La guerrilla del ELN decretó un nuevo paro armado en medio de la disputa por el territorio que sostiene con el Clan del Golfo en el Chocó. La acción bélica se extenderá entre el 18 y 21 de febrero en el sur de ese departamento, pero las consecuencias humanitarias se sienten desde ya.
Un panfleto difundido por el Frente de Guerra Occidental fue el mecanismo que usó la guerrilla para avisar a las comunidades que a partir de las 00:00 horas de este martes iniciará su acción ilegal.
Antes del paro armado, en Chocó ya se registraban confrontaciones armadas entre el ELN y el Clan del Golfo. Esos enfrentamientos han ocasionado el desplazamiento de 3.500 personas y al menos 2.000 familias se encuentran confinadas en 30 poblados. También hay 1.7000 estudiantes sin poder recibir clases.
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“El paro genera unas consecuencias y una repercusión en la población civil en la medida en que constituyen una grave afrenta a los derechos básicos de las personas que viven en esta subregión que impacta a por lo menos seis municipios del departamento del Chocó. Estamos hablando especialmente de Istmina, Medio San Juan, litoral del San Juan, Sipí y Nóvita”, señaló Francisco Vidal, secretario del Interior del Chocó en diálogo con Caracol Radio.
El departamento es escenario de disputa entre los actores armados porque, su dominio, permite garantizar un corredor con los departamentos del Eje Cafetero, el Pacífico y el departamento del Valle de Cauca. Además de garantizar las rentas del narcotráfico, la minería ilegal y contrabando de madera.
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El ELN argumentó su paro en una aparente llegada de mercenarios a ese departamento y ante la posibilidad de que en el territorio se adelanten proyectos extractivistas.
“Esta es una situación que nos preocupa demasiado porque no es solamente tenemos la pérdida de capacidad económica y productiva para nuestra gente, sino que también tenemos una situación de inseguridad alimentaria, pues la gente no tiene con qué comer porque no tiene cómo producir, cómo pescar, cómo sembrar ni cómo recoger sus cultivos”, añadió Vidal.
Nubia Córdoba, gobernadora del Chocó, vienen insistiéndole al Gobierno nacional para que en su departamento también se declare el estado de conmoción interior como ocurrió en el Catatumbo: territorio donde el ELN tiene un enfrentamiento a sangre y fuego con las disidencias del Frente 33 de las Farc.
Desde la semana pasada la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos había alertado esta crisis en la región del San Juan donde se reportan reclutamiento de menores, instalación de minas antipersona, desplazamientos y confinamientos de comunidades indígenas y afrodescendientes a causa de enfrentamientos entre grupos armados al margen de la ley.
Ante esto, la ONU urgió al Estado a activar todas las medidas de protección y prevención necesarias para salvaguardar a estas comunidades, que desde 2023 enfrentan reiteradas violaciones a sus derechos fundamentales por parte de los grupos armados ilegales.