Sigue la novela del Ministerio de Salud intentando hacerle el quite a las órdenes de la Corte Constitucional sobre la situación financiera del sector.
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Si bien este miércoles se conoció que el Ministerio de Hacienda le giraría los recursos para pagar los Presupuestos Máximos (PM) de 2022 —como le ordenaron en un fallo judicial—, la cartera de salud le envió al alto tribunal una solicitud de nulidad del Auto 007 de 2025, que lo instó a reajustar la unidad de pago por capitación (que es la plata que reciben las EPS para garantizar la atención de sus afiliados, conocida como UPC).
En su argumentación, el ministerio señaló que esa decisión de la Corte no tiene sustento técnico y desconoce la presunción de legalidad de los actos que regulan el cálculo de esa prima de salud. De igual manera, expresó que la revisión de la UPC es una tarea que es competencia exclusiva de esa entidad y del Consejo de Estado, si hay controversias. Incluso, calificó que esa postura es “una valoración caprichosa y arbitraria” de las pruebas que presentaron para ese estudio.
En ese sentido, el MinSalud expresó que la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 (que hace seguimiento al cumplimiento del derecho a la salud en Colombia) declaró la insuficiencia de la UPC de 2024 basándose “únicamente en las afirmaciones de las diferentes entidad promotoras de salud (EPS) y sus agremiaciones (como Acemi o Gestarsalud), sin contar con un estudio técnico imparcial que respaldara tal determinación”.
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Así mismo, insistió en que no hay pruebas de que la Corte “haya decretado de oficio un estudio técnico e imparcial”, sino que, a su juicio, “la decisión se fundamentó en las meras manifestaciones de las aseguradoras del riesgo en salud y sus agremiaciones, que claramente obedecen a sus intereses propios y no al interés general”.
Al respecto, esa entidad criticó que si se permitía a las aseguradoras y sus gremios determinar la suficiencia de la UPC es “problemático”, “ilegal” e “inconstitucional” debido a que “tienen un claro interés en el resultado”. “Los actores regulados no pueden definir las reglas bajo las cuales serán evaluados y eso por ello que sus afirmaciones, en ausencia de un estudio técnico serio e independiente, no constituyen prueba válida para concluir que la UPC es insuficiente para el año 2024”, argumentó el documento firmado por el director jurídico (e) del ministerio, Rodolfo Enrique Salas.
Más adelante siguió con sus críticas a la alta corte por que “de manera caprichosa e infundada” declaró la insuficiencia de la UPC de 2024 e impartió una serie de órdenes que “no corresponden con la realidad de los hechos”. El ministerio hasta se atrevió a decir que no hizo un “estudio técnico y objetivo”, sino que “prefirió basarse en simples afirmaciones sin sustento realizadas por los directos interesados en la fijación de los precios del aseguramiento de la salud en Colombia”.
Por otro lado, se refirió a la aclaración que hizo la Corte en el sentido de que el MinSalud no cumplió con la carga argumentativa de las solicitudes que le hizo sobre la orden de rediseñar el mecanismo de ajuste de la UPC para los años siguientes, contando 2025, y que también declaró insuficiente la del año 2024. “El hecho de que la información reportada sea escaza y de mala calidad, no quiere decir que la UPC fijada por el Ministerio de Salud y Protección Social es insuficiente, lo que en realidad quiere decir es que las EPS no han sido rigurosas en sus reportes y, por ende, no superan las mallas de validación, por lo que sus datos deben ser excluidos”, expresó sobre el particular.
La conclusión que sacó fue que la decisión que tomó la Sala de Seguimiento “carece de un fundamento probatorio sólido y objetivo”.
Para el ministerio resulta “incongruente” que la alta corte diga que la UPC es insuficiente sin exponer por qué lo es ni tampoco cuál sería la suficiente. “De lo anterior se colige que, en términos lógicos, si la mayoría de Sala considera que la UPC no cumple el criterio de suficiencia, es porque conoce cuánto sería suficiente o, por lo menos, podría señalar por qué no es suficiente el valor que se estableció por parte del Ministerio”, dice al respecto.
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Esta petición de nulidad agrega más leña a la candela por la criticada postura del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, de hacerle gambetas a las órdenes de la Corte Constitucional sobre los dineros de salud, que, a final de cuentas, es de lo que dependen los tratamientos, atenciones, citas y medicamentos de pacientes.
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