La situación financiera de las distribuidoras de energía es apremiante por cuenta de las deudas que las están agobiando. Las cuentas, según Asocodis, gremio que las agrupa, a 31 de enero, sumaban cerca de 7,4 billones de pesos.En ese momento, la deuda a las distribuidoras y comercializadoras representaba 2,8 billones de pesos en materia de subsidios para los estratos 1, 2 y 3 que no les ha pagado el Gobierno, 3,2 billones por la opción tarifaria –mecanismo con el que se redujeron los precios en pandemia, para pagarlos posteriormente–, 1 billón de deuda oficial y 400.000 millones de precios que deben recuperarse luego de un fuerte incremento en bolsa.En febrero, tras reuniones entre Gobierno y empresas, a instancias de la Contraloría y la Procuraduría, lograron unos acuerdos para pagar un billón de pesos, en plazos desde enero hasta abril.Sin embargo, los subsidios son como un taxímetro. Los cálculos establecen que por cada mes el valor oscila entre 300.000 y 350.000 millones de pesos, de tal manera que la deuda se sigue incrementando, y a abril, a pesar de los pagos del Gobierno, ya subiría a 3 billones de pesos.En medio de esta tensión, tres hechos han evidenciado el complejo panorama, mientras se espera soluciones estructurales que alejen un apagón financiero, el cual podría generar un efecto dominó en todo el sector.El primero, fue la decisión de un juez de embargar las cuentas del Gobierno por las deudas en el pago de los subsidios de los estratos 1, 2 y 3 que tiene con EPM y sus filiales, lo que supera los 1,2 billones de pesos. “Un juez de la República nos da la razón en términos expresamente jurídicos. Esto abre la puerta para que no quiebren las empresas del sector energía en Colombia y así evitar el apagón”, dijo Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, en su cuenta de X. Agregó que con esta decisión se genera un hito alrededor de varias acciones legales contra el Gobierno nacional. “En este caso, en particular, la Justicia ha decidido frente a la demanda que interpusimos por la deuda que tiene con Centrales Eléctricas de Norte de Santander-EPM. También presentamos las demandas por deudas con Afinia y demás filiales de EPM. Asimismo demandamos el no pago de los aportes del Metro de la 80 de la vigencia 2024, como también demandamos el decreto de presupuesto donde se aplaza el pago de 2025”, agregó Gutiérrez.Este hecho generó un enfrentamiento entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde Gutiérrez. El jefe de Estado afirmó que no permitirá el embargo de las cuentas bancarias del Gobierno porque, para él, están “saboteando los recursos”.Además, se conoció que el Ministerio de Minas solicitó una inspección a EPM, a lo que Gutiérrez señaló: “Petro ya se comporta como un dictador. La venganza no tardó mucho. Se quiere tomar a EPM. Convoco a todas las fuerzas vivas de Medellín, Antioquia y Colombia a defender a nuestra empresa ciento por ciento pública. Este puede ser el comienzo del fin”.Tanto el ministro de Hacienda, Diego Guevara, como el de Minas y Energía, Edwin Palma, han señalado que las cuentas son inembargables, lo que anticipa un debate jurídico. Sin embargo, Palma fue más allá. y señaló que el alcalde Gutiérrez está violando normas del gobierno corporativo de EPM, “poniendo discusiones de orden político y amenazando a través de Afinia, que es filial de EPM, con apagón en la Costa Caribe. Ese no puede ser el tono de la conversación”, aseguró Palma, y dijo que la opción tarifaria no es una deuda y que no se logró avanzar en este campo por el hundimiento de la ley de financiamiento.Palma reconoció las dificultades fiscales, pero dijo: “Creo que aquí hay deshonestidad intelectual, porque hace poco el ministro de Hacienda hizo una reunión con todas las comercializadoras y se comprometió en un plan de pagos”, al tiempo que anunció que la próxima semana se pondrán al día en las deudas que tienen con el 93 por ciento de las empresas.La deuda públicaEl segundo factor relevante son las deudas acumuladas por entidades públicas, como alcaldías y gobernaciones, que incumplen el pago del servicio de energía, lo que genera un aumento progresivo de la cartera morosa.Asocodis actualizó las cifras de la deuda de los usuarios oficiales y señaló que el año pasado repuntó más de 200.000 millones de pesos, equivalentes a un incremento del 20 por ciento, llevando el total de esta cifra a 1,2 billones de pesos. El 29,1 por ciento de la cartera morosa corresponde a acueductos regionales, seguido por el servicio de alumbrado público, con 22,6 por ciento, y luego establecimientos de salud, con deudas que pesan el 20,5 por ciento dentro del total.Los diez usuarios oficiales con mayores deudas tienen una cartera de 195.000 millones de pesos, que corresponde al 16 por ciento del total. Encabeza la lista Santander de Quilichao (Cauca), que le debe 51.700 millones de pesos a la Compañía Energética de Occidente, por concepto de alumbrado público. El segundo y tercer lugar lo ocupa el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, de Medellín, que tiene dos carteras con EPM: una por 24.200 millones y la otra por 21.900 millones. En Tumaco, Nariño, Aguas de Tumaco le debe a Cedenar 18.500 millones, mientras que el municipio de Cajicá, Cundinamarca, le adeuda a Enel 17.200 millones. Afinia es la distribuidora más afectada, pues la deuda representa el 38 por ciento del total.De hecho, en Afinia hay cartera vencida que viene desde Electricaribe. Uno de sus casos emblemáticos es el de Ariguaní, en el Magdalena. El año pasado, en agosto, se procedió a suspender el servicio, pero el municipio interpuso una acción de tutela, que le dio seis meses para organizarse y buscar un acuerdo con la empresa. Sin embargo, no ha ocurrido.En esas circunstancias, Afinia procedió a terminar el contrato que, a diferencia de la suspensión del servicio, no permite volverse a conectar tras el pago o un acuerdo de pago. Así, la alcaldía debe buscar otro operador que le provea el servicio. La pregunta que se hace un analista es, con los antecedentes, ¿qué empresa será su proveedor?Hay 34 entidades con serios problemas en su cartera con Afinia, pero, en el corto plazo, unas 14 podrían llegar a este escenario de terminación del contrato.Y el tercer hecho fue el pronunciamiento de la Superintendencia de Servicios Públicos, que solicitó a las generadoras de energía colaborar con Air-e, la otra distribuidora de energía en la Costa Caribe, que está intervenida. Les pide hacer honor al principio de solidaridad, el cual está estipulado en la Ley 142 de 1994, y que es la que regula los servicios públicos.La Superintendencia hizo un llamado a las empresas AES Colombia, Celsia Colombia, Enel Colombia, EPM, Isagen e ISA Intercolombia, a suministrar, a precios costo-eficientes, la energía y la transmisión que requiere Air-e para reemplazar el suministro de alto costo, “hasta tanto la compañía sea estabilizada y pueda desarrollar su objeto social de manera adecuada”.Para algunos, el no pago o que los recursos no cubran los costos de la generación podría afectar la operación, y desencadenar un riesgo sistémico en otros eslabones de la cadena.Este panorama representa un nuevo capítulo en las tensiones del sector, con la posibilidad de nuevos desarrollos en el futuro cercano. Entre ellos, se destaca la discusión de la nueva metodología tarifaria, actualmente abierta a comentarios, y los ajustes al precio de escasez en la bolsa de energía. A esto se suman los persistentes problemas sociales y ambientales que afectan el desarrollo de diversos proyectos. El cortocircuito continúa.
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