Este viernes 28 de marzo se llevó a cabo la Asamblea General de Accionistas de Ecopetrol. Con la verificación del quórum y el 96,3% de las acciones suscritas, se definieron, entre otros 20 puntos, el pago del dividendo, los miembros de la nueva Junta Directiva, y se puso a consideración y aprobación la modificación al reglamento interno de la Asamblea, así como la política de sucesión de los miembros de la Junta.
Antes de empezar, el presidente de la petrolera, Ricardo Roa, afirmó que los resultados operativos permitieron impulsar los logros de la compañía en línea con las metas establecidas en los primeros meses del año.
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Es de anotar que el Estado es el dueño del 88,49% de las acciones de Ecopetrol, el resto está dividido entre más de 255.000 accionistas minoritarios, incluyendo a los fondos de pensiones y JPMorgan Chase Bank.
En las primeras intervenciones, en las que se aprobó el orden del día, los accionistas minoritarios pidieron que se incluya a un trabajador dentro de la Junta Directiva de la empresa.
“Es una deuda histórica que se tiene para el reconocimiento de los trabajadores”, afirmó uno de los representantes.
De hecho, el ministro de Minas, Edwin Palma, envió en las últimas horas una carta al ministro de Hacienda, Germán Ávila, solicitando que se hagan cambios en los postulados para integrar la Junta Directiva de Ecopetrol.
En el documento, se pide que se integre a la plancha a una persona que represente a los trabajadores de la compañía, así como al sindicato de Ecopetrol, la Unión Sindical Obrera de la industria del petróleo y las energías alternativas (USO).
“Una de esas promesas del Gobierno y del presidente de la república fue el nombramiento de un miembro de la junta directiva de Ecopetrol que representara a los trabajadores petroleros”, se lee en el documento.
En cuanto a los cuestionamientos a la gestión de Roa, Jorge Robledo, también accionista de Ecopetrol, solicitó explicaciones sobre por qué han caído 40% las acciones de la compañía, y opinó que esto se debería a la gestión de Roa y a las dudas generadas por su administración.
“Tenemos una Junta Directiva que le corre a lo que diga el presidente Gustavo Petro, que es un presidente que odia el petróleo”, dijo.
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De esta manera, Robledo solicitó incluir en el orden del día un punto específico para discutir la gestión de Roa.
Por el contrario, César Loza, presidente de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO), respaldó la gestión de Roa y expresó que la caída en el valor de la acción es anterior a la llegada de la actual administración.
Estas intervenciones fueron celebradas por los accionistas, poniendo de manifiesto las distintas perspectivas en la asamblea.
Tal como se esperaba, la Junta Directiva quedó conformada por los miembros propuestos en la plancha que días antes fue divulgada.
Se eligieron cuatro miembros, de los nueve que la conforman. Así, seguirán como independientes Ángela María Robledo; Mónica de Greiff; Guillermo García y Álvaro Torres. Y Tatiana Roa Avendaño (viceministra de Ordenamiento Ambiental del Territorio) como no independiente.
Los nuevos miembros que entraron a integrar la junta son Alberto José Merlano Alcocer e Hildebrando Vélez, como no independientes; y Ricardo Rodríguez Yee y Luis Felipe Henao como independientes.
De estos nombramientos han causado polémica el de Vélez, por ser padre de la exministra Irene Vélez; y el de Merlano Alcocer, por ser familiar de la primera dama Verónica Alcocer.
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También llegó como nuevo miembro Rodríguez, quien fue contralor delegado para asuntos de energía y lideró las investigaciones sobre Reficar y Electricaribe.
Pero no todos son aliados del Gobierno Petro, pues entró Henao, un crítico de este que fue nominado por los accionistas minoritarios representados por los fondos de pensiones (Porvenir, Protección, Colfondos).
Henao es un abogado antioqueño que ha hecho gran parte de su carrera política con Germán Vargas Lleras. Además, actualmente forma parte de la Junta Directiva de Empresas Públicas de Medellín (EPM), designado por el alcalde Federico Gutiérrez.
Felipe Cuberos, en representación de los fondos de pensiones administrados por Colfondos, Skandia, Porvenir y Protección, afirmó que el informe de gestión presentado por Ecopetrol les parece “incompleto”.
“En informe debe contener una relación detallada y completa de los pagos que se le han hecho a los directivos de la compañía y algunos asesores. Esa es una información que no aparece en el informe y que también nos fue negada en el ejercicio del derecho de inspección. Nos argumentaron que se trataba de datos personales, pero ¿a qué accionista no le importa saber cuánto se ganan sus gerentes y los miembros de la Junta Directiva y cuánto se gasta la compañía", comentó.
También se refirió al proyecto Oslo que “está directamente relacionado con el gobierno corporativo de esta compañía y muestra cómo no han funcionado las instancias de Gobierno”.
Ecopetrol, en conjunto con Oxy, tiene una operación de fracking en Estados Unidos y en su momento se dio la oportunidad de ampliarla hacia otra cuenca. Este proyecto caldeó los ánimos en la Junta de Ecopetrol, lo que se derivó en la renuncia de Luis Alberto Zuleta y Juan José Echavarría, quienes expresaron por medio de una carta que esta movida se frenó después de que el presidente Gustavo Petro le dijera a Roa y a varios miembros del órgano directivo que no estaba de acuerdo.
Otros accionistas también dijeron no estar de acuerdo con el informe de gobierno corporativo de la empresa por los “despidos masivos a empleados” y algunos pidieron la renuncia de Roa por presuntos hechos de corrupción.
Asimismo, rechazaron que hay miembros de la junta, como Ángela María Robledo, que no tienen la experiencia para estar allí.
Como respuesta a esto, César Loza, presidente de la USO, sostuvo que estos mismos cuestionamientos no se les hicieron a exintegrantes del órgano como Luigi Echeverry. “Sabía más de caballos y menos de petróleo”, manifestó.
Loza pidió respeto y sostuvo que entes como la Fiscalía son los que se deben encargar de investigar.
Fue elegida la propuesta del Ministerio de Hacienda de pagar un dividendo ordinario de $214 por acción. En total, se repartirán $8,8 billones de las utilidades de Ecopetrol, es decir, el 59% de estas.
Asimismo, se acordó que el pago al accionista mayoritario (el Estado) quedará en tres cuotas: el 4 de abril ($2,2 billones), el 29 de abril (2,3 billones) y el 27 de junio ($3,2 billones).
Para los minoritarios quedará en dos cuotas iguales: la primera el 4 de abril de 2025 y la segunda el 29 de abril de 2025.