Andi hace preocupante llamado por aprobación de reforma a la Salud en la Cámara: “No es coherente”

La reforma a la Salud presentada por el gobierno Petro al Congreso de la República ha sido uno de los proyectos que más problemas ha tenido para su aprobación. Varios sectores políticos del país se han ido en contra del proyecto, que busca desmontar el actual sistema de salud y darle menor participación a las EPS, otorgando sus actuales facultades a la Adres y eliminando el giro directo. Sin embargo, tras la primera caída de la reforma, presentada por la ministra Carolina Corcho, hace algunos meses, el proyecto se volvió a radicar en el Congreso por el actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien buscaría nuevamente la luz verde en el Legislativo. Hace algunas horas se conoció un nuevo movimiento del proyecto en el Congreso. Este estaría cada vez más cerca de ser aprobado por todas las corporaciones y, consigo, la entrada en vigencia de la Ley. Esto debido a que la reforma fue aprobada en segundo debate en la Cámara de Representantes. Es decir, la plenaria de la Cámara dio su visto bueno y envió el proyecto a la Comisión Séptima, el mismo escenario en donde se archivó hace poco más de un año. Tras ese movimiento, la Asociación Nacional de Empresarios publicó hace algunas horas un comunicado haciendo un llamado y expresando su profunda preocupación por los impactos que la aprobación de la reforma a la salud puede generar sobre el sistema. Aseguran que la actual propuesta no resuelve los retos actuales del sistema y profundiza la crisis financiera.“Vale la pena reiterar y recordar que el Auto 007 de 2025 de la Corte Constitucional declaró el incumplimiento general frente a la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y ordenó su revisión y reajuste para los años 2021 al 2024, sumado a la implementación de una nueva metodología de cálculo para el 2025 que, en adelante, garantice su suficiencia”, indicó la Andi. Además detallaron que, en su momento, la Corte evidenció las deficiencias fundamentales en el cálculo de la UPC y el impacto que estas generan en el financiamiento del Plan de Beneficios en Salud (PBS), además de subrayar la urgencia de contar con mecanismos transparentes y efectivos para garantizar que los recursos asignados reflejen las necesidades reales de la población.Detallan, además, que el proyecto es contrario al mandato constitucional de protección del derecho fundamental, una sustitución total del sistema de salud sin antes equilibrar financiera y operativamente el mismo. Adicional a ello, aseguran que la reforma propuesta no enfrenta de manera adecuada los problemas estructurales de financiamiento del sistema de salud. “Una reforma que amplía obligaciones a cargo del Estado sin garantizar fuentes claras solo profundizará el desbalance económico del sector. Nuestros análisis sobre el impacto fiscal de la reforma evidencian que su implementación generará una carga insostenible para las finanzas públicas. A finales del año pasado publicamos un estudio técnico que demuestra que la reforma a la salud no es sostenible con realidad fiscal del país. Los cálculos de la ANDI arrojan un déficit de $141.4 billones en los próximos 10 años, mientras que los cálculos del Ministerio arrojaban un superávit de $21.8 billones. Es decir, una diferencia de $163 billones”, indica la misiva. Finalmente concluyen que la diferencia más grande en los cálculos se encuentra en la senda de gasto de los servicios de mediana y alta complejidad, pues el Gobierno asumen un supuesto poco realista en este terreno. “Considera que las mejoras en atención primaria modifican casi que inmediatamente la senda de gasto de los servicios de mediana y alta complejidad. Ese supuesto no es coherente ni con el envejecimiento de la población, ni con el cambio tecnológico, ni con la realidad de crecimiento de la UPC de los últimos 15 años”, indican.