Luego de dos semanas de espera, este lunes se reanudó la audiencia de imputación de cargos en contra del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y otras diez personas implicadas en el escándalo de Aguas Vivas.
Siga aquí el minuto a minuto:
9:32 p.m.: Finalmente, tras más de dos horas de intervención y preguntas a la fiscal, el exalcalde Daniel Quintero y su abogado señalaron entender lo dicho por la fiscal y volvieron a insistir en que se desestimara la imputación.
8:30 p.m.: Como parte de ese segundo bloque de imputados, el exalcalde Daniel Quintero intervino, señalando tener dudas en el proceso y pidiendo que se hiciera un control material a la imputación.
Quintero tuvo una intervención que duró más de una hora, en la que insistió en no encontrar asidero en la exposición de hechos de la fiscal y la interrogó por variados asuntos, que fueron desde la relación de sus funciones como alcalde con el caso, la legalidad de los contratos y las actuaciones que realizó, entre otros.
Al tratarse de una imputación, el juez le solicitó a Quintero en repetidas ocasiones centrarse en sus dudas sobre los hechos jurídicamente relevantes y los delitos imputados por la Fiscalía, más no en demostrar su inocencia, dado que dicho debate correspondería a otra etapa del proceso.
Por su parte, la fiscal recordó que al exalcalde se le imputaban delitos por la firma del decreto Decreto 412 de 2023, que habría sido contrario al Plan de Ordenamiento Territorial, y luego el peculado, por ser garante de los intereses del distrito en su investidura de alcalde.
Durante la intervención, Quintero fue objeto de un fuerte llamado de atención por parte del juez. La situación se suscitó cuando la fiscal al frente del caso pidió un receso de cinco minutos para ir al baño y Quintero interrumpió y dijo. “Yo creo que va al baño para que le expliquen”, expresó.
La fiscal le pidió respeto al exalcalde y le solicitó al juez llamar al orden.
El juez le exigió a Quintero guardar la compostura en la diligencia y le reprochó que desde que comenzó la audiencia, el pasado 8 de abril, ya había incurrido en constantes faltas de respeto.
“Su comportamiento no fue acorde con el decoro de este tipo de diligencia. Respete a cada una de las partes y a la ciudadanía. Usted debe dar ejemplo a la sociedad por ser una figura pública”, le reclamó al juez.
7:00 p.m.: Tras ser consultados uno por uno, Karen Bibiana Delgado y Sergio Andrés López señalaron entender los delitos que les eran imputados. Desde las 6:00 p.m., el turno correspondió a la defensa de la exsecretaria Natalia Andrea Jiménez y Leidy Jiménez Echavarría. En una intervención que duró más de una hora el abogado de ambas, Santiago Trespalacios, planteó que era ilógico que a sus representadas se les imputara el delito de interés indebido en la celebración de contratos y que al mismo tiempo se hablara de un intento de modificación de un contrato, esto con base a las maniobras planteadas por la Fiscalía que se habrían dado para modificar la cesión gratuita del lote a un contrato de compraventa. “Un intento de contrato no es un contrato. Le están imputando a mis defendidas un delito imposible”, dijo Trespalacios.
Posteriormente tanto Natalia Andrea Jiménez como Leidy Jiménez señalaron comprender los delitos imputados, pero pidieron al juez un control material sobre la imputación. Posteriormente, Alethia Carolina Arango Gil, quien ejerció como subsecretaria de Defensa y Protección de lo Público, también señaló entender los delitos que se le imputan.
Concluido este primer bloque, el juez dio paso al segundo bloque de imputados, en este caso el exalcalde Daniel Quintero, el exsecretario General, Fabio Andrés García Trujillo; José Fernando Rueda Salazar, representante legal de Técnicas Constructivas; Juan Diego de Jesús Moreno Barón, representante legal de IDC Inversiones; y otro particular identificado como Juan Manuel Villegas Márquez.
En este segundo bloque, la Fiscalía les imputa a los implicados los delitos de peculado por apropiación y prevaricato por acción.
5:15 p.m.: El juez empezó a preguntar a cada uno de los implicados si entendían los delitos por los que estaban siendo imputados. En medio de ese proceso, el juez tuvo un choque con el abogado del exsecretario Carlos Mario Montoya, quien aseguró, alzando el tono de la voz, que luego de escuchar la intervención de la fiscal no entendía de lo que era señalado su cliente. “Si usted como profesional no entendió lo que la fiscal dijo estamos mal en términos de comprensión”, le dijo el juez, señalando no estar dispuesto a regresar a lo debatido previamente y que la audiencia se extendiera más de lo necesario.
Posteriormente, Montoya fue requerido por el juez y señaló entender el lenguaje de la fiscal, pero asegurando que estaría incurriendo en falsedades. El juez le dijo que esas controversias ya hacían parte de otra etapa del proceso y no de la imputación. Tras concluir con Montoya, los demás defensores de los imputados en el primer bloque fueron consultados por sus dudas.
4:40 p.m.: Tras la solicitud de aclaración del juez, la Fiscal procedió entonces a referirse uno por uno a los implicados en el caso. En el primer bloque, recordó que los funcionarios Carlos Mario Montoya Serna, exsecretario de Gestión y Control Territorial; Karen Bibiana Delgado Manjarrés, exsecretaria de Suministros y Servicios; Sergio Andrés López Muñoz, exdirector de Planeación de Medellín; Natalia Andrea Jiménez Pérez, exsubsecretaria de Ejecución; Alethia Carolina Arango Gil, quien ejerció como subsecretaria de Defensa y Protección de lo Público, y Leidy Jiménez Echavarría, exsubsecretaria de Proveedores, se les está imputando el delito de interés indebido en la celebración de contratos en favor de los tres privados involucrados
A este grupo de funcionarios los señaló de haber participado, en cada uno de sus cargos y funciones, en los conceptos que abonaron el terreno para que la Alcaldía justificara un pago de $42.000 millones que se iba a hacer a los particulares implicados; es decir, las empresas IDC Inversiones, Técnicas Constructivas y un tercero identificado como Juan Manuel Villegas Márquez.
Dichas movidas, sostuvo la fiscal, habrían ido en contravía de conceptos previos de otros funcionarios que se opusieron a que dicho pago se realizara tras considerar que no era legal.
En su recuento, la Fiscal insistió en que, por ejemplo, desde la Secretaría de Gestión y Control Territorial, a cargo de Carlos Mario Montoya, no se podía haber solicitado una actualización del avalúo en el terreno, que desde Planeación, a cargo de Sergio López, no se podía gestionar el pago del mismo con un fondo público, y que el Distrito tampoco podía, en aras de salvaguardar el interés público, controvertir las decisiones judiciales que impidieron que la conciliación se realizara.
4:32 p.m.: El juez abordó las inquietudes de los defensores y rechazó que el proceso estuviera viciado. “Aquí no estamos decretando nulidades, ni estamos ante dos imputaciones. Estamos ante una imputación que se inició el 8 de abril y que se suspendió. Todos tuvieron la oportunidad de hacer observaciones en la audiencia que se inició el 8 de abril y se planteó (por parte de los defensores) que no había hechos jurídicamente relevantes”, dijo.
El juez recordó que los mismos defensores habían pedido que se aclarara y planteó que eso es precisamente lo que se está haciendo en la sesión de este lunes 21 de abril. “Llaman a que se haga un control, pero cuando se hace un control tampoco le sirve a la defensa. Básicamente lo que observamos es que no se quiere que se haga una imputación”, señaló el juez, dándole el uso de la palabra a la Fiscalía.
4:10 p.m.: Frente a los reparos de los defensores, la Procuraduría dijo que la intervención de los defensores estaban creando una situación paradójica para que se cayera la imputación. Pese a considerar que el caso es jurídicamente complejo, la procuradura planteó que la imputación de la fiscal había estado en regla.
“La Fiscalía hizo un recuento detallado de los hechos jurídicamente relevantes”, sostuvo la procuradora, considerando que el papel de los implicados sí se había explicado de forma clara la exposición de la fiscal. “No entiendo por qué los señores abogados (defensores) insisten en que no ha sido clara la imputación. Esto es un acto de mera comunicación, no es un acto jurisdiccional. No podemos continuar en un contrasentido o en una paradoja”, agregó.
3:40 p.m.: Los defensores del exsecretario de Planeación Sergio Andrés López, del exalcalde Daniel Quintero y de la exsecretaria de Suministros y Servicios Karen Bibiana Delgado, entre otros, señalaron que esa solicitud del juez demostraba los vacíos que habrían ocurrido en la imputación, señalando que la Fiscalía no debería tener la oportunidad supuestamente de “subsanar” la imputación inicial.
3:29 p.m.: Dirimida la controversia de la presencia de la Alcaldía en la audiencia, el juez pasó a abordar la controversia sobre si la imputación de cargos, realizada el pasado 8 de abril, si se habría realizado de forma correcta y si la Fiscalía había enunciado los hechos jurídicamente relevantes, para darle a entender a los procesados de qué estaban siendo señalados con claridad.
El juez dijo que la jurisprudencia de la Corte Suprema ya ha ordenado que las imputaciones deben tener un control material, para garantizar la legalidad de la imputación. Por esta razón el juez requirió a la Fiscal para ahondar en sus señalamientos, pidiéndole precisar con más detalle cuál fue la participación de los implicados en el caso, qué cargo ocupaban en el momento en el que se habrían cometido los delitos y las actuaciones en las que se habría materializado.
Dado que en la primera audiencia la fiscal dividió la imputación en dos bloques, el juez le solicitó centrarse inicialmente en el primer bloque de imputados, a quienes se les señala del delito de interés indebido en la celebración de contratos; es decir, Carlos Mario Montoya Serna, exsecretario de Gestión y Control Territorial; Karen Bibiana Delgado Manjarrés, exsecretaria de Suministros y Servicios; Sergio Andrés López Muñoz, exdirector de Planeación de Medellín; Natalia Andrea Jiménez Pérez, exsubsecretaria de Ejecución; Alethia Carolina Arango Gil, quien ejerció como subsecretaria de Defensa y Protección de lo Público, y Leidy Jiménez Echavarría, exsubsecretaria de Proveedores.
“Es bueno que nos precise, porque si hizo una descripción de un trazedar de cargos en los que estas personas estuvieron en la administración”, dijo el juez.
3:16 p.m.: El juez dio por cerrada la controversia y dijo que en la audiencia de formulación de acusación posteriormente se podría abordar el tema y que mientras tanto, en la audiencia de imputación, la Alcaldía podría seguir. “La judicatura enuncia que no repone su decisión”, dijo.
3:10 p.m.: La fiscal controvirtió a los defensores y pidió que la audiencia se siguiera realizando en los mismos términos. “En 2024 se presentó otra denuncia con hechos distintos y que están en otro despacho”, dijo, señalando no ver un problema procesal el hecho de que la Alcaldía de Medellín fuera reconocida como víctima.
Por su parte, la Alcaldía planteó que la decisión del juez no sería susceptible de recursos, por lo que no procedería la solicitud de reconsideración. “Esta representación no está representando al alcalde Federico Gutiérrez sino al Distrito de Medellín, que es una persona jurídica diferente a quien ostente el cargo de alcalde”, expresó el abogado.
3:00 p.m.: El abogado defensor de Quintero, el exmagistrado Luis Antonio Hernández Barbosa, señaló que respetaba la decisión, pero que no la compartía y por tanto pidió una reconsideración. “Me parece que es muy sensato considerar que tendría que representar aquí los intereses del estado la Contraloría y no quien también hace parte de esta historia”. La medida fue también apoyada por la defensa del exsecretario de Gestión y Control Territorial, Carlos Mario Montoya.
2:55 p.m.: Juez dice que la Alcaldía de Medellín puede mantenerse como víctima en el caso de Aguas Vivas. Luego de que la defensa del exalcalde Daniel Quintero asegurara que el gobierno de Federico Gutiérrez estaba impedido para participar del caso, alegando un presunto conflicto de interés ya que el caso había comenzado antes de 2020, el juez consideró que la petición no era procedente.
“Si bien el Dr. Luis Hernández en su escrito me señala que, al parecer, se hicieron denuncias en contra el alcalde Federico Gutiérrez, la jurisprudencia es clara en indicar que si el representante legal es el mismo sindicado la Contraloría deberá asumir la constitución de parte civil. Pero aquí no se tiene conocimiento de que el alcalde esté procesado por estos hechos”, dijo el juez. “Se reconoce y se permite la participación del ente territorial”, añadió.
2:37 p.m.: El juez reanudó la audiencia.
La diligencia de este lunes se realiza luego de que el pasado 8 de abril se iniciara por fin la diligencia en la que la Fiscalía espera imputar a los implicados en el caso Aguas Vivas.
Fuera del exmandatario local, en la solicitud de imputación aparecen relacionados Carlos Mario Montoya Serna, exsecretario de Gestión y Control Territorial; Fabio Andrés García Trujillo, exsecretario General; Karen Bibiana Delgado Manjarrés, exsecretaria de Suministros y Servicios; Alethia Carolina Arango Gil, quien ejerció como subsecretaria de Defensa y Protección de lo Público; Sergio Andrés López Muñoz, exdirector de Planeación de Medellín; Natalia Andrea Jiménez Pérez, exsubsecretaria de Ejecución; y Leidy Jiménez Echavarría, exsubsecretaria de Proveedores.
En la audiencia del pasado lunes, cabe recordar que la exsecretaria de Gestión Humana, Ingrid Vanessa Gonzalez Montoya, y la exsubsecretaria legal de Movilidad, Yina Marcela Pedroza Gómez, quienes inicialmente habían sido relacionadas por la Fiscalia en el caso, no fueron cobijadas inicialmente en la imputación, ya que comparecieron en la audiencia señalando que su abogado tenía otros compromisos.
Pese a iniciar el 8 de abril, la diligencia había sido aplazada luego de que el juez al frente del caso ordenara suspenderla para revisar varios reparos que los abogados defensores le hicieron a la Fiscalía.
La mayor parte de los mismos se centraron en que, en su exposición, la Fiscalía no habría dado los hechos jurídicamente relevantes para la imputación, asegurando que no había quedado lo suficientemente claro y concreto el papel de los acusados en el proceso. Bajo esta óptica, los defensores plantearon que la imputación estaría viciada y no debería ser admitida.
Por su parte, el abogado del exalcalde Quintero, el exmagistrado Luis Antonio Hernández, le pidió al juzgado sacar a la Alcaldía del proceso en su condición de víctima, considerando que esta no podía participar del mismo por tener supuestamente funcionarios involucrados en el mismo caso.
El escándalo de Aguas Vivas estalló en diciembre de 2021, mes en el que EL COLOMBIANO empezó a denunciar el presunto negociado ilegal que se estaba fraguando con un megalote a nombre del Municipio de Medellín.
Aguas Vivas es una propiedad ubicada entre El Poblado y Las Palmas, de un área de 147.000 metros cuadrados y que puede observarse desde el segundo mirador de la avenida Las Palmas.
El caso en mención se remonta al 29 de diciembre de 2014, cuando dos empresas, identificadas como IDC Inversiones y Técnicas Constructivas compraron el terreno.
Apenas tres meses después de concretar esa primera transacción, ambas empresas le traspasaron por un valor de $361 millones al exgobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, un 11% de dicho terreno, y un 4% restante a dos hermanos de él, Alberto, Darío y Mario.
A mediados de 2015, se selló una tercera transacción en la que los Pérez Gutiérrez aumentaron a un 39% su participación conjunta para el terreno.
Al año siguiente, en marzo de 2016, la familia del exgobernador hizo otra movida con el terreno, volviendo a entregar a las dos empresas iniciales sus participación sobre el predio y recibiendo a cambio otra finca aledaña, de nombre Las Brisas, y en donde ya tenían participación previamente.
Todas movidas fueron constatadas por EL COLOMBIANO tras revisar documentos que reposaban en los archivos de la Notaría 25.
En 2017 los privados empezaron a pedir pista para traspasarle al municipio de Medellín el primer lote en cuestión, el de Aguas Vivas.
A pocos días del cambio de gobierno, se suscribió una escritura pública en la que la cesión fue aceptada, tal como quedó consignado en una escritura emitida por la Notaría 19 de Medellín, fechada el 27 de diciembre de 2019.
Tras dicho acto, en el que el predio se avaluó en $2.711 millones, quedó pendiente no obstante hacer el registro del título ante la oficina de registro de instrumentos públicos.
Dicho traspaso se hizo además como una compensación urbanística, una figura que obliga a los constructores a entregar espacio público a la ciudad cuando adelantan un proyecto. Por esta razón, en dicho traspaso no se le exigió a la Alcaldía un pago.
Cabe recordar que el terreno de Aguas Vivas aparecía en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) como una zona destinada para un ecoparque, razón que le restringía a sus dueños su uso para cualquier proyecto habitacional.
Bajo esa lógica, dicha cesión se explicaría para esas empresas posteriormente pudieran cerrar algún acuerdo económico con algún tercero dispuesto a pagar por aquel terreno y así cumplir con alguna compensación urbanística pendiente.
En su investigación, la Fiscalía busca determinar quiénes fueron los responsables y cómo se habría producido una serie de movidas administrativas con las que el lote Aguas Vivas, ubicado en Las Palmas, fue avaluado por la Alcaldía en $48.234 millones en 2021, presuntamente para beneficiar a privados.
De igual manera, se investiga el papel del exalcalde Quintero en dicho caso, sobre todo por cuenta de la firma de un decreto que le cambió el uso al suelo en cuestión, luego de que la justicia no le permitiera a la Alcaldía realizar una conciliación en la que pagaría $40.509 millones a los privados.