Damián Esteban Landínez Cañón

La polémica no se detiene al rededor de las nuevas modificaciones que le hizo el Sena a los oficios que maneja el Servicio Nacional de Aprendizaje, a través de un acuerdo en el que se incluyeron unas novedosas ocupaciones que causaron todo un revuelo como gigoló, modelo webcam, pitonisa, vidente, adivinador, hechicero y hasta domador de fieras.La decisión que puso en el ojo del huracán a la entidad, terminó en una demanda que acaba de admitir el Consejo de Estado, en la que se pide la nulidad del Acuerdo 10 del 29 de diciembre de 2023, el cual permitió los cambios en los oficios que maneja

SEMANA conoció en primicia la fecha en que la Corte Suprema de Justicia escuchara en indagatoria a los expresidentes del Congreso por el escándalo de la UNGRD.

El caso de Mancuso sigue siendo una controversia en la justicia colombiana.

La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de cinco años y seis meses de cárcel contra la polémica excongresista Aida Merlano Rebolledo, por el delito de violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales.Y es que la excongresista —quien protagonizó una fuga de película desde un consultorio odontológico en el norte de Bogotá— tenía este proceso ante la Sala de Primera Instancia, desde el 2 de noviembre de 2022.

Un alarmante panorama de seguridad contra los personeros en el país se destapó después de que fue asesinado Jimmy Rosero, el personero de Cumbitara, en Nariño, horas después de que fue secuestrado en la tarde del martes 5 de noviembre.El procurador para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, le hizo un fuerte reclamo al Gobierno nacional para que garantice la vida de esos funcionarios públicos, y de paso, detalló, que más de 110 personeros han sido amenazados o han estado en situación de riesgo solamente este año.“Lamentamos y repudiamos el homicidio del personero de Cumbitara, Nariño, Jim

El desfalco de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD), al parecer, fue consumado. Así lo demuestra la ponencia del magistrado Francisco Farfán, integrante de la Corte Suprema, por la que se abrió investigación formal contra los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle.

SEMANA conoció tres nuevos nombres que se habrían beneficiado de la corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), a través de la investigación formal que le abrió la Corte Suprema de Justicia a los expresidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.Se trata de la concejal de Bogotá María Clara Name Ramírez, hija del senador del Partido Alianza Verde, Iván Name; el alcalde de Montelíbano, Córdoba, Gabriel Alberto Calle Demoya, y el candidato a la Gobernación de Córdoba, Gabriel Enrique Calle Aguas, respectivamente papá y he

La Procuraduría General de la Nación tiene actualmente 43 procesos activos contra el exalcalde de Cartagena, William Dau, por casos de irrespeto, presuntas irregularidades en contratos e inconsistencias en el manejo de presupuestos, ente otras situaciones.

En un comunicado de tres puntos, la defensa del expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, se pronunció horas después de que la Sala de Instrucción le abriera una investigación formal y lo citara a indagatoria para que responda por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.En el documento conocido por SEMANA, el abogado Billy Torres, defensa de Calle, aclaró que por tratarse de un tema de interés nacional, se pronunciaba tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de abrir investigación formal contra su cliente.El pronunciamiento del abogado de Calle

El expresidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, acaba de ser sancionado con destitución e inhabilidad por ocho años, ante los otrosíes que firmó para modificar las cláusulas en favor de la concesionaria Ruta del Sol S.A.S.La Procuraduría confirmó que Andrade “firmó dos documentos adicionales al contrato de concesión n.° 001 de 2010, en los que avaló cambiar la forma de hacer los pagos que había sido acordada y definió que los mismos se harían una vez cada uno de los acuerdos contractuales tuviera un cumplimiento del 80 % y no del 100 %, como se pactó inicialmente”.Para la Procuraduría, el