Hace 69 años, en 1956, en medio de un estado de conmoción interior, se empezó a gestar lo que hoy es el fondo de pensiones privado más antiguo de Colombia. Surgió de la básica concepción de que, sin pilotos, no hay aviación civil. Y en Colombia, como en el mundo, la aviación civil es un asunto de seguridad nacional, orden público y salubridad pública. El oficio del piloto era tan importante para el Estado que, por tener licencia de aviador, ya eran oficiales de la reserva de la Fuerza Aérea Colombiana.Quedó demostrado que la doctrina era necesaria durante la guerra con el Perú de los años treinta del siglo pasado, en el caos y desorden público de El Bogotazo tras el asesinato de Gaitán en 1948, y en lo que sería la falta de conectividad y dominio territorial sin la aviación, por ausencia del Estado en un país endémicamente centrista y que se olvida de la periferia y sus territorios. La norma ha sido buscar el desarrollo económico y social sin red férrea, sin red fluvial y con una infraestructura vial precaria, accidentada y deteriorada, con una población que vive en zona montañosa.Esa doctrina la recogió la Corte Suprema de Justicia al señalar que el transporte aéreo es un servicio público esencial, y el Gobierno Duque y el exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla con la decisión de querer prestarle cuatrocientos millones de dólares a la más grande y antigua aerolínea de Colombia para que pudiera atender su proceso de reorganización empresarial bajo la protección de la ley de quiebras del Distrito Sur de Nueva York durante la pandemia. Sin empresas de aviación, la doctrina tampoco es viable.Fue la aviación civil colombiana la que trajo las dosis contra el covid-19 para vacunar a los colombianos durante la pandemia.Para promover la aviación civil, se usó el mismo mecanismo que con las fuerzas armadas: se les ofreció a los pilotos poder retirarse al cumplir veinte años de servicio, a cualquier edad y con una prestación equivalente al setenta y cinco por ciento de su sueldo del último año, pero con tope.A diferencia del Estado y las fuerzas armadas, las empresas no contaban con los ingresos que al Estado le generan los impuestos ni con una similar capacidad de endeudamiento. Para no quebrar las empresas, se decidió darles plazos generosos y establecer pagos con cuotas módicas. El Estado se reservó para sí solo la competencia de determinar la cuantía, la forma y el plazo para que se pagarán las obligaciones pensionales a cargo de las empresas. Así, la Caja fue precursora de la figura de fondos de pensiones, que nació con la Ley 100 de 1993.Bajo la dirección, la coordinación y el control del Estado, entre 1956 y el año anterior a la Ley 100 de 1993, se había amortizado apenas el 13,6 por ciento de la deuda. A ese ritmo se requerirían 264,6 años para amortizar en la Caja la deuda de los patronos con sus empleados. La política pública contempló que la Caja privada pagaría las pensiones de los pilotos, y las empresas repondrían a la Caja lo que ella había pagado a nombre de los empleadores. Mientras, las empresas poco a poco irían pagando el resto de la deuda.Con la Ley 100, la Caja pasó a ser un fondo de pensiones privado del régimen de prima media con prestación definida, como es hoy Colpensiones, pero cuyas pensiones se financian con los aportes de las empresas y la generación de rendimientos de esos aportes, bajo el régimen de inversión del ahorro individual. Es decir, la misma figura del fondo de ahorro contributivo a cargo del Banco de la República, que en 2024 fue creado en la nueva ley.En 1993, el Gobierno Gaviria entregó el manejo y administración de la Caja a los pilotos, pero a diferencia de todos los demás fondos de pensiones públicos o privados creados a partir de dicha ley, no le dio a la Caja la potestad legal ni la competencia o facultad de que ella estimara o fijara la deuda de las empresas. El Gobierno determinó que los empleadores, en calidad de deudores con la Caja, calcularían por sí mismos su deuda.Las normas tras la Ley 100 dictaron los plazos y formas para pagar la deuda, reponiendo en la Caja las mesadas pagadas y amortizando su deuda en 11 años. Sin embargo, entre 1994 y 2008 las empresas no amortizaron con sus transferencias ni un solo peso.Lo que pagaron cada año ni siquiera cubrió lo que pagó a nombre de ellas la Caja a los pilotos pensionados.De no haber sido por los rendimientos, como los del año 2000, cuando el portafolio de inversiones rentó 27,6 por ciento real, la Caja se habría quedado sin recursos para seguir pagando pensiones a partir del año 2001. Habría dejado de subsistir.Tras 69 años, la Caja ha subsistido a pesar de todo. Sin embargo, la gran mayoría de empresas de aviación no. Desafiando la teoría de la empresa y del ciclo de vida empresarial, el Estado les dio un plazo tan generoso que las pequeñas y medianas dejaron de existir sin haber pagado su deuda pensional con los pilotos. La gran mayoría de empresas de aviación desaparecieron o dejaron de funcionar entre 1994 y 2008. En general, lo hicieron sin siquiera haber estimado su deuda pensional después de 1993 ni haberla reflejado en sus estados financieros. *Presidente y representante legal de CAXDAC, desde febrero de 2018.