Como un decreto que apunta a fortalecer el recaudo tributario, pero a costa de afectar muchas actividades económicas, calificó Óscar Darío Pérez, integrante de las comisiones económicas del Congreso de la República, el documento que expuso el Ministerio de Hacienda para comentarios.Se trata de una propuesta de decreto que ajusta varias normas relacionadas con la retención en la fuente, a través de la cual tocan actividades relacionadas con la producción agropecuaria; de minerales como el oro, entre otras.A juicio de Pérez, si bien el artículo 365 del Estatuto Tributario faculta al gobierno para hacer las modificaciones, “es un decreto que modifica las tarifas de retención en la fuente y que lo hace, en algunas actividades económicas, de manera muy gravosa”.Pérez, al igual que ya lo había hecho el gremio Asocoro, puso el ejemplo del oro, que quedaría con una retención de entre 2,5 % o 3,5 % desde un margen de 1,5 %, lo que, a juicio de la agremiación "descapitaliza completamente la operación y genera saldos a favor que no se devuelven oportunamente, si es que se devuelven".A juicio del congresista, con ello se hace casi inviable las actividades a las que le modifican la tarifa. Y no se trata de pocas, pues el proyecto de decreto tiene 33 páginas, e incluye actividades de todo tipo: comercialización del café; la siembra de arroz, de leguminosas. Están las actividades de cría de ganado, las comerciales, las de extracción de minerales, dijo Pérez.Y el efecto a largo plazo Entre tanto, el parlamentario enfatiza también en el alto impacto que tendría la medida sobre el recaudo, pues la retención en la fuente se cobra ahora y luego se descuenta en el momento del pago del impuesto de renta, por lo tanto, estarían dejando la olla raspada para el año entrante. “Es una irresponsabilidad dejar al gobierno del año entrante sin el ingreso completo por el impuesto de renta, sin ninguna posibilidad económica, porque recordemos que la retención en la fuente es un impuesto anticipado”, recordó.El parlamentario agregó que la medida, de convertirse en decreto, “dejará seca la caja por el lado del impuesto de renta”.
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