El Gobierno busca mecanismos para cubrir compromisos como la opción tarifaria o subir el precio del diésel sin tocar a los camioneros. ¿Facturas incobrables?

A finales de marzo, en el evento Colombia Genera, de la Andi, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, lanzó una controvertida propuesta: que los hogares de estratos 4, 5 y 6, junto con los usuarios industriales y comerciales, se hagan cargo de la deuda pendiente por concepto de la opción tarifaria que tienen las empresas distribuidoras y comercializadoras de energía.La opción tarifaria, usada en la pandemia, fue una estrategia que permitió diferir aumentos en tarifas de la luz, acumulando saldos que los usuarios debían pagar posteriormente. La sorpresa del anuncio del ministro se dio porque el Gobierno había dicho que iba a asumir esta deuda, que alcanzó a llegar a 5 billones de pesos, a finales de 2023.La idea de Palma es que esa billonaria deuda la paguen los mencionados sectores en un plazo de entre ocho y diez años. Cabe recordar que, después de que el Gobierno dijo que la iba a asumir, matizó su propuesta señalando que pagaría únicamente lo relacionado con los estratos 1, 2 y 3.Pero esta no es la única propuesta polémica que ha hecho recientemente el Gobierno, en momentos de tensiones fiscales y de un modesto crecimiento de la economía. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, en una rueda de prensa, habló sobre los planes en uno de los temas más espinosos que ha tenido el Gobierno: el incremento en el precio del diésel. Aunque el déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles en materia de gasolina se cerró con los incrementos que hizo el Gobierno, queda pendiente el aumento del diésel, que se calcula en unos 10 billones de pesos.Sin embargo, tocar esa fibra genera tensión con uno de los sectores más poderosos del país: el transportador. A tal punto que el anuncio del Gobierno, en agosto del año pasado, de empezar una senda de incrementos en el precio del diésel provocó una protesta camionera que paralizó el país durante tres días.Ávila planteó que el incremento al precio del diésel no recaería en los transportadores, sino en otras fuentes. Por una parte, hizo una referencia al parque automotor que utiliza este combustible y que llega a 1.350.000 vehículos, de los cuales 360.000 son camionetas, muchas de ellas de lujo, y advirtió que se están ajustando los mecanismos para que no se sigan beneficiando de este subsidio. La idea es implementar una tarifa diferencial en la que, progresivamente, se vaya subiendo el valor del diésel a las camionetas, hasta que se llegue al valor pleno.No obstante, no sería suficiente para cerrar el hueco en el fondo de estabilización. Así que la propuesta se complementa con que el incremento que debería asumir el transporte de carga lo hagan los generadores de la carga.¿Duro de cobrar?¿Qué tan viables son estas iniciativas del Gobierno? Por el lado de la opción tarifaria, para José Camilo Manzur, director ejecutivo de Asocodis, gremio que agrupa a los distribuidores de energía, es una propuesta “inconveniente”. ¿Por qué? “Recordemos que los usuarios de los estratos 5, 6 y comercial ya tienen una sobretasa del 20 por ciento para ayudar a financiar los subsidios. No se les debería afectar más. Aparte, su curso tomaría tiempo porque requeriría un trámite y aprobación en el Congreso”, explicó.Planteó otras alternativas para resolver esta crisis financiera sin afectar a los usuarios, como, por ejemplo, utilizar recursos del Sistema General de Regalías, “que son cuantiosos y que no se están usando”. Y agregó: “La pregunta que nos haríamos, más bien, es: ¿por qué se cambia la promesa que hizo el presidente de que la nación asuma esta deuda, y, en cambio, ahora se proponga su pago por parte de este segmento de usuarios?”.Asimismo, explicó que, a diferencia de los subsidios, cuyos recursos el Gobierno no ha transferido a las empresas y continúan incrementándose mes a mes –la principal preocupación del sector–, el valor de la opción tarifaria ha disminuido. De los 5 billones de pesos registrados a finales de 2023, ahora se encuentra en 3,1 billones.Esto se explica porque cerca del 30 por ciento de las empresas han recuperado, para el sector residencial, los saldos de la opción tarifaria; y, por ejemplo, ya en Bogotá y en Cali los usuarios residenciales la pagaron.En la otra orilla, con la idea de subir el diésel, Nidia Hernández, presidenta ejecutiva de Colfecar, considera que con solo un anuncio es difícil anticipar su viabilidad. Sin embargo, anticipa que los generadores de carga, es decir, quienes contratan a las empresas de transporte, ya enfrentan una situación complicada.“Para que los generadores de la carga asuman nuevos incrementos en el precio del diésel, la única forma de hacerlo es a través del pago de los fletes. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los fletes ya han tenido fuertes incrementos debido a los ajustes en la herramienta Sice-TAC. Además, se suman los incrementos de inicio del año 2025 y la imposición de pagar horas logísticas; todos estos factores sumados han generado alzas por encima del 20 por ciento. Entonces, si hoy en día los generadores se están viendo en graves dificultades para poder pagar los fletes, ¿cómo van a hacer para poder seguir asumiendo más sobrecostos? Cada vez que incremente el precio del diésel, los fletes subirán en cadena”, advirtió Hernández.Ante la propuesta de un precio diferencial para camionetas, la presidenta de Colfecar la ve con preocupación y recordó que una iniciativa similar con los taxistas no se materializó. “Físicamente sería imposible diferenciar el precio del galón que le cobrarían a un vehículo de carga vs. el precio para una camioneta de lujo”.“Dado que el combustible representa el 40,20 por ciento de la canasta de costos del transporte de carga, nuevos incrementos en su precio generarían un aumento generalizado en los fletes que estos sectores no estarían en condiciones de asumir; adicionalmente, otros sectores que vienen con cierta fragilidad, como el comercio y la construcción, también se verían impactados. Todo esto se traduce en mayor presión a la inflación en un momento en el que esta no ha podido ceder”, señaló Hernández, quien aseguró, además, que los acuerdos de septiembre pasado que se surtieron con el Gobierno, tras el paro, avanzan de manera lenta y ve “con preocupación” que se hable de un nuevo aumento en el precio del diésel, cuando en los últimos 15 meses el combustible ha tenido un alza del 16 por ciento, los salarios se han incrementado 22,6 por ciento y los peajes crecieron 30 por ciento. Estos tres ítems equivalen al 70 por ciento de su estructura de costos.Para Alfonso Medrano, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros, es “ilógico” que carguen los incrementos del diésel a los generadores de carga. En su concepto, debe asumirlo quien lo usa. “Lo que hay que hacer es cambiar la fórmula mediante la cual se establece el precio del diésel. Poner la fórmula del precio Colombia, que es quitar el precio de paridad”, aseguró.Por ahora, se espera que las propuestas del Gobierno se decanten, mientras seguirán las dudas sobre si se podrán convertir en realidad.