El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, parece tener claro que para él es más importante ir a atender un asunto de seguridad en el departamento que asistir a una cumbre de gobernadores en Villa de Leyva en la que iba a estar el presidente Gustavo Petro. Al menos eso fue lo que hizo ayer: viajó a Yondó donde se está presentando una difícil situación de orden público porque las disidencias de las Farc y el Eln partieron cobijas y el Clan del Golfo está aprovechando la pelea para arrinconarlos.
Petro hizo notar la ausencia de Rendón utilizando una frase envenenada: “hay una concepción de que la seguridad se hace a punta de muertos (...). ¿Es cierto? Varios de aquí dirían que sí. De hecho el que más diría que sí no vino que es el gobernador de Antioquía”. Le preguntamos al gobernador al respecto y le devolvió el golpe: “¿Cuál es la concepción de seguridad de él: esta que nos toca padecer a los colombianos? ¿esta que creció el accionar criminal de los grupos armados ilegales? ¿que los tiene estrenando uniformes y armamentos? ¿que arrincona y le ata las manos a la Fuerza Pública? Pues si esa es su visión de seguridad a mí me complace mucho estar en desacuerdo con él”.
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En diálogo con EL COLOMBIANO, Rendón no sólo respondió a esos dardos, sino que presentó las cuentas que él ha hecho sobre el impacto del referendo de autonomía fiscal para las regiones, que en semanas recientes ya logró el visto bueno de sus firmas en la Registraduría, está a la espera de aterrizar en el Congreso y podría votarse en las próximas elecciones. El gobernador muestra con cifras que los departamentos con menos recursos saldrán beneficiados con el referendo.
Además de insistir en que con esta consulta directa a los colombianos se comenzará a ponerle fin a un estado central “paquidérmico” y “corrupto”, Rendón describió la misma como el único camino para que se cumpla la promesa de descentralización de la Constitución de 1991 y que los departamentos puedan emprender grandes proyectos sin depender del ocupante de turno en el Palacio de Nariño.
“Me hubiera gustado mucho estar, porque habría tenido la oportunidad de presentar el referendo y explicar cómo los recursos de las regiones y los municipios se aumentarían. Pero mi obligación principal es con Antioquia y estaba atendiendo una situación de orden público muy crítica que está tomando lugar en Yondó. Dios no lo quiera, pero en el Magdalena Medio y el Nordeste de Antioquia podría estarse incubando una crisis de las mismas proporciones a la del Catatumbo”.
“No, ni más faltaba. Yo alcancé a escuchar que el presidente decía algo que es cierto. Él y yo somos muy distintos en todos los órdenes, pensamos muy diferente, pero yo nunca le he rehuido ni a los encuentros ni a los debates. En situaciones muy adversas, no solo con él sino con otros miembros de su gobierno, hemos asistido a decir lo que pensamos, con mucho respeto con las personas y las instituciones.
Lo que está pasando en Yondó es que llegó una orden a las Disidencias de las Farc y al ELN de que no podían seguir actuando en connivencia como lo hacían en Antioquia y esto llegó a oídos del Clan del Golfo. Entonces, el Clan del Golfo básicamente está haciendo una operación envolvente hacia el GAO Disidencias Farc del Frente 34 y también al ELN, de un lado por Remedios, bajando desde el Sur de Bolívar desde Cantagallo y subiendo también por Yondó. Los están ensanduchando y ahí puede haber una dificultad superlativa. Por eso yo quise ir este miércoles allá, sobre todo a mirar qué estaba pasando y a pedirle al Ejército y la Policía que tomaran cartas en el asunto. Si llegara a presentarse una confrontación podría ser bastante crítica en términos de desplazamientos, confinamientos y agravamiento de la situación de orden público y social”.
“La seguridad es la que salva vidas, entendida como el imperio de la ley, la justicia y las oportunidades sociales para consolidar la paz. Yo me pregunto cuál es su concepción de seguridad, esta que nos toca padecer a los colombianos y a los antioqueños, en la que creció el accionar criminal de los grupos armados ilegales, que les cedió territorios, que los envalentonó, que los tiene estrenando uniformes y armamento, que arrincona y le ata las manos a la Fuerza Pública. Si esa es su visión de seguridad, a mí me complace mucho estar en desacuerdo con él”.
“Es muy lamentable, que un departamento tan hermoso y tan rico, sea otro escenario de confrontación entre el ELN y Clan del Golfo, y el Gobierno Nacional pareciera fungir de espectador”.
“El referendo acaba con la rogadera de las regiones hacia el nivel central y prácticamente busca que tributos tan importantes como son los de renta y patrimonio dejen de ser de la Nación y pasen a ser de los departamentos. De paso, eso permite honrar una promesa de la Constitución, que dijo que la participación de los entes territoriales de los ingresos corrientes de la Nación debería llegar a ser mínimo del 46%. Entre 1998 y 1999 ese indicador llegó a ser del 48%, pero hoy estamos en el 23%”.
“Más garoso, más robusto o más burocratizado, con un poder discrecional mucho mayor, no reglado, que presumo ha sido la fuente o buena parte de la corrupción que ha tomado lugar, que sale desde el centralismo y que por supuesto toma lugar en las regiones.
Uno podría decir que el acto legislativo que en 14 años va llevar esa participación del 23% al 39% es bueno, pero es seguir dependiendo del nivel central”.
“Que es como un bombón de trapo, porque es querer decirle a las regiones: ‘Tranquilas, que esto va a pasar, pero ustedes siguen estando bajo mi sumisión’”.
“Porque desde que tomaron lugar los actos legislativos que deshonraron la promesa de la Constitución de 1991, la Nación le ha zarpado a las regiones una cifra superior a los $400 billones. En economía hay un debate muy intenso entre reglas y discreción. Cuando usted tiene una cosa reglada, usted tenía que aplicar unos recursos en unos determinados sectores. Cuando usted deja más de 20 puntos de los ingresos corrientes de la Nación bajo el poder presidencial, ahí es donde empezamos a ver crecer los cupos indicativos, casos como los de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd) y las regiones todavía con carencias esenciales en los bienes públicos y servicios básicos”.
“La esencia del cambio constitucional que implicaría el referendo está en que esos tributos no son de donde se originan, porque ahí sí profundizaríamos mucho las desigualdades. Si uno tomara la participación que tiene Antioquia en el Producto Interno Bruto (PIB) implicaría, por el recaudo tributario del año pasado, que el departamento genera ingresos tributarios cercanos a los $40 billones, pero solo recibe $6 billones. Con el referendo recibiríamos cerca de $11 billones. No vamos a recibir los $40 billones que generamos aquí, solo $11 billones, para que los otros $29 billones restantes vayan a esa gran bolsa de los departamentos y el distrito capital, para, precisamente, siguiendo los lineamientos de la descentralización, se le dé preponderancia no solo a los criterios poblacionales y socioeconómicos que hoy están en el Sistema General de Participaciones (SGP), sino a los activos ambientales, a la posibilidad de generar desarrollo económico.
Por esta razón me dolió mucho no poder haber estado este miércoles en Villa de Leyva, porque le iba entregar personalmente a cada gobernador las cifras que muestran cómo se les doblarían los recursos en comparación con lo que hoy reciben vía SGP”.
“Sí, y a cada municipio”.
“Imaginemos que el referendo llegara a implementarse este año. Los datos que nosotros tenemos nos muestran que entre renta y patrimonio el Gobierno Nacional dejaría de recibir $148 billones, que pasarían a ser de los departamentos y el distrito capital. Sin embargo, la Nación se ahorraría $73 billones del SGP, porque ya lo asumirían los departamentos, y de otro lado $15 billones en gastos para atender funciones que ya por ley son de los departamentos y municipios. Ahí estamos entonces en $88 billones, lo que significa que serían $60 billones.
En una eventual reglamentación hemos planteado que la Nación se quede con el 20% del recaudo de renta y patrimonio, que son unos $30 billones, para que de un lado la Dian siga haciendo el recaudo, pero ya con las bases tributarias que defina cada departamento, y de otro lado genere competencias, ahí se le van por lo menos 5 puntos porcentuales y los otros 15 puntos porcentuales los dedique a hacer un fondo de convergencia nacional, que le permita hacer gasto de inversión en superar inequidades regionales. Entonces, en resumen, eso es como el 1,5% del PIB”.
“Chocó hoy recibe $1,6 billones entre su SGP y lo que reciben todos sus municipios. Con el referendo, entre la Gobernación de Chocó, más todos sus municipios, recibiría más de $3 billones. ¿Qué podría pasar en Chocó? Que podría tener recursos para hacer su canal interoceánico comprometiendo vigencias futuras sin tener que estar rogándole a cada gobierno que eso pueda tomar lugar”.
“Por su puesto. Mínimo el doble de lo que hoy reciben”.
“Así es, el Gobierno Nacional central. Y agrego un dato. Es tanto el poder discrecional que ha acumulado el gobierno central que hay una partida en los gastos de funcionamiento que se llama ‘varios’, que nadie sabe qué son. Ha habido momentos en que esa partida ha llegado a estar en $30 billones. En 2023, por ejemplo, llegó a estar en algo cercano a los $100 billones y nadie sabe cuál es la aplicación. Entonces que no vengan a decir los exministros de Hacienda que no hay forma de profundizar la descentralización, de honrar la promesa de la Constitución, que porque vamos a quebrar a la Nación. No. El Gobierno Nacional se convirtió en una cosa absolutamente gigante, paquidérmica, ineficiente y nosotros no tenemos porqué seguir con las carencias en las regiones a costa de engrosar la burocracia y el derroche del Gobierno Nacional”.
“Si usted va al Urabá, el Bajo Cauca o el Magdalena Medio, realmente lo que pasa allí no es muy distinto a lo que pasa en el Chocó. ¿Usted cree que es justo que 52 alcaldes de Nariño, que fue un departamento en el que Petro sacó una gran votación, hicieran un periplo rogándole a todas las dependencias para que les ayudaran para que les dijeran que no hay plata? ¿Es justo que yo tenga que ir a Chocó y ponerme de acuerdo con la gobernadora de cómo sacar plata de donde no tenemos, a ver si le damos electricidad a Vigía del Fuerte, Murindó y Bojayá? Cuando le preguntábamos al Ministerio de Minas que podían poner nos decían que no tenían plata, pero que los tuviéramos en cuenta en el convenio”.
“El referendo tiene dos efectos a mi modo de ver muy positivos. El primero es que cuando la gente siente que el nivel de desarrollo que se provee en su territorio se paga con los recursos que ellos tributan, y no con lo que otro manda, se cuidan de elegir mejor, se vuelven más cuidadosos de hacer veedurías, son más exigentes en la aplicación de esos recursos. De otro lado, podría desatar una competencia fiscal que a mí me gusta entre los departamentos y el mismo distrito capital por atraer personas e inversión. Creo que eso es sano.
Nosotros no tenemos una tributación que favorezca realmente el desarrollo económico. De cada 100 pesos que se recaudan en Colombia, 85 se los queda la Nación y los gastos que hacemos no cambian nada”.
“No tenemos, pero además, cuando usted mira el conjunto de Colombia, ¿qué pasa luego de que se cobran impuestos y se hacen transferencias? Nada, no cambia la desigualdad. Eso es muy distinto a lo que pasa en otros países de la OCDE, que cambia mucho el Índice Gini después de que se cobran impuestos y se hacen transferencias. Pero aquí no pasa nada, somos muy ineficientes y somos ineficientes es por cuenta de quién ejerce la mayor parte del gasto y la tributación, que es el gobierno central”.
“Eso no es cierto, porque aquí nosotros llegaríamos a tener más o menos con el referendo una participación, los entes territoriales en los ingresos corrientes de la Nación, de más o menos el 46%. Eso quiere decir que el 54% todavía queda en manos del Gobierno Nacional central. Le queda el IVA, que es una renta bastante importante y muy mal administrada, con mucha corrupción, verbigracia lo que pasa con la Dian y alias Papa Pitufo. También le quedan a la Nación todos los tributos de las relaciones internacionales, los aranceles. Le quedan también las tasas; es decir, le queda el 54% de los recursos para atender las demás obligaciones. Pero vuelvo y repito, tiene que adelgazarse el nivel central. El Gobierno Nacional tendría que dedicarse única y exclusivamente a la relaciones internacionales, a la política macroeconómica, a la justicia y a la seguridad y defensa nacional.
Entonces, que no me vengan a decir que se va a quebrar la Nación. Yo creo que es hora de reconocer que el andamiaje institucional que nosotros tenemos no ha funcionado. ¿Qué ha cambiado en Chocó? ¿Qué ha cambiado en Guainía, en San Andrés, de cuenta de este modelo institucional centralizador? Nada. En Urabá todavía no tenemos acueducto, ni cómo cubrir necesidades tan básicas y esenciales como es la de servicios públicos, la de la conectividad física y digital”.
“Una vez se certifique formalmente por parte del órgano electoral eso va al Congreso con trámite de urgencia y el Congreso debe aprobar una ley convocatoria del referendo. En cualquier momento del mes entrante eso podría ir al Congreso. Al ser un acto legislativo seguro entra por las comisiones constitucionales primeras de Senado y Cámara, sesionan conjuntamente, y la ley tendría que ser apoyada por mayoría absoluta, luego ser refrendada por la Corte Constitucional. Una vez pase eso podría ser sometido a consideración de los colombianos. Es muy probable que si todo sale bien podría ser en el primer trimestre del año entrante”.