan del Golfo. Entre el material de guerra incautado se cuentan 32 fusiles, tres ametralladoras o cinco lanzagranadas.