La ponencia de la reforma a la salud no tuvo en cuenta los principales puntos del proyecto de ley que había presentado la bancada independiente que perseguía ese mismo fin, un documento que había acogido los reparos de las comunidades médicas y científicas asociadas en la Red de Acuerdos Fundamentales.Un informe de la representante Katherine Miranda llamó la atención sobre cuatro componentes que incluía ese articulado que no fueron tenidos en consideración para la construcción de la ponencia positiva del texto que será discutida por la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.A ese recinto llegaron dos propuestas de reforma a la salud. La primera de ellas fue radicada en agosto y corresponde al proyecto de ley redactado por la bancada independiente del Congreso, que integran congresistas de los partidos Alianza Verde, Dignidad y Nuevo Liberalismo, entre otras colectividades.La segunda es la reforma presentada por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en septiembre ante esa misma corporación. De hecho, el trámite de ambos proyectos tuvo jugadas que despertaron las críticas de los independientes porque su articulado estuvo dos meses engavetado mientras que el del Gobierno fue asignado a la Comisión en cuestión de días.Incluso, el escrito del Ministerio de Salud tuvo convocatoria a mesa técnica y a audiencia pública antes de que el texto de la bancada fuera tenido en cuenta para la construcción de la ponencia, antecedente por el que representantes como la congresista Jennifer Pedraza le reclamaron a los ponentes no hacer una acumulación superficial del texto.Reforma sin transición gradualEl resultado de la acumulación quedó constatado en un proyecto de 526 páginas sobre el que la representante Miranda advierte no hubo voluntad política para tomar en consideración puntos del proyecto independiente, negativa que puede traducirse en afectaciones a los trabajadores del sector y los pacientes.“Excluir estos puntos no es solo una cuestión técnica, sino una decisión política que afecta directamente a la gente. Sin una entidad fuerte y supervisada que maneje los recursos, se abren las puertas a problemas graves como el descontrol en los servicios médicos y una transición desorganizada que puede dejar a las personas sin acceso a atención. La no inclusión de condiciones laborales dignas para todos los trabajadores de salud sigue relegando a miles de profesionales que merecen ser valorados. Estas decisiones tienen consecuencias y hablan de una voluntad política que, al parecer, no prioriza la estabilidad y el bienestar de los colombianos en este tema tan delicado”, alertó la representante de la Alianza Verde.Los independientes habían planteado que las EPS mantuvieran la responsabilidad sobre el manejo de los recursos de la salud como contrapropuesta a la premisa del Gobierno de que estos quedaran únicamente a cargo de la Adres.“La razón es clara: dejar este manejo en manos de la ADRES puede significar más burocracia y corrupción, porque se le dan demasiadas funciones y responsabilidades financieras a una sola entidad. Si las EPS se convierten en meras gestoras, como plantea el Gobierno, perderían el poder de supervisar a las clínicas (IPS) y centros de atención primaria (CAPS) en cuanto a los servicios que cobran. Esto abriría la puerta a servicios innecesarios o incluso cobrados sin prestar”, comentó la representante Miranda.El proyecto de la bancada también proyectaba la creación de una reserva técnica dentro de la Adres para asegurar el dinero con el que esa entidad le pagaría a los actores del sistema, idea que fue rechazada por el Gobierno bajo el argumento de que el Estado no es una aseguradora.Un tercer componente tiene que ver con el artículo que proponía crear mejores condiciones laborales para los trabajadores de la salud a partir de un régimen laboral especial. Y, el cuarto, tenía que ver con la transición gradual al nuevo sistema de salud, que también fue descartado en la ponencia.La reforma a la salud será discutida por la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes en los próximos días.