Los firmantes de Paz en el Magdalena Medio atraviesan días aciagos por cuenta de las amenazas del ELN y las confrontaciones entre estos narcoterroristas con sus pares del Clan del Golfo.
El senador del partido Comunes, Omar Restrepo, ratificó la denuncia hecha por el Observatorio de Paz, Pazes, señalando que integrantes del ELN ingresaron a la Nueva Área de Reincorporación de las Farc, ubicada en la vereda San Francisco, en el municipio de Yondó, y con fusiles en mano intimidaron a las familias que habitan allí exigiéndoles que cortaran el servicio de internet para quedar incomunicados.Le puede interesar: Firmantes de paz serán trasladados de Remedios a Yalí, en Antioquia; Presidencia promete entregarles casa
Según Restrepo, la intimidación se dio en medio de la disputa que el grupo guerrillero sostiene con el Clan del Golfo y que ha dejado en la mitad a los firmantes de paz y sus familias. Resulta que un grupo del Clan del Golfo montó campamento a 40 minutos aguas abajo del Área de Reincorporación y esto fue motivo suficiente para que el ELN tomara retaliaciones contra los reincorporados. No conformes con restringirles el uso de internet, también les impiden la libre movilidad, según la denuncia.
El Observatorio le pidió al Gobierno nacional que se comprometa con medidas concretas de seguridad para los firmantes que están en riesgo, pues según la denuncia, el propio gobierno habría decidido retirar parte del esquema de seguridad en la zona, que antes estaba conformado por integrantes de la UNP, Policía y una base fija del Ejército. Pero tras la decisión de retirar al Ejército y dejar solo unas unidades móviles, los firmantes habrían quedado desprotegidos ante las amenazas de los grupos armados.
La NAR en Bocas de San Francisco ha sido un espacio ejemplar de reincorporación. Allí, entre otros proyectos, los firmantes han desarrollado la producción de cacao en alianza con la Compañía Nacional de Chocolates.
Este hecho se suma a otro ocurrido esta semana con los firmantes del ETCR de Remedios que tuvieron que salir desplazados de allí con destino a Yalí, luego de recibir constantes amenazas por parte de actores armados que se disputan el control del oro en el Norte y Nordeste antioqueño.
Las 33 familias que habitaban el espacio en Carrizales llegaron a un nuevo lugar de 333 hectáreas donde el Gobierno Nacional les prometió vivienda y apoyo proyectos productivos, por lo que ahora esperan que sea verdad y que el Estado compense en parte la negligencia que medió para que tuvieran que salir desplazados de su lugar de arraigo, a pesar de estar cumpliéndole al Acuerdo de Paz.Siga leyendo: Cinco ataques con explosivos sacudieron a Cúcuta en la madrugada de este jueves: hay seis heridos confirmados