La investigación de la Fiscalía advierte que entre 2019 y 2023, por instrucción de la gerencia de la Nueva EPS, se ordenó no procesar la totalidad de la facturación radicada por las Instituciones Prestadora de Salud (IPS). El objetivo, de acuerdo con la investigación, era ocultar el endeudamiento de la entidad.La Fiscalía logró establecer que las actividades del entonces presidente de la EPS y una lista de funcionarios fueron irregulares con la situación real de la EPS y así mantener engañada a la Superintendencia Nacional de Salud y obtener los permisos o autorizaciones para seguir funcionando como EPS.“Esta situación generó que la información consignada en los estados financieros de la Nueva EPS en ese periodo no fuera real y fidedigna. La omisión en la totalidad de la facturación radicada ante la EPS ocultaba el alto grado de endeudamiento y el verdadero costo que tenía la entidad”, señaló la Fiscalía.Entre los imputados está el expresidente de la Nueva EPS, José Fernando Cardona Uribe; el exvicepresidente Administrativo y Financiero, Juan Carlos Isaza Correa; el exgerente de contabilidad, Édgar Pedraza Castellanos, y el exgerente de Cuentas Médicas, Fabián Antonio Peralta Núñez. Todos vinculados a la investigación.“Entre 2019 y 2023, por instrucción de la gerencia de la Nueva EPS, se ordenó no procesar la totalidad de la facturación radicada por las Instituciones Prestadora de Salud (IPS)... De acuerdo con su posible participación, por los delitos de peculado por apropiación, fraude procesal, falsedad en documento privado y omisión de control en el sector salud”, advirtió la Fiscalía.De acuerdo con la investigación, los exfuncionarios se orquestaron para ocultar la información e incurrir en error a funcionarios de la Superintendencia Nacional de Salud, quienes renovaron la autorización para que la EPS continuara prestando servicios de aseguramiento a sus afiliados.“El presidente de la entidad le indicó, tanto a la asamblea general como a la junta directiva, que la Nueva EPS estaba reportando utilidades, las cuales sometió a autorización para pagar pérdidas de vigencias anteriores por un valor de 70 mil millones de pesos; sin embargo, la realidad de la Nueva EPS era que generaba pérdidas año tras año”, explicaron desde el ente acusador.Aun con los elementos de prueba recaudados y la evidencia presentada en la imputación de cargos que hizo la Fiscalía, ninguno aceptó su responsabilidad en los hechos y la fiscal del caso continuará con el proceso, ahora presentando el escrito de acusación en contra de los exfuncionarios de la Nueva EPS.
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