Procuraduría ordenó medidas de protección para niña de seis años tras presunto abuso en colegio de Bogotá

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La Procuraduría General de la Nación ordenó a las secretarías de Educación y Salud de Bogotá y a la rectoría del colegio Los Periodistas informar sobre las medidas implementadas tras la denuncia de presunto abuso sexual contra una menor de seis años en la institución educativa ubicada en la localidad de Kennedy.

La madre de la menor denunció que su hija comenzó a mostrar cambios en su comportamiento, como rechazo a asistir al colegio, brusquedad con su hermano y evitación del contacto con otros niños. Ante la situación, la familia acudió a un especialista, quien alertó sobre un posible caso de abuso.

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Según lo informado por medios de comunicación, la menor recibe atención médica y psicológica luego de que en el hospital al que fue llevada se activara el ‘Código Blanco’, un protocolo establecido para casos de presunta violencia sexual infantil.

El Ministerio Público pidió a la Secretaría de Educación aclarar si en la institución se activaron los protocolos de atención y si el caso quedó registrado en el Sistema de Alertas. Asimismo, requirió a la Secretaría de Salud un informe detallado sobre la asistencia brindada a la menor.

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La Procuraduría también ordenó a la rectoría del colegio informar si existen antecedentes de violencia sexual en la institución y detallar las medidas adoptadas para prevenir este tipo de hechos.

Además, se designó a una procuradora judicial para intervenir en el Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos de la víctima y verificar que se adopten medidas de protección y atención adecuadas.

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La madre de la menor denunció que su hija comenzó a mostrar cambios en su comportamiento, como rechazo a asistir al colegio, brusquedad con su hermano y evitación del contacto con otros niños. Ante la situación, la familia acudió a un especialista, quien alertó sobre un posible caso de abuso.

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El Ministerio Público pidió a la Secretaría de Educación aclarar si en la institución se activaron los protocolos de atención y si el caso quedó registrado en el Sistema de Alertas. Asimismo, requirió a la Secretaría de Salud un informe detallado sobre la asistencia brindada a la menor.

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Además, se designó a una procuradora judicial para intervenir en el Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos de la víctima y verificar que se adopten medidas de protección y atención adecuadas.

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