El Consejo Nacional Electoral (CNE) —el tribunal electoral que investiga a Gustavo Petro por la presunta financiación irregular de su campaña presidencial de 2022— fue una de las entidades sacrificadas en el decreto de recorte presupuestal y de aplazamiento que busca suplir los 12 billones de pesos faltantes en el Presupuesto General de la Nación.Ad portas de 2026, el CNE sólo recibirá aproximadamente 466.000 millones de pesos, una reducción económica que encendió las alarmas entre los magistrados que hablan del riesgo en las elecciones atípicas de 2025 y las de Congreso y presidenciales de 2026.En un comunicado de prensa, los magistrados afirmaron que el aplazamiento presupuestal compromete el cumplimiento de las facultades constitucionales y legales asignadas. Y en esa medida, “se ven imposibilitadas las actividades misionales, particularmente, aquellas relacionadas con las elecciones atípicas de 2025, la realización de los Consejos Municipales de Juventud y las actividades preparatorias para las elecciones del Congreso y presidente a celebrarse en 2026, en lo relativo a testigos electorales, auditorías, escrutinio general y todo el componente tecnológico que garantiza la transparencia en las elecciones”.Anunciaron que solicitarán al gobierno de Gustavo Petro replantear el aplazamiento de los recursos económicos, “sin perjuicio de que se estudien las medidas jurídicas procedentes para controvertir lo decidido en el Decreto 069 de 2025. Asimismo, se solicitará a los órganos de control la intervención inmediata en esta situación que se advierte irregular”.Por último, el CNE advierte que la restricción de los recursos a la autoridad electoral “afecta la realización de las elecciones libres, justas y transparentes. Esta decisión presupuestal afecta gravemente la democracia en nuestro país”.Informaron que el tribunal conoció que, mediante el Decreto 069 del 24 de enero de 2025, expedido por el Ministerio de Hacienda, se recortó en un 56,75 % el presupuesto asignado a la entidad en el año 2025, “lo que representa la totalidad del componente electoral”.Frente a esta situación, los togados afirmaron: “No se observa un criterio de proporcionalidad frente a otras entidades para la decisión del aplazamiento presupuestal y tampoco de razonabilidad en atención a la autonomía de esta autoridad electoral”.Aunque no lo dice el comunicado, algunos magistrados no descartan que detrás de la decisión se esconda la molestia del presidente Petro con el Consejo Nacional Electoral porque, contrario a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, el CNE ya confirmó un pliego de cargos en su contra por la presunta financiación irregular de su campaña de 2022 porque, al parecer, se violaron los topes electorales en la primera y segunda vuelta por encima de los 5.300 millones de pesos. De hecho, los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, investigadores del caso Petro, rechazaron todas las nulidades que los abogados del petrismo interpusieron en su contra. En dos semanas aproximadamente iniciará la etapa probatoria y se espera que antes de junio de 2025, cuando caduca la investigación, los colombianos conozcan oficialmente si el hoy presidente y los directivos de su campaña violaron o no los topes electorales.
Section
Medio
Escrito por