Una serie de decisiones de carácter ambiental y financiero del Gobierno Petro durante los últimos años parecen formar parte de la estrategia de la nación para entorpecer los proyectos de infraestructura de Bogotá con los que no está de acuerdo y que no ha podido frenar, a pesar de su constante presión.Dichas disposiciones han sido el caldo de cultivo para fuertes peleas entre el presidente Petro, que ha usado a varios de sus ministerios como punta de lanza para atacar a Bogotá, y el alcalde Carlos Fernando Galán, quien se ha enfocado en acelerar a toda costa la ejecución de los proyectos en la ciudad.La última de las “intromisiones en la autonomía regional”, como lo llaman desde el Distrito, tiene que ver con el borrador de resolución que publicó el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el que buscan dar lineamiento para reorganizar la sabana y a Bogotá en torno a la conservación del agua.Según el alcalde Galán, la expedición de esa resolución, tal como está, dejaría en vilo la realización de 16 proyectos de infraestructura que ya están andando y que no podrían continuar su curso por estar en zonas que ahora serían declaradas como humedales de especial protección. Justamente, obras como la primera línea del metro, la ampliación de la autopista Norte y la extensión de la avenida Boyacá ya habían generado antes graves tensiones entre la nación y el Distrito.Frente al documento del MinAmbiente, desde la administración distrital han dicho que fue construido de manera “oscura” y “a espaldas de la ciudadanía” porque no tuvo un correcto proceso de participación, por lo que les exigieron al presidente Petro y a la nueva ministra de Ambiente, Lena Estrada, quien asumió el cargo tras la salida de Susana Muhamad, que no expidan la resolución o que, de lo contrario, Bogotá tomará las medidas judiciales necesarias para frenar y proteger no solo la autonomía de la capital, sino la ley.“La ley no es una opción. La Constitución no es una opción. Esto representa un nuevo ataque del Gobierno nacional a la autonomía local. Pedimos al Gobierno nacional que retire el proyecto de resolución que, sin coordinación con las autoridades locales ni una participación ciudadana adecuada, pretende declarar como humedal y áreas de especial importancia ambiental zonas estratégicas de la ciudad”, señaló Galán.Esta no es la primera vez que el Gobierno de Gustavo Petro se entromete en proyectos de Bogotá usando las facultades de los ministerios. Por ejemplo, para la ampliación de la avenida Boyacá, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) frenó, en enero de 2024, la aprobación de la licencia ambiental para este proyecto por una supuesta “falta de información” y la “no armonización de los planes de impacto ambiental” presentados ante la autoridad.Y es que, especialmente, el ministerio que estaba liderado por Muhamad se movió hábilmente para obstaculizar los proyectos de expansión de Bogotá hacia el norte y, por ejemplo, frenar la ampliación de la Boyacá con una demanda a la CAR, que presentó ante el Consejo de Estado para anular la licencia ambiental que este proyecto ya tenía.Según Muhamad, la realización de este esquema afectaría “gravemente” la reserva Thomas van der Hammen, generando una “fragmentación irremediable”. Sin embargo, la ampliación de esta avenida hasta la calle 235 no es un capricho del mandatario distrital, sino que forma parte de las obligaciones urbanísticas del plan parcial Lagos de Torca, que está catalogado como uno de los más importantes de América Latina.Ante esa decisión de la nación, el alcalde Galán aseguró en su momento que la única intención del Ejecutivo era entrometerse “en asuntos que deben ser definidos por Bogotá”. “Con esta demanda, el Gobierno está haciendo todo para bloquear la posibilidad de que se avance en una obra estratégica para la movilidad de Bogotá. Haremos todo lo que esté en nuestras manos para hacer respetar la autonomía de Bogotá”.Pero ahí no paran las zancadillas del Gobierno Petro a la capital. La ampliación de la autopista Norte también ha sido todo un tema. Aunque existe un megaproyecto de ampliación desde 2022 denominado Accesos Norte II, que contempla una ampliación de la vía a seis carriles entre las calles 192 y 245 (un tramo de cerca de 5,8 kilómetros) y de la carrera Séptima entre las calles 201 y 245, aún no ha podido avanzar debido a varios problemas relacionados con el trámite de la licencia ambiental, que fue archivada por la Anla en mayo de 2024.“Si se van a invertir billones de pesos en esa ampliación, pues que se inviertan para mejorar el problema y no profundizarlo. No es culpa del sector ambiental que, precisamente, lo que está haciendo es preventivo y no habilitando un proyecto que puede empeorar la situación hacia el futuro; es responsabilidad de todos que empecemos a adecuarnos a una nueva realidad, la del cambio climático y que, de verdad, seriamente, liberemos los espacios del agua”, dijo Muhamad en su momento.Y es que, al parecer, el Gobierno ha encontrado en el Ministerio de Ambiente un bastión clave en su lucha incansable por torpedear los proyectos de la capital que no están en su misma línea e, incluso, los que no representan las mismas ideas que el ahora presidente Petro tuvo cuando fue alcalde de la ciudad.A estos mencionados conflictos también se sumó el archivo de la licencia ambiental por parte de la Anla al Regiotram de Occidente, que fue negada porque los estudios de impacto ambiental no “cumplían los requerimientos y calidad exigidos por la norma”. No obstante, esto se soluciona con la firma del decreto 520, que elimina ese trámite para los proyectos férreos que utilicen energías limpias.Ahora bien, de lo ambiental, el Gobierno Petro pasó a lo financiero y dejó sin recursos a casi todas las obras que cofinancia con el Distrito dentro del presupuesto general.Teniendo en cuenta eso, el proyecto de la primera línea del metro, que ha sido el de más polémicas entre Petro y Galán, dejará de recibir vigencias que ya estaban comprometidas para este año por un monto de 770.309 millones de pesos, según quedó expresado en el decreto 069 del 24 de enero de este año.Y es que el problema entre la nación y el Distrito siempre ha sido el mismo. El Gobierno del presidente Petro siempre toma decisiones sin consultarlas con las autoridades territoriales, así lo ha expresado en repetidas ocasiones el alcalde Galán. “No pueden tomar ninguna decisión de cambiar estos acuerdos de pago sin consultarlo con el Distrito”.Bajo este panorama, las relaciones entre la Casa de Nariño y el Palacio Liévano cada día son más tensas y están enmarcadas por un constante tire y afloje entre las decisiones de la presidencia, que violan la autonomía territorial de Bogotá, y los anuncios del alcalde Galán de emprender acciones jurídicas en contra de ministerios y funcionarios con tal de “salvaguardar la ley y la autonomía de la capital”.Por ahora, solo hay claridad de que el último proyecto de resolución del Ministerio de Ambiente pone sobre las cuerdas proyectos clave para el desarrollo de Bogotá como las líneas 1 y 2 del metro, la ALO, la calle 80 y el intercambiador, el Aeropuerto El Dorado, la avenida Suba-Cota, el cable a La Calera, el Regiotram del Occidente, entre otros.
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