En su explosión por el hecho de que el Consejo de Estado admitió una tutela contra la transmisión de los consejos de ministros por televisión, el presidente Gustavo Petro, como es habitual, se quiso comparar con administraciones anteriores, esta vez con la del expresidente Iván Duque, y aseguró que a otros sí los dejan hacer, pero a él no. En esa fórmula, que le permite al actual mandatario hacer esguinces, también aseguró que el pluralismo informativo y el derecho a la verdad que ordena la Constitución están “en vilo”. Desde su perspectiva, eso es posible. Pero hay otras miradas.
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Para empezar, el programa de Iván Duque (‘Prevención y acción’) se originó en medio de una circunstancia objetiva basada en la necesidad de mantener informado al país sobre la pandemia del coronavirus, si bien con el paso de las semanas se fue utilizando con fines políticos, razón por la cual también recibió la crítica de todos los medios de comunicación. No fue, como dice el presidente Petro, que “Duque sí podía salir todos los días en TV y no había problema”. Los medios reclamaron ante la continuidad de ese espacio por dos razones básicas: difundían el sentir de la ciudadanía que lo sentían ya como mera propaganda y exigían recuperar su espacio de mayor audiencia ocupado por el programa gubernamental.
Gustavo Petro reclama verdad y pluralismo informativo
En cambio, las razones por las que el mandatario actual reclama el derecho de invadir la franja ‘prime time’ de los canales privados comienzan por el pretendido derecho a la verdad y al pluralismo informativo. “Esto está bueno. El.pluralismo informativo y el derecho a la verdad que ordena la constitución, en vilo [sic]”, protestó en X. Pero, la verdad, reclamada por quien detenta el poder y dispone de todos los medios (en el sentido lato de esta expresión) para ejercerlo no resulta siendo la ‘verdad’, sino solo el punto de vista que se pretende imponer al conjunto de la sociedad.
Ese reclamo por la verdad resulta siendo una cuerda que, rasgada incluso por la mano más grosera, es capaz de hacer vibrar a todo el mundo sin gran esfuerzo. La sociedad necesita la verdad, pero, definitivamente, no la que viene en el empaque de versión oficial. Hay aproximaciones a ella mediante el debate democrático y el respeto por las miradas diferentes, rechazando los unanimismos, los fanatismos y las manipulaciones. Que los medios de comunicación participen, desde sus perspectivas, en ese debate, no significa, como dice el jefe de Estado, “el linchamiento del presidente porque es progresista”. Significa que la democracia palpita.
El pluralismo informativo, por otra parte, no puede hacer referencia a que el poder pretenda invadir todas las esferas de la vida nacional. Ese pluralismo, el democrático, consiste en que los ciudadanos tengan la opción, libremente, de elegir sobre qué quieren informarse y a través de qué medios. Hoy el Gobierno dispone de un robusto sistema de medios públicos (RTVC) —señalado, incluso, de una severa censura que privilegia solo los contenidos que reproducen y exaltan la mirada oficial—, además de las redes sociales y de los escuadrones de bodegueros que mueven y defienden los mensajes de la actual administración, y atacan a quienes no comulgan con ellos.
Es la oferta la que define el pluralismo informativo; no la imposición. Si bien muchos medios pertenecen a los grupos económicos que aborrece el jefe de Estado (dijo que solo quieren que se escuche una voz: la de los dueños del capital a los que, según él, les asusta “la información al pueblo colombiano del gobierno del cambio”), esa es una realidad que no corresponde solo a Colombia, sino que expresa el modelo económico que desarrolló el mundo. Esos medios no constriñen a las audiencias para capturar su atención. No las obligan a seguirlos. Diseñan y desarrollan estrategias válidas para lograr ese objetivo.
Por eso, ya es moneda corriente hablar de economía de la atención o atencional, en la cual prácticamente todo el mundo compite por capturar la mirada de la gente, desde los medios de comunicación, que llevan muchos años acumulando experiencia en eso, hasta los actuales ‘influenciadores’ que surgieron con la explosión de las redes sociales; desde las empresas que buscan capturar más clientes hasta los gobiernos que quieren dar a conocer sus programas y logros, y, cómo no, influir en las personas, sobre todo cuando hay en ciernes unas elecciones, como en el caso de Colombia.
Es una característica del mundo moderno y democrático. Bien lo explica Tim Wu en su ya célebre texto ‘Comerciantes de atención’: “Durante gran parte de la historia de la humanidad los gobiernos no sintieron ninguna necesidad de atraer la atención pública; es más, trataron de evitarla. […] Antes de la era democrática, solo la iglesia como ya se ha visto, buscaba y usaba de manera sistemática acceder a la mente de la gente. De hecho, la palabra ‘propaganda’ tenía, en origen, el significado estrictamente eclesiástico de propagar la fe”.
Pero todo eso fue antes de la era democrática. Con la democracia plena florecieron diversas formas de comunicación, aun las oficiales, al punto de que las constituciones liberales y democráticas garantizan la libertad de información en dos vías: la libertad de crear medios de comunicación para informar con responsabilidad, pero también la libertad de los ciudadanos de informarse a través del medio que prefieran. El pluralismo que pregona el presidente Petro no puede consistir en meterse a la brava en los hogares, no ya para hablarles él de manera directa y “personal” —como, además, lo establece la sentencia C1172 de la Corte Constitucional—, sino transmitiendo sus consejos de ministros, y, lo que es peor y todavía más aburridor, retransmitiéndolos.
Precisamente, con el propósito de hacer valer los derechos de los ciudadanos de escoger no solo los contenidos a los que quieren acceder, sino los medios a través de los cuales lo quieren hacer, la ciudadana María Cristina Cuéllar Cárdenas interpuso una acción de tutela ante el Consejo de Estado para que el consejo de ministros del presidente Petro no sea transmitido por los canales privados. La acción fue admitida por el alto tribunal, lo que desató la ira del mandatario.
Preguntas de Gustavo Petro a Caracol, RCN y Canal Uno
Al respecto, el presidente Petro volvió a trinar este jueves: “Yo quiero que me expliquen: Caracol, RCN y el extraño canal UNO, ¿por qué hay una tutela contra el presidente por expresarse, en el espectro electromagnético qué según la constitución nacional, es público, inembargable y, oigan bien: inenajenable, pero no la hubo para la transmisión diaria del programa del presidente Duque? ¿El espectro electromagnético fue privatizado en Colombia, contra la constitución, sin que nos diéramos cuenta?”.
El jefe de Estado también se pregunta si “por el espectro electromagnético, propiedad de la Nación, no puede expresarse sino los grandes dueños del capital que son los dueños de los canales privados, en contravía del derecho constitucional al pluralismo informativo y la veracidad? ¿Los canales privados entonces significan expropiación del espectro electromagnético nacional?”. Quizá no considera que, si bien es cierto que el espectro electromagnético es de la Nación, también lo es que ha sido concesionado, legalmente, a los privados a través de acuerdos en derecho que se deben honrar.
Más allá del debate sobre si el consejo de ministros debe considerarse como una alocución presidencial, un asunto que tiene abierto otro gran debate jurídico en el país, la discusión mayor es si el Gobierno Nacional puede tener la potestad de invadir las esferas de las personas, por un lado, y de los medios de comunicación, por otro, para difundir su mirada. Eso, más los constantes ataques a instituciones como el Congreso de la República y la Justicia, porque esas otras dos ramas del poder público no se alinean con los propósitos políticos del mandatario, son una amenaza para la democracia.
Hoy muchos ven en la transmisión del consejo de ministros del presidente Petro el fantasma del programa ‘Aló presidente’ que impulsó Hugo Chávez en Venezuela. Quizá sea una exageración. Pero no se puede dejar de mirar el caso de ese país, en donde, en los últimos 20 años, a instancias del régimen, se han cerrado más de 400 medios de comunicación en el proceso de anulación de espacios de información, de constreñimiento al libre ejercicio del periodismo y de instalación definitiva de la voz oficial como la única. Y todo comenzó con los ataques de Chávez a la prensa.