SEMANA: ¿Cuál es la situación financiera de las empresas distribuidoras y comercializadoras de energía?José Camilo Manzur: La situación es bastante crítica. Cada día es peor, toda vez que las deudas, principalmente de los usuarios oficiales y del Gobierno Nacional, en lugar de bajar, se incrementan. Las empresas registraron deudas por $7,6 billones, al cierre de marzo de 2025, con el agravante de que dicha cifra no incluye el costo por fraudes de energía ni por el no pago de algunos usuarios morosos que también pesan sobre las finanzas de las empresas.De esos $7,6 billones, 60% corresponde a deuda pública del orden nacional y territorial. Para dimensionar la cifra: el monto adeudado representa, en promedio, para las empresas cerca de dos años de ingreso bruto de la actividad de comercialización, y esta situación, sin duda alguna, afecta la viabilidad de este sector. De momento, surge una preocupación adicional: la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) está por decidir una norma que disminuiría entre un 33% y un 45% la remuneración por concepto de la comercialización de energía eléctrica que efectúan las empresas, datos que por cierto la misma CREG ha hecho públicos. De aprobarse esta medida, desde todo punto de vista inconveniente, ahí sí sufriríamos la estocada final para esta actividad, arrastrando consigo a toda la cadena de prestación del servicio.SEMANA: ¿Qué ha pasado con los pagos de los subsidios pendientes y con los pagos que anunció el Gobierno?J.C.M.: A marzo de 2025, las empresas entregaron subsidios a los usuarios por una suma cercana a $2,9 billones, recursos que el Gobierno Nacional no ha reembolsado. En este punto, ya estamos cerca de $3 billones, y los pagos prometidos por el exministro de Hacienda Diego Guevara, a pesar de su buena voluntad, no se cumplieron plenamente. Entre febrero y marzo solo se giró cerca del 50% del monto prometido. Recientemente el Gobierno anunció que está analizando alternativas para saldar lo correspondiente a subsidios, que es la deuda más apremiante y urgente para nosotros. Los gremios hemos presentado diferentes propuestas para ello. Esperamos que esa voluntad manifiesta del Gobierno se materialice muy pronto porque sin empresas saludables financieramente, se pone en riesgo la prestación del servicio para todos los colombianos, situación que lamentablemente ya se ha visto en algunas regiones.SEMANA: ¿Se tienen los recursos para atender los subsidios de este año y de los años siguientes? ¿Se han contemplado dentro de los presupuestos?J.C.M.: En el Presupuesto General de la Nación de 2025 no están apropiados cerca de nueve meses por concepto de subsidios. O sea, así el Gobierno pague la deuda actual, no habría más recursos apropiados para el resto del año. Sobre 2026, apenas inicia el proceso de análisis porque aún no se tiene el detalle de dicho presupuesto, dependerá de las decisiones que tome el Gobierno y de qué iniciativas logra concretar.SEMANA: ¿Este valor es como un taxímetro?J.C.M.: De acuerdo. Y el taxímetro es cercano a los $300.000 millones cada mes.SEMANA: Ante las dificultades fiscales del Gobierno, ¿qué pasaría si no gira los subsidios a las distribuidoras? ¿Subirá el valor que pagan las familias por el servicio?J.C.M.: Si no hay más recursos para subsidios por parte del Gobierno, solo se contaría con lo aportado por los estratos 5 y 6, así como por el sector comercial, pagos que se dan como contribuciones mes a mes. De modo que, en este escenario, los impactos en las facturas, más no en las tarifas, de las familias de estratos 1, 2 y 3 serían significativas. Para las familias del estrato 1, por ejemplo, los aumentos en las facturas, por concepto de consumo de energía, podrían estar cercanos al 140% en donde hay más usuarios vulnerables, caso Chocó.SEMANA: ¿Cuántas familias representan estos subsidios?J.C.M.: Son 13,5 millones de hogares, esto es, alrededor de 40 millones de colombianos. Cabe precisar que los usuarios de estratos 1, 2 y 3, representan cerca del 80% del total en el país.SEMANA: ¿Cómo está la cartera de las entidades públicas frente a las distribuidoras y comercializadoras?J.C.M.: Igualmente crítica e incrementándose, como la de subsidios. La deuda por este concepto ya llegó a $1,2 billones y cerca del 50% de este monto corresponde a deuda de usuarios oficiales en la región Caribe. De los $1,2 billones que deben los usuarios oficiales, 29% corresponde a acueductos, 23% a alumbrado público, 21% a establecimientos educativos y el resto se distribuye entre otras entidades oficiales (estaciones de policía, bomberos, entre otros).SEMANA: Algunas distribuidoras han anunciado cortes de energía a entidades públicas morosas, lo que ha generado tensiones políticas en las regiones, como el caso de Bolívar. ¿Se puede replicar en otras jurisdicciones?J.C.M.: Sin duda alguna este tipo de medidas, que por cierto establece la normativa, se puede replicar en otras regiones. A veces es difícil, sobre todo en el caso de usuarios protegidos constitucionalmente a los que no se les puede cortar su servicio, caso hospitales, entre otros. Sin embargo, vale recordar que todo usuario oficial está obligado, por ley, a apropiar en sus presupuestos los recursos de servicios públicos y a pagarlos oportunamente. No hacerlo, conlleva falta disciplinaria. Por ello, le hemos solicitado a la Procuraduría General de la Nación sancionar ejemplarmente a estos funcionarios, dado que no están cumpliendo con la ley. Hacerlo puede “meter en cintura” a los funcionarios que no estén dando cumplimiento con dicha apropiación y pago, y que, a su vez, terminan afectando a las comunidades. Estas sanciones podrían generar un efecto positivo para que todos paguen.SEMANA: ¿Las distribuidoras podrían terminar con los contratos que tienen con las entidades públicas y que ellas busquen otro distribuidor? Si lo hacen, ante el pasado y la cartera que han generado, ¿otros distribuidores estarían dispuestos a asumir ese riesgo?J.C.M.: Ningún usuario en el país puede ser atendido por otro comercializador si no está a paz y salvo. Para cambiarte de empresa, lo cual es posible, y que te preste el servicio, debes estar a paz y salvo en tus pagos.SEMANA: ¿Se ha materializado lo que usted ha llamado “el apagón financiero” por el no pago en los subsidios y en la cartera? ¿En qué casos? ¿Hay situaciones que estén amenazando con llegar a ese escenario? ¿No pagar, apaga?J.C.M.: Las alertas no han sido solo de Asocodis. También han llegado a través de los gremios del sector, de la Contraloría, de la Procuraduría, de XM, y de ligas de usuarios. Lo más preocupante es que un apagón financiero puede conducir a un apagón físico. Ya se han dado casos, como el de Vichada. Sin duda, no pagar, apaga.SEMANA: ¿Qué ha pasado con la deuda por opción tarifaria? ¿A cuánto asciende hoy y de cuánto venía?J.C.M.: Esta deuda ha venido disminuyendo. De $5 billones que registramos a finales de 2023, hoy estamos en $3,1 billones. De esos $5 billones, $3,5 billones se registraron durante el periodo del Gobierno de Duque y $1,5 billones durante la actual administración.SEMANA: A diferencia de los subsidios, ¿la opción tarifaria se ha reducido?J.C.M.: De acuerdo. Y hoy nuestra principal preocupación en materia de la crisis financiera son las deudas por los subsidios, ya que como lo menciona, la deuda de opción tarifaria ha venido disminuyendo mientras que la de subsidios está incrementándose.SEMANA: ¿Cuántas empresas distribuidoras y comercializadoras han cobrado ya esa opción tarifaria?J.C.M.: Ya en Bogotá y Cali los usuarios residenciales pagaron la opción tarifaria. Cerca del 30% de las empresas han recuperado, para el sector residencial, los saldos de la opción tarifaria. A su vez, hay que tener en cuenta que las empresas tienen diferentes saldos y horizontes en meses para lograr la recuperación de esos recursos, por lo que incide en su impacto y su duración.SEMANA: ¿La propuesta del Gobierno de que los estratos 4, 5 y 6 paguen esa opción tarifaria es viable? ¿Por qué si o por qué no?J.C.M.: Nosotros la vemos inconveniente. Recordemos que los usuarios de los estratos 5, 6 y Comercial ya tienen una sobretasa del 20% para ayudar a financiar los subsidios. No debemos afectar más a los usuarios. Además, su curso tomaría tiempo porque requeriría un trámite y aprobación en el Congreso.SEMANA: ¿En su concepto qué se busca con esta iniciativa?J.C.M.: Creemos que hay otras alternativas para ayudar a resolver esta crisis financiera sin afectar a los usuarios, como, por ejemplo, utilizar recursos del Sistema General de Regalías que son cuantiosos y que no se están usando. La pregunta que nos haríamos más bien es: ¿por qué se cambia la promesa que hizo el Presidente de que la Nación asuma esta deuda, y en cambio ahora se proponga su pago por parte de este segmento de usuarios?
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